Cuando este jueves Mauricio Macri concurra al Congreso cumplirá con un mandato constitucional que se repite desde 1853 y que se lleva a cabo en prácticamente todas las repúblicas constitucionales, copiando el modelo estadounidense: al inaugurar el 136º período de sesiones ordinarias, deberá además rendir cuentas del estado de la Nación y recomendar medidas «que juzgue necesarias y convenientes».
Si bien no es la única, sí se trata de la ocasión más importante en la que un mandatario da cuenta del estado de cosas y sus propuestas para modificarlo. Por ello, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) relevó los datos y las propuestas que Mauricio Macri hizo en sus dos primeras intervenciones, y volverá a contrastarlo con el discurso que hará este jueves.
Como explica el documento elaborado por Natalia Aquilino, directora del programa de Monitoreo y Evaluación del CIPPEC, los discursos de Macri ante la Asamblea Legislativa fueron cortos, de alrededor de una hora. Previsiblemente, en 2016, a pocos meses de asumir, su primera apertura de sesiones estuvo dedicado a un diagnóstico sobre las diferentes áreas de gobierno y un repaso de las promesas de campaña, además de proponer una agenda de 22 propuestas de reformas -que incluyeron desde la aprobación de compromisis de la Cumbre de Cambio Climático hasta una reforma política-.
Un año después, cuando concurrió al Congreso, Macri presentó «Los 8 objetivos y las 100 prioridades» de lo que sería su plan de Gobierno: detrás del título atractivo, en realidad se escondían «objetivos» que no tenían metas anuales contra las cuales poder medirlos. Además, el presidente no retomó sistemáticamente sus promesas de campaña ni las 22 propuestas de 2016, pero sumó otras 16 propuestas más.
En su segundo discurso, el presidente sólo reportó avances sobre dos propuestas realizadas en 2016: la ley del arrepentido y la de acceso a la información pública. Cinco propuestas fueron anunciadas nuevamente (una ley del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, acceso universal a Inteernet, la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la Justicia federal y la reforma política), y dejó en el olvido -es decir, no explicó los avances- al 65% de las propuestas realizadas en 2016: el listado de los temas abandonados incluye la aprobación de compromisos de la Cumbre de Cambio Climático, la ley de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los 3 años, la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria, el ingreso universal a la niñez, una respuesta sustentable al reclamo del 82% movil, una ley del decomiso de bienes provenientes del crimen organizado, una ley de compras públicas y desarrollo de proveedores, la regulación de la subrogancia de jueces, las reformas del Consejo de la Magistratura, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la designación de los Jueces de la Corte.
El espejo de los datos
Mientras que en la época en que Juan Bautista Alberdi lo pensó, el informe del presidente tenía como destinatarios principales a los legisladores -y, sobre todo, a las provincias-, en la actualidad los discursos se transmiten en vivo, por lo que son el momento ideal para una rendición de cuentas del presidente ante la ciudadanía. Para ello, el uso de datos es fundamental, además de permitir las comparaciones y el establecimiento de series. Sin embargo, el documento elaborado por el CIPPEC advierte que desde 1994 hasta la fecha, los informes del estado de la Nación «se formulan a medida de la gestión antes que de la Nación» y poco dicen sobre el avance en los temas globales (compromisos internacionales), el programa de gobierno o el plan de desarrollo.
No obstante, más allá de esa carencia, desde 2003 a la fecha se verifica un uso intensivo de indicadores, que en el segundo mandato de Cristina Kirchner llegó a un promedio de 574 por discurso. Lejos de ser una originalidad argentina, se trata más bien una tendencia internacional que responde a una exigencia cultural de una mayor calidad en la redición de cuentas, explicó Aquilino en diálogo con Infobae.
Si por un momento nos limitáramos a los discursos del estado de la Nación (dejando de lado, por ejemplo, los datos que publica el Indec), desde 1994 hasta la fecha no existen series de indicadores de largo plazo, incluso al interior de una misma gestión. De los indicadores más utilizados, Macri sólo mencionó la deuda en relación al PBI en 2016 y la variación de las exportaciones en 2017. Ni una mención, por ejemplo, a la tasa de desempleo, el indicador más repetido por los presidentes.
El uso de indicadores permite evaluar la calidad del plan de Gobierno: se trata del marco o espejo contra el cual se lo debe contrastar, explicó Aquilino a Infobae. «Hay espacio para mejorar la calidad de la información que se presenta en los informes y así fortalecer la rendición de cuentas», añade el informe antes de enumerar una serie de recomendaciones:
– Presentar un informe sobre el estado de la Nación sobre las bases de una planificación nacional integrada y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como recomienda el T20
– Brindar un informe que haga referencia explícita a «Los 8 objetivos y 100 prioridades de gobierno» a partir de la definición estratégica de metas e indicadores para ese plan que sean de acceso y dominio público y permitan observar el estado de avance en cada uno de los aspectos que se aspiran a lograr.
– Orientar el informe hacia una caracterización de los resultados de las políticas públicas antes que a los procesos productivos que realiza el Estado Nacional. Acercar datos robustos enfocados en mostrar los cambios que verifican en las condiciones de vida de la población antes que aquellos que son medios para lograr resultados.
– Fortalecer el uso de datos abiertos de calidad donde predomine la capacidad de verificar las fuentes y cumplan con los principios de la ley de acceso a la información pública: accesibilidad, reusabilidad, no discriminación.
– Dar seguimiento a las reformas de políticas propuestas durante el año anterior para conocer su grado de avance o eventual cambio de rumbo.
