La ministra Patricia Bullrich enfrentó con gesto adusto un auditorio de periodistas esta tarde en el edificio de su cartera en la calle Gelly y Obes, acompañada por Pablo Durán, Gastón Pérez Esteban y Mariano Gaido, ministro de Gobierno y ministros de Seguridad de Chubut, Río Negro y Neuquén respectivamente. Rápidamente, Bullrich planteó el tema en agenda: «el movimiento RAM», la Resistencia Ancestral Mapuche, «algo que conocen bien en el Sur», responsable de «una violencia extrema», una organización que «no reconoce los mecanismos del estado de derecho y se ha aislado del pueblo mapuche», estableciendo una diferencia entre lo que el Ministerio de Seguridad considera reivindicaciones indígenas que pueden ser cursadas por el Estado y «la violencia».
Que Bullrich busque consenso entre funcionarios provinciales no es algo nuevo: la ministra -que en el pasado afirmó que a la RAM la financia «una organización inglesa»- ya se había reunido con gobernadores patagónicos a comienzos de este mes para avanzar hacia una definición sobre la problemática de la Resistencia y la postura del Ejecutivo.
Así, Bullrich y los ministros provinciales que la flanqueaban anunciaron la creación de «un comando unificado» para enfrentar el problema de lo que el Gobierno argentino concibe como la RAM, con un informe de 180 páginas sobre la organización.
El documento, al que Infobae accedió en forma completa, representa la primera definición concreta del Poder Ejecutivo sobre la Resistencia Ancestral que estuvo en el foco de la tormenta en los últimos meses tras la muerte de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen en Chubut. Define a la RAM como «un movimiento etnonacionalista violento» parte del Movimiento Mapuche Puel Mapu, que «desde hace ocho años opera en el territorio argentino» y que está «vinculado al corriente de reivindicación indigenista en general» en cuyas organizaciones «la RAM se solapa». Facundo Jones Huala, hoy preso, es «su líder visible». El documento también recopila descripciones, casos y estadísticas criminales: según el Gobierno, la RAM cometió 96 hechos delictivos judicializados desde 2010, divididos en dos homicidios y 94 atentados. El 62% de estos hechos ocurrieron durante este año.
El 71% tuvo lugar en la provincia de Chubut, y un 20% en Río Negro. El 23% corresponde a delitos vinculados a daños, con un 18% de hechos calificados como «incendios». Carátulas como extorsiones, robo de ganado, interrupción de servicios públicos y privación ilegítima de la libertad también son parte de la lista. El informe, por otra parte, habla de delitos cometidos en Capital Federal: el Ministerio de Seguridad de la Nación vincula a los «grupos anarquistas» que protagonizaron disturbios en la Plaza de Mayo en la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado -incidentes investigados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi- como «vinculados al RAM» aunque sin mencionar contactos o comunicaciones específicas entre la Resistencia y estos grupos.
El primer homicidio ocurrió en junio de 2010, una explosión en Cipoletti, Río Negro, que le costó la vida a un barrendero municipal de 65 años. El explosivo, fabricado con una garrafa de diez kilos, fue ubicado junto a un nicho de gas. No se encontraron panfletos en la escena, o ningún tipo de propaganda. Artículos periodísticos de la época en diarios como Clarín aseveraron que ninguna organización se había adjudicado el atentado al comienzo. Poco después, de acuerdo a Página/12, un grupo llamado «Brigada Luciano Arruga» se hizo cargo del hecho a través de una misteriosa proclama en Internet, sin hacer mención a la problemática mapuche.
La segunda muerte a la que alude el informe data de marzo de 2012, investigada según el documento por la Justicia penal de Junín de los Andes. La víctima fue José Aigo, sargento de la Policía de Neuquén, baleado en un control rutero en un paraje. Dos chilenos, Jorge Salazar y Alexis Cortés Torres, fueron señalados como prófugos, ambos presuntamente mapuches. Dos grupos de izquierda revolucionaria con base en el país vecino se adjudicaron el ataque, ninguno de ellos la CAM, la organización mapuche chilena que el Gobierno argentino emparenta con la RAM. Facundo Jones Huala habló en una entrevista con Jorge Lanata sobre la muerte de Aigo, nacido en una familia mapuche, condenando el hecho de que un hombre de sangre mapuche se hiciera policía del Estado argentino. Sin embargo, no se hizo cargo del hecho en nombre de la RAM.
La lista de hechos sigue: incendios a refugios, camiones y compañías mineras, ataques a consulados, el ataque al puestero Evaristo Jones, amenazas a automovilistas, la toma en el Pu Lof Cushamen, el incendio a una concesionaria en Neuquén en noviembre último junto el ataque a un pozo petrolero, daños al Juzgado Federal de Bariloche, entre fotos de panfletos. El hecho número 92 en la lista es particularmente cercano: la toma en el predio de Villa Mascardi, en donde fue baleado Rafael Nahuel, con Prefectura en el centro de las acusaciones. El informe habla de «un grupo radicalizado» con «nueve prófugos» posiblemente armados.
Ahora, ¿la toma en Villa Mascardi corresponde a una acción de la RAM, tal como asegura el informe de la cartera nacional de Seguridad? Infobae le formuló esta pregunta a la ministra Bullrich, que le encargó la respuesta al funcionario rionegrino a su lado. La respuesta fue: «Todavía hay una investigación judicial en curso al respecto». La segunda pregunta se trató de quién puede considerarse parte de la Resistencia: ¿un mapuche con una postura revolucionaria es automáticamente un militante de la RAM? La respuesta, nuevamente, fue imprecisa.
