Cada día, la realidad refleja casos de violencia ejercida sobre los niños, lo que reafirma la existencia de un flagelo social que debe atenderse desde todos los frentes, para mitigar sus drásticas consecuencias.
Desde el ámbito judicial, el actual paradigma desde la sanción de la Reforma de la Constitución de 1994, que incorporó el art. 75 inc. 22 con el que entraron en vigencia los tratados internacionales que se convirtieron en ley y que resultaron un antecedente a la actual modificación del Código Civil y Comercial, produjo modificaciones en materia de Familia que redundan en beneficios de los niños víctimas de maltrato.
El Dr. Sebastián Billaud, juez de Familia de rescató la nueva figura denominada Autonomía Progresiva de los Niños que reivindica el derecho del niño a ser escuchado. “Ahora es tenido en cuenta en toda decisión que se tome que influya en su vida e incluso, puede tener su propio representante legal”, aseguró.
Ante un caso de estas características explicó que en primer lugar se realiza una entrevista con un psicólogo para ver el grado de madurez y de independencia que tiene el niño y después se realiza otra en el Juzgado, con su asesor tutelar y psicólogo del Poder Judicial.
“En todos los casos se intenta crear un ambiente cálido y se informa que es de carácter reservado, que se respeta su intimidad para evitar que reciba presiones por lo expresado. Se labran dos actas. Una, que se agrega al expediente donde consta que el niño ha sido escuchado y la otra, con su testimonio reservado, en una caja de seguridad”.
En relación al uso de cámara Gesell, mencionó que se realiza en caso de niños pequeños y cuando el problema es muy complejo, para que quede grabado y reservado, de ese modo evitar revictimizarlo.
Casos más frecuentes
Sobre los casos mas frecuentes aseguró que cuando hay un conflicto familiar, siempre hay niños víctimas de violencia.
“En todos las cuestiones que se tramitan en Juzgado de Familia si no se realiza un amplio y efectivo abordaje, con intervención de todos los actores como psicólogos, abogados y asistentes sociales, los niños van a ser victimas de violencia ya que es una consecuencia ante conflictos que no se resuelven y se prolongan en el tiempo”.
Los hechos violentos se producen cuando los padres no saben separar al niño del conflicto de los mayores y lo involucran sin darse cuenta. “Así aparecen los niños mensajeros, cuando cumplen un rol de intermediarios. La indiferencia de alguno de los padres es también una forma de maltrato tan grave como la violencia ya que sienten su desprotección, abandono y desinterés”.
Agregó que “el nuevo Código Civil y Comercial ya no habla de tenencia de hijos sino de responsabilidad parental. Los progenitores deben ser responsables en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de sus deberes y evitar caer en conductas manipuladoras”.
El maltrato infantil grave aparece con el abuso psicológico y sexual, “un flagelo diario, en todas las edades, cometido generalmente por alguien cercano cuando se supone que es la persona que debe protegerlo”.
Al respecto consideró que especialmente en los casos de abuso la justicia debe actuar con mayor celeridad, aún más en fuero Penal, para evitar mayor victimización del niño.
Resaltó la función del equipo de asistentes sociales con que cuenta cada juzgado porque “son la presencia del juez en el lugar donde suceden los hechos. Son el primer contacto que tiene el grupo familiar en conflicto con el Juzgado. Es fundamental su relevamiento socio ambiental que proporciona información fidedigna al juez”.
Como mensaje final, el magistrado consideró que el maltrato infantil no es un asunto privado sino que requiere el compromiso de toda la sociedad a trabajar para prevenirla. Para eso se deben fomentar conductas positivas y buenas prácticas, para lo cual los medios de comunicación, las escuelas y las entidades deportivas tienen una función sumamente importante.
Agregó que los maestros, asistentes sociales, personal médico y demás personas que en estrecha proximidad con los niños, deben recibir formación sobre medidas de prevención y protección, entre ellas aprender a detectar el abuso a tiempo y a ofrecer respuestas apropiadas.
“Las escuelas deben ser seguras y acogedoras. Y ha de conseguirse que todos los niños y niñas, sin discriminación, tengan acceso a servicios y centros especializados que proporcionen atención médica apropiada y confidencial y asesoramiento psicológico y seguimiento”.
Finalizó que la problemática, que está contemplada en la Ley Provincial 6915 de Niñez, Adolescencia y Familia y en la Ley Nacional 26.061, debe ser una política pública del estado para que sea incluida en la agenda como prioritaria en todos los organismos pertinentes.
