Una asamblea de mineros impidió por más de 15 horas la salida de seis funcionarios de la intervención de la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y un jefe de Gendarmeria, en una protesta para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos.
Los funcionarios y el gendarme fueron liberados, mientras que el interventor de YCRT, Omar Zeidán, denunció una «zona liberada» por la Policía de Santa Cruz, además de responsabilizar por lo ocurrido a la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner.
Zeidán denunció destrozos en dos de las viviendas que ocupan los funcionarios de la minera estatal, aunque finalmente la salida de los funcionarios ocurrió «sin incidentes ya que quedaban pocos manifestantes afuera» de la casa donde estuvieron retenidos, dijeron fuentes oficiales a Télam.
Por su parte, la secretaría de Estado de Seguridad santacruceña indicó que hubo un operativo coordinado con Gendarmería Nacional «a fin de garantizar la integridad física de la conducción de YCRT» reunida en la casa 51 del barrio Margarita de Río Turbio.
La asamblea había sido convocada «en defensa del convenio colectivo de trabajo y la puesta en marcha de la central termoeléctrica», según delegados sindicales.
Todo comenzó el sábado en una de las casas del complejo de YCRT donde viven los funcionarios que trabajan en la empresa, cuando se hacía una reunión de las autoridades para analizar la reforma denominada «Nueva YCRT».
La vivienda fue completamente rodeada por manifestantes que participaban de una asamblea intersindical que se iba a hacer en el Centro Cultural de Río Turbio pero se trasladó al complejo de YCRT, según fuentes oficiales.
Zeidán sostuvo que los mineros mantuvieron «en calidad de rehenes» a seis funcionarios de la empresa, entre ellos el coordinador General Sergio Lumachi, y otros subgerentes, además del jefe del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional, José Luis Arguello, quien había acudido al lugar «para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo».
El interventor de YCRT sostuvo en su comunicado que «personajes de dudosa moral, envalentonados en la impunidad que les brindan políticamente sectores vinculados con el kirchnerismo» entraron a las casas 50 y 51, donde «rompieron todo».
Además «inundaron la casa del interventor mediante una manguera que pasaron por la chimenea escurriendo cientos de litros de agua por varias horas».
«Hago responsable a la gobernadora Alicia Kirchner, porque está incumpliendo el acta acuerdo firmada con el gobierno nacional y la Gendarmería y es evidente que la Policía provincial ha liberado la zona para que actúen delincuentes disfrazados de dirigentes gremiales, que usan la noble causa de los mineros para sembrar el caos y la desolación en la cuenca», subrayó Zeidán.
La provincia, por su parte, aseguró esta mañana que «bajo el dispositivo dispuesto se procedió al desalojo de los miembros de la conducción de YCRT, de los cuales solo dos se dispusieron de salir de la vivienda y el resto prefirieron permanecer en la misma».
«En todo momento, la Policía de la Provincia, junto a la Gendarmería Nacional, garantizó la custodia del lugar y actuaron en permanente comunicación con la jueza Bettina Bustos y el fiscal Luis Tomi», según el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad provincial.
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