La Corte Suprema de Justicia rechazó siete planteos de Lázaro Báez en la causa por «la ruta del dinero K». En ese expediente el empresario patagónico está siendo investigado por lavado de dinero, encubrimiento y asociación ilícita.
El defensor de Báez había planteado una excepción (defensa) de falta de acción por inexistencia del delito de lavado de activos y había cuestionado la validez de la autorización conferida a los peritos tasadores para que realicen la estimación del valor de los bienes embargados del empresario. Además había solicitado que se sometiera a Leonardo Fariña a una pericia psiquiátrica.
Baéz también había pedido que aparten al juez Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan. Todos esos planteos fueron rechazados en todas las instancias recursivas previas por lo que la defensa de Báez interpuso varios recursos extraordinarias ante la Corte Suprema de Justicia que también fueron rechazados lo que motivó que acudiera en queja al máximo tribunal. Estos últimos planteos también fueron denegados.
Los ministros de la Corte consideraron que la presentación hecha por los abogados de Lázaro Báez no había sido dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, requisito de admisibilidad del recurso establecido en el artículo 14 de la ley 48. También invocaron para rechazar los planteos un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dispone que el Máximo Tribunal podrá rechazar el recurso extraordinario «por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia».
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también rechazó dos presentaciones que hicieron los defensores del contador Daniel Pérez Gadin por no estar dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, y por defectos formales ya que una de ellas no fue presentada conforme lo establece una Acordada del Máximo Tribunal.
Pérez Gadin está acusado de haber ocultado y disimulado la fuente real de una suma cercana a los cinco millones cien mil dólares en los últimos meses de 2012, a la firma «SGI S.A». A través de esta maniobra habría intentado darle una apariencia de licitud al dinero, al mismo tiempo que habría buscado evitar la trazabilidad de esos fondos desde su origen -que se presume ilícito- ya que se habrían obtenido mediante la utilización de facturas apócrifas para la firma Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
