Desde el kirchnerismo, el diputado Luis Cigogna, titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, sostuvo que la iniciativa no tiene «ánimo xenófobo» ni apunta «a discriminar en contra de extranjeros» sino que busca «reservar un recurso que es estratégico y no renovable para los argentinos».
«Pensamos en la soberanía alimentaria de los argentinos, en nuestro presente y en el futuro de nuestros hijos», enfatizó Cigogna, quien aclaró además que el texto «no invade facultades de las provincias», como había cuestionado la oposición.
La iniciativa fue aprobada por 153 votos a favor y 26 en contra, tras más de 17 horas de debate, y recibió además el apoyo Unión Peronista, la bancada que conduce el diputado Felipe Solá; el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el FAP, el radicalismo y algunos de la CC-ARI.
Al cierre del debate, el titular del bloque de diputados del oficialismo Agustín Rossi, pidió la palabra para reconocer el trabajo realizado por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, como ministro de Agricultura para la elaboración de esta iniciativa.
Se trata de uno de los proyectos que la Presidente pidió que el Congreso aprobara, en el discurso que pronunció el sábado último, al reasumir la jefatura de Estado (ver nota relacionada).
En el marco del debate, la diputada del FpV de Córdoba, Nora Vedano, dijo que con esta norma se busca que la tierra argentina «quede en manos de los argentinos, para que sirva para la productividad y también para la construcción de viviendas».
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, destacó la importancia de sancionar una ley para limitar la extranjerización de tierras, al sostener que se trata de «un primer grano de arena para comenzar a frenar la concentración de la tierra».
Por el FAP, el diputado del GEN, Omar Duclós, sostuvo que se trata de un tema «verdaderamente urgente», al asegurar que «a todos nos preocupa el avance en la extranjerización» y enfatizó que «estamos ante un proceso acentuado y es necesario detenerlo para preservar este recurso estratégico».
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Horacio Piemonte, consideró que se trata de una ley que tiene «un valor fundamental para evitar que la Argentina siga siendo zona de remate», al anticipar el respaldo de ese bloque en general a la iniciativa aunque adelantó que planteará disidencias parciales.
Solá, del bloque Unión Popular, consideró que la norma «es un punto de partida» y destacó la necesidad de avanzar en el texto, al advertir que «la crisis hace que los capitales puedan llegar en un número inusitado y sin que nadie pueda preveerlo» y dijo que «lo que importa es que el objetivo está logrado».
La norma enviada por el Poder Ejecutivo había recibido el martes dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti y de Agricultura, presidida por Luis Basterra.
El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la cámara en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20 al 15% el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.
Además, según el texto –que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos– de ese 15% total no podrá haber más del 30% en manos de «personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad».
La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros «no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales».
El proyecto, en su artículo 11, advierte que se «atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina», vigentes a la entrada en vigor de la ley y que «no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable».
A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros «unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos» o que «tengan más de 10 años de residencia permanente y probada» y establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies que «contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes».
«El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros», enfatizó el texto en los fundamentos.
Fuente: Infobae
