Hugo Moyano se salió de la vaina.
—A esa señora no le digo hormiguita, le digo cucaracha —atacó el jueves por Crónica TV.
Fue una rapto de violencia verbal contra Graciela Ocaña que lejos de amilanarla parece haberla envalentonado.
De hecho, ayer mismo la legisladora de Cambiemos incorporó en el escrito que presentará ante la Justicia, en una ampliación de su denuncia por desvío de fondos, a dos firmas vinculadas con el camionero.
La primera de ellas es Aristides, el fideicomiso que además de administrar las cuotas sociales y los abonos de plateas de Independiente se ocupa de garantizar que lo recaudado no sea embargado por los distintos juicios que afronta el club.
Esa administradora se creó el 23 de mayo de 2012, dos años antes de la llegada de Moyano a la presidencia de la institución, y tiene su domicilio fiscal en Montes de Oca 102, Avellaneda.
Según pudo saber Infobae, Ocaña expondrá en su denuncia registros de un flujo sospechoso de fondos desde el fideicomiso hacia el gremio de los camioneros y viceversa.
De comprobarse, será un capítulo más de la historia negra de Independiente, generosa en desmanejos y cheques voladores.
La otra firma que la diputada pondrá bajo la lupa judicial es Gestionar. Se trata de una cooperativa de trabajo registrada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (IAES) con la matrícula 50744.
Moyano bendijo este emprendimiento dedicado a la higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires y en el municipio de Avellaneda. La dirección que tiene registrada Gestionar es Venezuela 1823, la misma que Caminos Protegidos, la ART de la mutual de los choferes de camiones.
Para Ocaña, la cooperativa es una pantalla para cubrir negocios irregulares del sindicalista. Dice que aportará las pruebas en Tribunales apenas finalice la feria judicial.
Hay una tercera firma, vinculada a la recolección de residuos, que «La Hormiguita» podría incluir en su escrito. No se trataría de Covelia —la empresa de Ricardo Depresbíteris históricamente adjudicada a Moyano— sino de una competidora directa llamada Transportes Panizza.
Esta compañía brinda servicios a varios municipios bonaerenses y mantiene una buena relación con el gobierno porteño. Tanto, que en el 2010, durante un operativo de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP) de la Ciudad, que derivó en una golpiza sobre un grupo de indigentes, participó uno de sus camiones.
Ocaña tiene una ventaja respecto a otros integrantes de Cambiemos. Difícilmente la oposición pueda ver detrás de sus denuncias el objetivo de quebrar la resistencia de Moyano a la reforma laboral.
La razón es sencilla. Su embestida contra el sindicalista comenzó en 2009, siendo ella ministra de Salud de Cristina Kirchner y él aliado de la ex presidenta. Desde entonces lo tiene en la mira, ya sea por la llamada «mafia de los medicamentos» como por desvío de fondos.
Para la diputada hay numerosas operaciones sospechosas entre la obra social y el entramado de sociedades familiares. «Los aportes de los trabajadores terminan en los bolsillos de Moyano», repite como una letanía delante de su equipo de colaboradores.
No son pocas las firmas que controla el ex jefe de la CGT a través de sus parientes ¿Algunos ejemplos? La gerenciadora Iarai, el taller de ropa de trabajo Dixey, el servicio de logística Chenyi y la constructora Aconra.
Aún así, el camionero se resiste al mote de «sindicalista-empresario» y está decidido a dar batalla. El llamado a una marcha para el próximo 22 de febrero y su reaparición pública en el programa de Chiche Gelblung, para calificar de «cucaracha» a Ocaña, es una muestra de ello.
La legisladora recogió el guante por Twitter y radio pero aseguró que su verdadera respuesta será con la ampliación de la denuncia en Tribunales.
«Moyano podrá adjetivar sobre mi persona, podrá decirme cucaracha, pero la verdad que lo que tiene que hacer es explicarle a la Justicia por qué constituyó una serie de sociedades que están en manos de su esposa y sus hijastras, y por qué ellas tienen una cantidad de bienes que lograron a partir de supuestos servicios al sindicato, la obra social y la mutual de los camioneros», sentenció.
