Varios funcionarios y algunos legisladores del oficialismo debieron darse, esta semana, a la tarea de revisar en detalle la versión taquigráfica de la larga y tensa presentación de Patricia Bullrich en el Senado por la desaparición de Santiago Maldonado. La frase buscada alude a que el Gobierno «no descarta ninguna hipótesis» en la investigación del caso. No es mucho, apenas un reflejo de la intención de recomponer la imagen inicial dejada por la ministro, que dedicó su mayor énfasis al resguardo de la Gendarmería. Correr a Bullrich del foco principal en este terreno y protegerla, según añaden algunos, para matizar la decisión, es parte del intento oficialista de reposicionarse luego de no advertir de entrada la gravedad del hecho, en términos institucionales, y su impacto político. No es el único dato: también decidió no ahorrar en negociaciones para evitar conflictos en días tan sensibles como los que corren.
«Bullrich sobreactuó su lugar. Está bien que diga que no se puede tirar a la Gendarmería por la ventana, pero debió ser más firme en advertir que se castigaría cualquier actuación fuera de la ley. Pero además, algunos muestran cierta ajenidad con el tema», dice un referente de Cambiemos cuidando los términos. El implícito y antecedente es la falta de reacción frente al cuestionado fallo de la Corte Suprema sobre el beneficio del «dos por uno» a represores, remendado luego por ley. La reacción, tardía, fue después en ascenso.
Un dato: en los últimos siete días, Mauricio Macri mantuvo tres reuniones con su jefe de Gabinete y ministros por este tema, exclusivamente, además de conversaciones informales. El punto, ahora, es no dejar espacio sino dar batalla política ante la ofensiva de buena parte de la oposición, que en el caso del kirchnerismo llega a la acusación directa al Gobierno por la desaparición de Maldonado. En la política de estos días parece no haber límites pero además, se sabe, el vacío no existe y la inacción se parece bastante al vacío.
El equipo que se armó de hecho en esos encuentros convocados por el Presidente incluyó a Bullrich: con mayor o menor énfasis, voceros y fuentes del Gobierno incluyen el respaldo presidencial a la ministro al hablar del caso. Pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió asumir entonces el papel de inicial exponente de un discurso más articulado.
Dijo en una acalorada visita a Diputados que el Gobierno sería duro con «cualquiera que se haya apartado un centímetro de la ley». La exposición del primero en la línea de funcionarios fue seguida además por un mayor lugar asignado al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Todos ellos reportan casi a diario a Macri.
Esos gestos, y el detalle de los textuales de Bullrich en versión taquigráfica, no son detalles en la orgánica del macrismo. Son una señal también puertas adentro del oficialismo, cuyos exponentes más mediáticos, o habitualmente convocados por los medios, sienten que «pisan un poco más en tierra firme», al menos en el plano discursivo, según dejan trascender en el circuito de gobierno.
Como siempre, en casos de tensión política creciente –y de su patética proyección de campaña-, se advirtió además en las cercanías del Presidente la necesidad de evitar un escenario más amplio de conflictividad, cuadro al que algunos agregaron una mirada si se quiere más conspirativa sobre la ofensiva de la oposición más dura, en especial Cristina Fernández de Kirchner, con eje en la Gendarmería para «embarrar», por ejemplo, la lenta investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Como sea, y después de cierto entusiasmo inicial pasadas las elecciones primarias, se abandonó la idea de un Macri potenciado que, según interpretaron algunos, debía reflejarse en todos los terrenos de la política. Dos casos, de distinta naturaleza, comenzaron a ser abordados en función de distender posibles conflictos en el frente social: la relación con las jerarquías sindicales –que ya venía dando señales de bajar el tono de confrontación- y la negociación con las organizaciones sociales de mayor peso y más articuladas.
Las conversaciones con representantes del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie habían entrado en zona de disputa dura por los niveles de ejecución del presupuesto asignado a la Emergencia Social. Hace apenas una semana, un encuentro con esas organizaciones de los ministros Carolina Stanley y Jorge Triaca, junto al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, había terminado entre reproches y amenazas de ollas populares frente a supermercados para pedir «donaciones» de alimentos. «Fue quizás el encuentro más duro», admitían en el Gobierno. Apenas, seis días después, alumbró un entendimiento y no hubo protestas en las calles.
En el medio, la decisión política había anticipado la salida: extremar la negociación y darle una vuelta a las cuentas para desarmar ese horizonte de tormenta. Stanley y Quintana volvieron a encontrarse con los jefes de los movimientos sociales luego de tres días de contactos realmente intensos de segundas líneas. En principio, acordaron los fondos para este año y hablaron además de la proyección para 2018. La aplicación del entendimiento terminará de poner a prueba la solidez de la negociación que, como otras veces, incluyó la participación de la Iglesia.
Triaca, además, tuvo en sus manos las conversaciones para terminar de abrochar un marco de distensión con los jefes sindicales, con quienes volverá a conversar la semana próxima.
El ministro no es el único de puentes fluidos con los referentes gremiales, pero se ha afirmado como principal interlocutor y ya no sólo por su cargo formal: también la señal del Presidente trascendió en la misma dirección.
Las relaciones con los gremios nunca estuvieron clausuradas, pero habían quedado seriamente deterioradas con la marcha cegetista del 22 de agosto. Todo, en un cuadro marcado también por la interna sindical, con un triunvirato de la CGT –Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Héctor Acuña- más acotado, con Hugo Moyano –por variadas razones, incluido el conflicto por OCA- y Luis Barrionuevo en posiciones más duras, y con algunos «gordos» (grandes gremios) e «independientes» (de juego propio, siempre, con el poder político) pasándose facturas por aquella protesta, que exhibió posiciones ambivalentes de esos jefes sindicales.
Los inmediatos recambios de funcionarios en el segundo escalón de Trabajo y en la superintendencia que maneja los fondos de las obras sociales fueron interpretados como una respuesta directa a la marcha cegetista por parte de Macri.
Tuvo ese sentido, en parte, cuando en medios oficialistas se pensaba linealmente en afirmar posiciones para dar señales de mayor fortaleza, nutrida por los resultados de las PASO. Los aires más densos de las últimas semanas, junto con la dinámica de la interna sindical, terminaron por allanar las conversaciones y apaciguar, al menos temporalmente, las aguas. Lo refleja el almanaque: la CGT decidió tratar recién a principios de octubre un plan de lucha por ahora impreciso. Las elecciones, para entonces, estarán a la vuelta de la esquina.
El telón de fondo sigue siendo la desaparición de Santiago Maldonado. Con un agregado: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso otra vez frente a todos el caso de Jorge Julio López, desaparecido en 2006. Atendió un reclamo hecho hace más de tres años y lo trasladó al Estado argentino. Lento, todo muy lento, pero aún así una señal que debería ser asimilada para la política. Un mensaje también para aquellos que creen que habría desaparecidos buenos y malos, según la época.
