El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, quienes ocuparon el cargo de jefe de gabinete de ministros durante los últimos años del kirchnerismo. Los tres ex funcionarios tendrán que dar explicaciones en una causa judicial en la que se investigan irregularidades en el reparto de fondos del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre los años 2013 y 2015.
En la causa se detectó un giro de fondos realizado a través de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable -que dependía de Jefatura de Gabinete- por la suma de 590 millones de pesos para que municipios realizaran diferentes obras relacionadas con el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Se denomina RSU a los residuos originados por los usos residenciales, comerciales e institucionales y por el barrido y demás operaciones de aseo del espacio público. Dentro de esa categoría están además los originados por las industrias y los establecimientos de salud, siempre que no tengan características tóxicas ni peligrosas. No califican como RSU los residuos patogénicos, los peligrosos, los radiactivos ni los derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.
En el expediente, iniciado luego de una auditoría realizada por la gestión macrista del ministerio de Ambiente y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.
En la causa se determinó que la provincia del Chaco -el pago chico de Capitanich- fue la jurisdicción más beneficiada por ese programa. Según fuentes judiciales, las transferencias a municipios de esa provincia alcanzaron los 173 millones de pesos. Chaco -según las fuentes- es una provincia que genera apenas el 0,81% de los RSU a nivel nacional. Buena parte de los proyectos de los municipios chaqueños tiene el mismo objetivo y se les asignó el mismo monto independientemente de los habitantes de cada localidad.
«Los criterios técnicos para otorgar más de $173 millones a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional no fueron suficientemente justificados», había señalado el fiscal federal Carlos Rívolo cuando impulsó la investigación.
Por ejemplo, en la localidad chaqueña de Santa Sylvina primero solicitó dinero para el reciclado de residuos patológicos –que no entraba en el programa– y luego acordó realizar un relleno sanitario, tareas sanitarias y una campaña de concientización por un total de 3,5 millones de pesos pero finalmente con el dinero recibido compró un camión, un tractor y diez contenedores.
En Pampa del Infierno, Chaco, se acordó la construcción de la Planta de RSU, el saneamiento de un basural, la construcción de una celda de disposición de residuos y con los 3,5 millones de pesos recibidos, se compró un camión, un semirremolque. La planta no se construyó y según fuentes judiciales, el basural aún pervive.
La auditoría reveló que no existió «un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos». Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no les enviaron nada. «Solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje (1,8%) de residuos a nivel nacional».
Se detectaron irregularidades en proyectos a los que se les destinó dinero oficial en los municipios de Río Gallegos, Santa Cruz y Quilmes, provincia de Buenos Aires, entre otros tantos. Serán indagados más de cien intendentes.
Además de Abal Medina, Capitanich y Fernández, tendrán que declarar ante Bonadio quienes ocuparon la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante los últimos dos años del kirchnerismo: Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso. También tendrán que declarar ex funcionarios con cargos menores. Las indagatorias que fueron fijadas se desarrollarán durante el mes de octubre.
