Susana Giménez le ganó un reclamo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) conducida por Ricardo Echegaray, que la había acusado de no haber declarado parte de su patrimonio.
Luego de haberle ganado la batalla en la justicia penal en 2014, la conductora logró un fallo favorable en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), que hizo lugar a sus argumentos.
En noviembre del 2011 había hecho un reclamo en vivo en su programa de televisión cuando se instaló el cepo cambiario, de no haber podido comprar dólares. «Tengo mi contrato en blanco, pago los impuestos e hice la prueba y no me dejaron», aseguró apenas empezó el sistema de control para la compra de dólares.
«Si querían que la gente no comprara dólares, ahora comprarán el triple», agregó Susana. Tras los dichos de la conductora, la AFIP no solo dejó trascender el patrimonio de la diva a través de algunos medios, sino que además se embarcó primero en una inspección y luego en una denuncia penal por la presunta omisión de bienes en su declaración jurada para comprar unos terrenos en Uruguay, en donde tiene tiene su casa La Mary.
La AFIP argumentaba que la diva había utilizado fondos no declarados a través de una sociedad (Splungen) constituida en un paraíso fiscal –Singapur– para concretar esa operación inmobiliaria.
En su momento, Susana pudo comprobar que había efectuado un préstamo a esa sociedad que había declarado y que, desde allí, se había efectuado una transferencia al escribano en Uruguay que intervino en la compra de dos terrenos en la zona de Punta del Este.
Ahora, la diva logró otro paso más a su favor en la Justicia. En un fallo de 12 páginas, el Tribunal Fiscal de la Nación desestimó el reclamo de la suma de la causa penal, que era de 2.251.480 pesos, ya que consideró que Susana había podido demostrar el origen de esos fondos.
Si bien la AFIP suele apelar ante la justicia ordinaria casi en forma automática todas las decisiones del TFN que le resultan desfavorables, el organismo que ahora conduce Alberto Abad está evaluando los argumentos del fallo administrativo para ver qué decisión toma.
