Mauricio Macri estrenó su reforzado poder político con la convocatoria a un conjunto de «consensos básicos». Y lo hizo con una presentación valorada positivamente por la mayoría de gobernadores, jefes políticos y representantes sectoriales reunidos en la primera y esperada cita poselectoral, con la ausencia del kirchnerismo duro, que se mantuvo así en el lugar de contracara tan útil al oficialismo en la campaña. Con todo, el llamado presidencial no cierra un capítulo, sino que lo abre: arranca ahora la pulseada por los contenidos de los acuerdos, es decir, por la «letra chica» de los planes oficiales.
La presentación presidencial, muy elaborada, estudiada y con asistencia de teleprónter, causó impacto en el auditorio, entre ajenos y propios. Fue un discurso de fuerte contenido político, quizá el más «sustancioso» desde el inicio de su gestión y más «conceptual» que cualquier intervención de campaña, según se destacó en medios oficialistas. Visto desde la platea peronista, se trató de un conjunto ineludible de propuestas que ahora habrá que ir analizando caso por caso y en detalle.
«Macri viene con el respaldo de las elecciones y además hizo un discurso impecable. No hay margen para salir a enfrentarse sólo para mostrarse opositor», dice una fuente muy cercana al circuito de gobernadores del PJ, pero aclara: «Nadie confía ciegamente de antemano. Hay que ver ahora cada renglón y si nos meten la mano en el bolsillo y nos dejan sin oxígeno, la discusión será otra».
El cuadro más amplio que plantean las provincias, en general, tiene que ver con sus apremios financieros. Es lo que transmiten, de manera preventiva, aún antes de sentarse a negociar con el gobierno nacional. Lo resume así un gobernador peronista antes sus allegados: «Mi principal problema no es la interna ni los planes para 2019. La cuestión es económica y lo único que no podría hacer es dejar que me asfixien financieramente».
Por supuesto, aún desde esa posición inicial, parece claro que la idea de «ceder todos un poco» expuesta por el Presidente no excluye a las provincias. «Tampoco al Estado nacional», dice para equilibrar una fuente peronista. Y esa será la línea de tensión en las negociaciones que vienen y que, en la caso de las conversaciones ya abiertas con los gobernadores del peronismo y del resto de las fuerzas políticas, son el corazón del primero de los tres ejes de los consensos impulsados por Macri.
Se trata de cuestiones vinculadas con la responsabilidad fiscal, los impuestos –más precisamente las zonas de superposición de impuestos- y el déficit, todos puntos vinculados de alguna manera con la persistente y crónica inflación.
La reforma tributaria, la ley de responsabilidad fiscal, la distribución de fondos coparticipables, el Presupuesto nacional –también, la proyección de los presupuestos provinciales- y la idea de modificar Ingresos Brutos –fuente principal de ingresos propios en las provincias- integran un temario, quizá el más denso de las reformas, que sentará en la mesa a gobernadores y gobierno nacional, con proyección necesaria en el Congreso.
Se agrega a esa agenda el componente del reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano: algunos jefes peronistas tienen la expectativa de que ese tema sea resuelto de manera «gradual» –a tono con el concepto y la mecánica más globales del oficialismo-, y al menos en una primera etapa, sin impacto real en las cuentas de las otras provincias.
Para completar, se anota también como rubro sensible y de alto impacto público la iniciativa para modificar el cálculo de actualización de jubilaciones y, más estructural, la intención de revertir o empezar a modificar regímenes considerados de privilegio, por los montos y las edades de aplicación. No se trata esta última de una cuestión exclusivamente nacional: por el contrario, muchos gobernadores se quejan por los sistemas previsionales propios que consideran sino inviables, al menos de muy difícil sostenimiento sin asistencia por afuera del sistema.
Fuentes del Gobierno afirman que el tema de las jubilaciones –incluida su
propuesta de actualización por inflación- será debatido específicamente para acordar un proyecto de ley. Podría ser una referencia para algunas provincias. Y en cualquier caso, requerirá negociaciones políticas para que transite con éxito las cámaras del Congreso.
Por supuesto, las negociaciones con los gobernadores son consideradas vitales por el Gobierno. El Presidente ya fijó una cita formal con ellos para el jueves de la semana próxima. Además, son fluidas las conversaciones con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y también los contactos de funcionarios de algunas provincias con el ministerio de Hacienda. Esto, por supuesto, alimenta al mismo tiempo el intercambio de información
y pulido de posiciones entre jefes provinciales, especialmente del PJ. Otro frente intenso para la etapa que busca abrir el Gobierno es alimentado por la negociación con la primera línea de la CGT. El empleo aparece como segundo eje de consensos y el punteo en este caso no constituye una novedad para nadie: lo viene charlando desde hace meses Jorge Triaca con los referentes cegetistas. El ministro de Trabajo centraliza las conversaciones con los tres secretarios generales, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Y también se mueven en este circuito otros jefes sindicales de trato habitual con el poder político y con legisladores peronistas, entre ellos José Luis Lingeri (aguas), Gerardo Martínez (construcción) y Andrés Rodríguez (estatales).
Las principales conversaciones pasan por un proyecto de blanqueo laboral, con dos puntos básicos en discusión: el alcance temporal del «perdón» y el modo o las escalas de aportes a partir de la formalización de los empleos. Los cálculos más o menos aceptados por todos hablan de más de cuatro millones de trabajadores en negro. Para el Gobierno, una ley como la analizada tendría efecto inmediato sobre un cuarto de ese enorme cuadro de «empleo informal».
Si hay acuerdo con la CGT, la iniciativa debería ir al Congreso. En cambio, descartada la idea de una ley de reforma laboral –según ha ratificado el Gobierno-, la apuesta para «mejorar la competitividad» en algunas ramas de la producción debería expresarse en acuerdos sectoriales, al estilo de entendimientos específicos como los pactados en ramas de petroleros o automotrices.
Para los legisladores, de todos modos, el listado no se agotaría en los renglones que previamente o en paralelo serán tratados con gobernadores o jefes sindicales.
Cuestiones anotadas en el tercer eje de consensos propuesto por Macri aluden a la Justicia y el mejoramiento institucional, con la lucha contra la corrupción en lugar destacado. Leyes como la extinción de dominio, para recuperar parte del patrimonio del Estado esfumado en manejos oscuros, y la responsabilidad penal empresarial esperan su tratamiento en el Congreso. Allí quedó trabada, además, la reforma electoral y tal vez se
debatan reformas judiciales.
No es poco, ni sencillo. Además de enfrentar posibles recortes del presupuesto propio, el Congreso podría recuperar un lugar central como ámbito de negociación y acuerdos políticos.
