El juez federal Sebastián Ramos determinó que la operación inmobiliaria que vincula a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López «se trata de una maniobra de lavado de activos».
Es por la transacción de un terreno de 3.200 metros cuadrados en Comodoro Rivadavia que comercializaron entre ellos. El juez Ramos llegó a esta determinación luego de recibir gran cantidad de documentación proveniente de Comodoro Rivadavia, ciudad de origen del dueño del Grupo Indalo y donde se encuentra el terreno investigado.
Báez y López –quienes vieron crecer su fortuna durante los tres mandatos kirchneristas– recibieron la noticia al mismo tiempo: ambos están presos en la Cárcel de Ezeiza, en el Pabellón 6 e integran el programa que aloja a detenidos por casos de corrupción.
¿Cómo fue la operación? En Comodoro Rivadavia, de donde es oriundo López, se realizaron sucesivas compraventas «en escasos meses de diferencia con sobrevaloración exorbitante de un inmueble», había denunciado Margarita Stolbizer y confirmó Ramos.
«Se simuló una venta con precios exorbitantes para blanquear fondos, mientras ambos eran contratistas del Estado», señalaron fuentes judiciales.
Se trata de un terreno ganado al mar identificado como «Lote 1 de la manzana 61 A», que cuenta con una superficie de 3.200 metros cuadrados. Este inmueble perteneció inicialmente a Servicio Integral Alem SRL, una firma de Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.
Fue a fines de marzo de 2014, cuando en una reunión de socios, ya que Báez es dueño del 95% de las acciones y Jorge Bringas del 5% restante, firmaron un acta para aprobar un acuerdo con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. A través de dicho convenio, la intendencia le permitió a Báez comprar el lote de una forma particular: el Ejecutivo local cedería el lote a cambio de la realización de la obra de pavimentación de una calle la ciudad chubutense. En total eran dos cuadras cotizadas en más de 850.000 pesos.
El terreno, según corroboró el juez, se entregó a cambio de estos trabajos a una empresa que no se dedicaba a la obra pública «ni tenía los recursos materiales y humanos para realizar la pavimentación de una calle».
Sólo un mes después, en abril de 2014, los dueños de Integral Alem, acuerdan ceder los derechos sobre el inmueble, argumentando que necesitaban fondos para «las actividades de la empresa».
En junio de ese año aparece en la operación López. La firma Inversora M&S SA (investigada por no pagar a la AFIP junto a Oil Combustibles 8.000 millones de pesos), compra el terreno por 1.000.000 de dólares. El pago inicial fue de 600.000 dólares y el saldo a los se pagaba a los seis meses o cuando el municipio entregaba el título de propiedad definitivo.
Así, la empresa de Báez celebró el acuerdo de cesión con una sociedad de López. El boleto se firmó el 11 de junio de 2014 y en él consta que el municipio vendió el inmueble y que como forma de pago, la empresa de Lázaro Báez «ofreció la ejecución de una obra pública y que la misma había sido completamente ejecutada».
Según señala el diario Clarín, el escribano que certificó la operación fue, una vez más, Ricardo Leandro Albornoz que se encuentra procesado con López y Báez por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces.
Comprobada la maniobra, la próxima instancia, según fuentes judiciales, será el llamado a indagatoria de los dos empresarios. Mientras, siguen presos en el mismo penal.
