Ya fue una carta que Mauricio Macri jugó en agosto contra los gremios, como advertencia luego de la marcha a Plaza de Mayo que dispuso la CGT. Pero ahora, en la previa al debate de la reforma laboral, vuelve a escena con más fuerza: el Gobierno tiene preparado un decreto para obligar a que se hagan públicos los bienes de los jefes de las obras sociales.
El texto, al que accedió Clarín, prevé la modificación del decreto 576/93, que reglamentó la ley 23.660 y establece los requisitos que deben cumplir quienes dirigen y administran las obras sociales. Apunta, específicamente, al inciso D del artículo 13, que incluye como obligación la presentación de la declaración jurada, “en sobre cerrado y firmado”, ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En la actualidad, esas DDJJ están disponibles pero sólo se abren ante un pedido puntual de la Justicia.
En el oficialismo señalan que detrás de ese oscurantismo se sustenta el enriquecimiento de muchos gremialistas y buscan cambiarlo. Por eso, en ese apartado se aclarará que las autoridades de las obras sociales -la mayoría jefes sindicales- deberán presentar “una declaración jurada patrimonial integral, conforme los términos y oportunidades establecidos en la Ley 25.188 (de Ética en Ejercicio de la Función Pública) y sus modificatorias, garantizando el carácter público, la libre accesibilidad y la consulta por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet”. Es decir, al alcance de cualquier ciudadano.
La iniciativa ya fue remitida por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a Jefatura de Gabinete y ya es evaluada por el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas. Con Marcos Peña de viaje, en Casa Rosada juran que todavía no se tomó ninguna decisión al respecto y que recién se tratará una vez que tanto él como Macri regresen de sus vacaciones. También será consultado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a cargo de las negociaciones con los gremios.
No obstante, meses atrás, en plena tensión con los popes sindicales, Alonso había recibido el visto bueno para estudiar las herramientas legales para avanzar en la difusión de los bienes de las autoridades de las obras sociales. Y también para que los jefes de los gremios estén obligados a presentar sus declaraciones juradas.
Esa iniciativa será incluida en el proyecto de la nueva ley de integridad pública que elabora la Oficina Anticorrupción. Los jefes sindicales rechazaron la iniciativa oficial y algunos hasta hablaron de “un apriete de Macri”.
Alonso confirmó a Clarín la intención del Ejecutivo. “La transparencia del patrimonio y los intereses de los titulares de obras sociales hace al buen gobierno y administración de los aportes de los trabajadores. Hoy los titulares de obras sociales presentan en la SSS una declaración cuyo formato nadie conoce y cuyo contenido es secreto. Esa vieja regulación no se adapta a estos tiempos y es una demanda de la sociedad contar con información sobre el patrimonio e intereses de los que manejan esos fondos en las obras sociales”, justificó.
Más allá de esta intención de publicar en la web las DDJJ, hasta el momento el cambio de nombres que se produjo en agosto en la Superintendencia de Servicios de Salud, con el arribo de Sandro Taricco en reemplazo de Luis Scervino, cercano a la CGT; no redundó en el trazado de medidas para fomentar la transparencia. La SSS no sólo esquivó involucrarse en el texto que confeccionó la OA. También, sugestivamente, escatimó información clave que, a través del expediente electrónico, le pidió el organismo en reiteradas ocasiones.
En uno de los intercambios entre ambas reparticiones, evitó anexar -entre otros datos- los nombres de a quienes se les extendió el certificado de autoridad, que es el reconocimiento formal para dirigir o administrar la obra social.
La Superintendencia también recibe reproches desde el Ministerio de Modernización. Eduardo Martelli, uno de los vices de Andrés Ibarra, todavía no logró que se implemente el expediente electrónico para el sistema de reintegros de las obras sociales.
«Es en uno de los pocos lugares en los que todavía no se pudo implementar», se quejan desde el Gobierno. Los más desconfiados aseguran que no es casualidad.
Ignacio Ortelli/Clarín
