La Cámara de Diputados comenzará este martes el debate formal del proyecto de despenalización del aborto, en el contexto de una serie de audiencias a la que concurrirán unos 1.000 expositores -representantes de organizaciones y especialistas- para exponer sobre una iniciativa que divide aguas en todos los bloques.
Las audiencias se extenderán hasta fines de mayo, mientras que la discusión en el recinto podría llegar recién a mediados de junio.
Estos encuentros, que se realizarán todos los martes y jueves entre las 10 y las 18 en la sala C del Anexo de Diputados, podrán ser seguidas desde otras salas del Palacio por asesores y legisladores que no integran esas comisiones.
Las posturas a favor y en contra quedarán planteadas en los plenarios de las comisiones de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO); de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burgos(UCR-Jujuy).
«Lo que buscaremos en esta primera audiencia es que concurran personalidades con representatividad, académicos, especialistas a favor y en contra; y ya a partir de la segunda audiencia convocar por temáticas, es decir juristas, médicos, referentes de diferentes organizaciones y representantes de los diferentes credos», precisó a Télam Lipovetzky, presidente de la comisión que será cabecera de los plenarios.
El diputado macrista, que ya anticipó su postura a favor del proyecto, sostuvo que «dar este primer paso es muy importante porque nunca se debatió este tema de manera institucional en el Congreso, con la decisión firme de llegar al dictamen». Además, consideró que el debate «va a servir mucho para informar y buscar consensos para dictaminar».
Lipovtezky aseguró que Cambiemos «es un espacio muy distinto» al kirchnerismo, al advertir que «podemos tener un Presidente que no está a favor y así y todo apoye el debate, cosa que no pasó en el gobierno anterior, en el que hubo una decisión clara de no debatirlo siquiera».
Así se refirió a la decisión de Mauricio Macri de impulsar el debate, a pesar de haber manifestado su postura «a favor de la vida».
El dictamen de consenso, que podría firmarse en la segunda quincena de mayo, tomaría como base el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que viene presentando la iniciativa desde hace varios años, en tanto que el texto podría ser debatido durante el mes de junio en el recinto de la cámara baja, para pasar luego al Senado, según indicó el diputado del PRO.
La audiencia del martes se realizará en medio de marchas cruzadas convocadas por las organizaciones a favor y en contra de la iniciativa, que se movilizarán al Congreso mientras se desarrolle el plenario.
Por un lado, los sectores que están en contra de la iniciativa -entre ellos la organización Unidad Provida, que nuclea unas 100 organizaciones- convocaron a realizar a las 15.30 un «banderazo» en el Congreso para manifestar su «rotundo rechazo al aborto y demandar políticas en favor de la mujer y del niño por nacer».
En tanto, los referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito comenzarán a concentrarse en el Congreso desde las 9.30, para terminar con un nuevo «pañuelazo» a las 18, bajo la consigna «Ni una muerta ni una presa más por aborto clandestino».
De todas maneras, los promotores del proyecto diseñado por ese colectivo, que es respaldado por 71 legisladores, no cuentan aún con el número suficiente en las respectivas comisiones para imponer su criterio. Hasta ahora existe paridad en tres de esos cuerpos parlamentarios, ya que hay muchos legisladores indecisos.
De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un «embarazo terminado en aborto» y esto ubica al aborto como la principal causa individual de mortalidad materna en nuestro país.
La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, aunque la implementación del derecho garantizado en el Código Penal de la Nación -que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil.
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