El abogado Carlos “Chuzo” González Quintana, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH), confirmó a Cadena 3 la existencia del «testigo E» –en el caso Maldonado– y manifestó que no tenían obligación de entregar su declaración a la Justicia, por considerar que «no había garantías» para su resguardo.
El letrado dijo que “el testimonio se tomó en territorio recuperado, con identidad reservada de la persona que lo brindó y de quien lo tomó, el lugar y la fecha”, según lo “indican los protocolos internacionales”.
“Eso fue subido a la cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es uno de los cinco testimonios que se tomaron sobre los trabajos en el lugar”, contó.
Consultado sobre por qué este testimonio no está en manos del juez ni forma parte de la causa, explicó que “en la toma de testimonios se acordó con la comunidad una serie de visitas al juzgado (para el lunes 23 de septiembre) cuando la causa estaba a cargo del juez Otranto”.
Sin embargo, detalló que “en ese momento se produce la comparecencia de tres testigos mapuches al juzgado de Esquel y es cuando Otranto anticipa una medida de rastrillaje, por lo que se suspenden las audiencias”. “A partir de ahí se viene un movimiento en la causa muy abrupto”, precisó y recordó que “el último rastrillaje (con ese magistrado) se hizo con 400 integrantes de distintas fuerzas de seguridad y con una violencia inusitada”.
Argumentó que no entregaron la declaración del «testigo E» ante la Justicia porque su trabajo era “informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y porque «no había garantías» para el autor del testimonio.
“En el contenido de la testimonial se habla de que el testigo está en condiciones de declarar cuando se aseguren sus garantías”, explicó.
“Tenemos una nefasta experiencia en testigos”, recordó y manifestó que “con estos antecedentes, y con la exposición que hizo el diario Clarín de filtrar información, donde lo ha expuesto, difícilmente podamos tener una persona tranquila”.
“Nunca negamos la existencia del testigo ni el contenido del testimonio”, afirmó.
Finalmente, respecto al comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en la que lo desacreditan como integrante y representación del organismo nacional, González Quintana informó que “él pertenece a la mesa de Córdoba que es autónoma y tiene personalidad jurídica propia”.
“Lo que han querido explicar desde APDH nacional es que no he actuado como representante de APDH nacional”, interpretó.
Sin embargo cuestionó que ahora “hay un embate del Gobierno nacional contra los organismos que han participado hablando de desaparición forzada”.
