El juez federal Claudio Bonadio fue ratificado al frente de la causa «Los Sauces», en la que está procesada por lavado de dinero la ex presidente Cristina Kirchner, luego de que la Cámara Federal rechazó una recusación contra el magistrado.
Se trata del primer fallo que Sala I de la Cámara dicta sin la presencia del camarista Eduardo Freiler, quien ayer fue suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura y enviado a juicio político por presunto mal desempeño.
Victor Manzanares, el detenido contador de la familia Kirchner, recusó a Bonadio por presunta arbitrariedad en la detención que ordenó el 17 de julio pasado y porque luego le negó ampliar su declaración indagatoria para hacer referencia a los motivos de la aprehensión.
«No advierto acto alguno por parte del magistrado que evidencie una violación a la garantía de imparcialidad que debe imperar en el proceso penal por parte de los juzgadores», sostuvo el camarista Leopoldo Bruglia en su voto.
En la misma línea se pronunció el juez Jorge Ballestero: «La tacha de arbitrariedad invocada como primer causal objetiva de imparcialidad se desvanece. La comprobación de un comportamiento que, en el contexto en el que se produjo, no puede dejar de ser interpretado como un accionar dirigido a obstruir los fines del proceso».
Los camaristas Bruglia y Ballestero es la segunda vez que fallan en contra de Manzanares. La primera vez fue cuando confirmaron la detención del contador, quien se encuentra en la cárcel federal de Marcos Paz.
Manazanares está detenido porque el juez Bonadio entendió que obstruía la investigación cuando dispuso que los alquileres de las propiedades de la familia Kirchner sean abonados en una cuenta por fuera de la intervención judicial. La defensa del contador sostiene que esos alquileres no estaban intervenidos judicialmente.
En la causa «Los Sauces» están procesados Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López, entre otros.
Los procesamientos deben ser confirmados o revocados por la Cámara Federal. La decisión está en manos de Bruglia y Ballestero.
