La señal para abrir -o no trabar- la puerta al tratamiento de la despenalización del aborto fue, podría decirse, una decisión de gobierno despersonalizada. Mauricio Macri resolvió ese camino luego de conversar con su gente más cercana: entre ellos no domina, precisamente, el respaldo íntimo al proyecto, sino más bien al contrario. El propio presidente no es partidario de la iniciativa, aunque tampoco el más refractario. Como sea, darle una chance de debate al Congreso es sin dudas oxigenante para la política y para la sociedad. El cálculo sobre posibles ganancias y costos, en cambio, es al menos incierto.
Macri venía escuchando consideraciones acerca del tema en contacto con los referentes legislativos del PRO y había analizado la cuestión con sus funcionarios más políticos, bastante antes de hacer trascender la posición finalmente fijada por el Gobierno. En ese circuito, por supuesto, gravitaron Marcos Peña y otros integrantes de la jefatura de Gabinete, el ministro Rogelio Frigerio y algunos allegados más.
La conclusión fue que la iniciativa por el aborto legal estaba ya en el vestíbulo del Congreso y contaba además con respaldos en el macrismo y entre los socios de Cambiemos, especialmente en la UCR.
Si faltaba una foto, la concentración de esta semana frente al Congreso volvió a darle dimensión al debate, por lo menos en el terreno público. ¿Podía eludirlo el oficialismo? Tal vez podría haberlo hecho, más allá de otras consideraciones, frente a una realidad que exhibía a otras fuerzas de peso –centralmente, el peronismo- poco dispuestas a incorporar iniciativas sobre aborto legal en el temario. Esa misma realidad, con oportunistas incluidos, mostraba al mismo tiempo criterios variados en casi todos los bloques.
El jueves, la cuestión sobrevoló la cita que se dio el oficialismo para ir delineando la estrategia a desplegar en las sesiones ordinarias que se avecinan. Participaron los jefes parlamentarios de Cambiemos, Peña y varios funcionarios de la jefatura de Gabinete.
Pero la decisión de quitarle la faja de clausurado al debate ya venía madurada y tampoco fue eje de ese encuentro. Es probable que el lunes domine las conversaciones, al menos informales, en una nueva reunión, esta vez con el Presidente.
Libertad de conciencia
¿Fue todo puro cálculo político? La determinación es sin dudas el resultado de la evaluación sobre un tema que no fue impulsado por el Gobierno ni por Cambiemos, más allá de que algunos de sus integrantes se cuentan entre los promotores de la iniciativa. ¿Lectura realista? También, y al mismo tiempo una medida audaz. Pero el oficialismo sería elemental, y hasta temerario, si su decisión estuviera alimentada por el solo objetivo de darle un giro al temario político. Peor aún, si alguna cuenta política diera por cierto una ganancia asegurada.
No bloquear el debate y enfrentarlo en un marco de libertad de conciencia, sin posición orgánica de los bloques de diputados y senadores: así quedó definida la posición política del oficialismo. En líneas generales, esa última también sería la línea de los bloques opositores de mayor peso. Las aguas está divididas en el peronismo de los gobernadores, incluso entre los kirchneristas –muchos, con un fervor en la materia desconocido durante los doce años en el poder- y también en el massismo.
La libertad de conciencia resulta una fórmula de alivio para muchos, pero de ningún modo una garantía sobre el futuro de la iniciativa en las dos cámaras del Congreso. A primer golpe de vista, el horizonte asoma muy difícil para esta iniciativa en el Senado, por aquello de que representa un voto más conservador y atado a los gobernadores, en especial los de provincias más tradicionales. Nada indica, claro, que Diputados sea exactamente la contracara. Con todo, suena prematuro cualquier pronóstico cuando ni siquiera fueron dados los primeros pasos.
Un interrogante inicial es si las legisladoras que motorizan desde hace rato este movimiento parlamentario «transversal» –de Libres del Sur, de origen radical, peronistas-kirchneristas y de izquierda- mantienen o modifican la idea de trabajar para tratar el tema en una sesión especial de Diputados, el 8 de marzo. El primer desafío es reunir las 129 adhesiones necesarias para hacerlo y la mayoría especial para aprobarlo. El problema, el riesgo, es que una derrota en el recinto anularía la posibilidad de insistir con el proyecto durante el resto de este año.
El oficialismo dio señales de que el debate debería transitar todo el recorrido legislativo, es decir, arrancar por las comisiones. Y tampoco la cuestión de los pasos y tiempos legislativos parece saldada entre promotores y acompañantes de la iniciativa. Es otra señal de que la decisión presidencial de no trabar el debate alteró varios presupuestos, y no sólo en el Congreso.
Reacción de la Iglesia
El viernes por la noche, sin demoras, se pronunció la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el obispo Oscar Ojea, de línea directa con el Papa. Naturalmente, ratificó la condena de la Iglesia al aborto, pero utilizó un tono mesurado frente al nuevo panorama: reclamó «escuchar las distintas voces» y hacerlo en un marco de diálogo «sin descalificaciones, violencia y agresión».
La relación de la Iglesia, y del papa Francisco, con Macri registra antecedentes de roces en este terreno. En 2012, fue por la aplicación del protocolo para abortos no punibles en el ámbito de la Ciudad. Tres años antes, se había producido un cruce por la habilitación del primer matrimonio igualitario. Fueron momentos de tensión inocultable con Jorge Bergoglio.
El de ahora en es un capítulo que está por escribirse. Y lo es en una etapa donde el Papa aparece en el centro de otros debates y tensiones locales. Será interesante observar las posiciones personales de quienes se definen como traductores de su pensamiento, o amigos, y al mismo tiempo dicen sostener posiciones de avanzada, progresistas, en el plano político y social.
Tal vez el debate desvista además prejuicios de distinta naturaleza, algunos contradictorios. ¿Las posiciones conservadoras anidan sólo en provincias o franjas del «interior profundo», según la difundida expresión peyorativa? ¿Los sectores urbanos y de clase media acompañan el debate? ¿Los senadores constituirán mayoritariamente el freno a uno varios proyectos relacionados con el aborto? ¿Y los diputados, en líneas generales, la avanzada de la discusión?
Se verá, si efectivamente avanza la discusión en el Congreso. Pero al menos unas pocas cosas parecen claras. Por ejemplo, que sería altamente negativo y oscurecería el debate plantear la cuestión en términos poco elaborados, casi de tribuna. También, que no se discuten posiciones individuales sobre un tema tan sensible –ético, trascendente- en función de las convicciones íntimas para el proceder personal, sino un modo de evitar o amortiguar el grave y trágico cuadro de los abortos ilegales. Y además, en rigor y en primer lugar, que no es poca cosa la sola habilitación del tratamiento legislativo.
Nadie tiene asegurado ningún resultado político –medido como ganancia o costo-, sobre todo en cuanto a la repercusión profunda en la sociedad. De todos modos, la apertura del debate es un dato político mayor. Vale repetirlo: oxigena.
