Los números son impactantes. Las carencias, aún más profundas: ausencia de una alimentación segura, coberturas de salud endebles, servicios básicos insatisfechos y carencias de una vivienda digna. La radiografía social de las grandes ciudades se reflejó en un detallado trabajo realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde revela una realidad irrefutable: los planes sociales aplicados por los gobiernos de Cristina Kirchner o Mauricio Macri no lograron frenar aún los niveles de pobreza extrema en los mayores centros urbanos de la Argentina.
Esas son las conclusiones a las que arribó la entidad en base a un relevamiento de la pobreza titulado «Desarrollo humano e Integración Social en la Argentina urbana 2010-16». Allí se indagó de una manera más fina respecto a las mediciones por ingreso realizadas en el INDEC. En el informe al que accedió Infobae se tomaron variables multidimensionales de medición más amplias.
Detrás de cada cifra y porcentajes relevantes hay familias enteras sin techo, niños con problemas de alimentación o madres sin atención. Así, el estudio de la UCA sostuvo que, según el último relevamiento de 2016, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en el Gran Rosario, el conurbano bonaerense, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, Gran Tucumán y el resto urbano del interior del país con poblaciones superiores a los 80.000 habitantes, el 12,5% de los hogares no tienen alimentación segura, el 18,5% carece de una cobertura de salud, el 23,8% no tiene servicios básicos y el 18,7% no tiene una vivienda digna.
«Los programas de transferencia de ingresos reducen la inseguridad alimentaria y ayudan bastante a que los hogares puedan atender necesidades urgentes de salud. Pero la falta de buenos empleos o trabajos y de políticas orientadas a generar servicios públicos de educación, salud y hábitat de calidad, a los cuales tuvieran acceso los sectores más pobres, hizo que creciera la marginalidad en todos conurbanos de las grandes y medianas ciudades del país», expresó a Infobae Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA.
Las cifras arrojan variables alarmantes de pobreza. Por ejemplo, en sectores sociales muy bajos del conurbano bonaerense, el 55,2% de los hogares carece de servicios básicos como agua potable o cloacas; un 42,2% no tiene cobertura de salud; el 32,5% no posee alimentación segura y un 44,2% no cuenta con una vivienda digna. En el Gran Rosario se mantiene la tendencia: un 38,1% de los hogares pobres no tiene alimentación segura, un 33,8% carece de cobertura de salud, el 28,8% de los hogares no posee servicios básicos y un 38,9% carece de vivienda digna.
En el Gran Córdoba, el 41,4% de los hogares de sectores muy bajos no cuenta con servicios básicos, un 39,5% carece de alimentación segura y un 46,4% no tiene una vivienda digna. En el Gran Mendoza hay un 32,3% de los hogares de muy bajos recursos sin cobertura de salud y un 30,5% carece de vivienda digna. En tanto, los datos del Gran Tucumán sobre la ausencia de servicios básicos en los hogares de sectores muy bajos son alarmantes: el 44,6% de los hogares carece de ello y un 40,8% no tiene cobertura de salud. En la ciudad de Buenos Aires, el 30,8% de los hogares de muy bajos recursos carece de una alimentación segura, un 48% no tiene vivienda digna y el 32,5% no cuenta con atención sanitaria digna. En el resto urbano del interior del país la situación se agrava en lo hogares de muy bajos recursos: el 23,4% no posee una alimentación segura, el 33,1% no regisrea cobertura de salud, el 36,6% de los hogares no tiene servicios básicos y 34% carece de vivienda digna.
Vale la pena preguntarse: ¿Los niveles de pobreza extrema que se reflejan en los hogares carenciados de algunos centros urbanos responden a políticas sociales mal aplicadas por el actual gobierno o por el kirchnerismo?
«Este es un problema que no es nuevo sino que se viene acumulando como parte de la decadencia argentina. Un país en donde el crecimiento ha sido inestable y en donde el Estado -en sus diferentes niveles- no ha estado ni sigue estando a la altura de atender estas necesidades estructurales con inversión en infraestructura social y programas de desarrollo integrales articulados a políticas de desarrollo regional», aclaró Salvia.
Los datos son aún más elocuentes al profundizarse en detalle el estudio. El 35,7% de la población de sectores sociales muy bajos del conurbano bonaerense no tiene una alimentación segura y el 56% tiene servicios básicos insatisfechos.
Cristina Kirchner destacó en la campaña electoral que hoy encara que el problema de la pobreza se agravó con el actual gobierno. Desde el Observatorio Social Salvia se respondió a Infobae que «el gobierno anterior brindo transferencias de ingresos como la AUH u otros programas, o proyectos de infraestructura orientados a sectores populares, pero canalizados de manera discrecional sobre todo en el Conurbano Bonaerense».
«Actualmente se tiene conciencia del problema con los planes de mejoramiento de infraestructura social actualmente en curso (cloacas, red de aguas, transporte, vivienda social, etc.) que comenzaron a desarrollarse este año. Sin embargo, salvo excepciones, estas acciones continúan careciendo de integralidad en sus intervenciones», dijo Salvia.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social expresaron a Infobae que «el gobierno tiene un fuerte compromiso en alcanzar la vara alta de pobreza cero que se impuso Macri y se trabaja en esta dimensión en todos los programas sociales». Sin embargo, allegados a la ministra Carolina Stanley admitieron que «no resulta fácil modificar de un día para otro el entramado de una política social que durante muchos años fue asistencial por programas sociales que generen trabajo genuino». Señalan así municipios como La Matanza, donde les resulta muy difícil coordinar tareas de política social en común.
Desde la UCA, Salvia destaca que «iniciativas como el programa nacional NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades), o el plan de integración urbana para villas y asentamientos que impulsa IdV del GCBA o el ABRE del Gobierno de Santa Fe o el Plan Belgrano, son buenas prácticas pero que todavía no han logrado a escalar a nivel nacional, consolidarse tampoco a nivel local, ni mucho menos formar parte de una estrategia nacional de erradicación de la pobreza estructural que evidencian los indicadores presentados».
Y agregó: «Sin duda, esto no ocurre porque hay falta de decisión o capacidad política para poner estos temas en una agenda federal, multisectorial y multipartidaria, en donde acordar políticas de Estado».
La inseguridad alimentaria es una variable que el Observatorio Social de la UCA revela como permanente en todos los centros urbanos del país. Sin embargo, desde el gobierno nacional sostienen que este año se invirtieron más de 7000 millones de pesos por encima del presupuesto de 2016 destinados a la emergencia alimentaria.
A todo ello se suma la falta de políticas integrales de desarrollo urbano. «No es tan necesario construir viviendas, incluso podría no ser necesario en caso de que los hogares puedan acceder a un terreno o créditos blandos. Pero lo que sí se necesita son políticas de acceso a tierras, créditos, inversión en infraestructura urbana, servicios educativos y sanitarios y planificación del hábitat en los cordones más pobres de las grandes ciudades», aclara Salvia.
Claro que toda la solución del problema no puede llegar de la mano de la Nación. Desde el Observatorio Social de la UCA aclaran que «los gobiernos provinciales y municipales pusieron especial esfuerzo en tratar de responder a estas demandas y son ellos los que tienen una responsabilidad primaria para atender estos temas. Sin embargo, no contaron ni todavía cuentan con los recursos necesarios para abordar y resolver los problemas en su integralidad».
