La Corte Suprema de Justicia ratificó este miércoles que todos los jueces de la Nación deben contar con acuerdo del Senado para ejercer sus funciones aunque le dio un guiño al Gobierno al convalidar el traslado de dos magistrados a sendos puestos claves en la Justicia y abrirle la puerta para que otros quince pasen al estratégico fuero federal de Comodoro Py.
En los dos primeros casos, se trata de Carlos Mahiques, juez trasladado de la Cámara de Casación penal de la Capital Federal a la Cámara Federal de Casación Penal, y de su colega Leopoldo Bruglia, enviado el año pasado a la estratégica sala I de la Cámara Federal penal porteña desde su puesto natural en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4).
Con la firma de tres de sus cinco ministros (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) y ante sendos pedidos de aclaraciones del Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia, el máximo tribunal ratificó la validez de su acordada 4/18 emitida el mes pasado y en la que inhabilitó a un tribunal trasladado por el Gobierno, respaldado por el Congreso, del fuero penal ordinario al federal y que había resultado sorteado para intervenir en dos de los juicios orales que deberá afrontar en los próximos meses la ex presidenta Cristina Kirchner.
La interpretación que fuentes judiciales hicieron ayer a Claríntras leer la acordada 7/18 de la Corte es que Bruglia podrá permanecer en sus nuevas funciones pero que Mahiques, primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal al asumir a fines de 2015 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tendrá que ser ratificado por el Senado. Esto implica que el gobierno de Mauricio Macri deberá remitir su pliego a la Cámara Alta para obtener la ratificación parlamentaria por mayoría simple.
Pero la decisión de la Corte, según la interpretación realizada en la Casa Rosada, es que queda intacto el plan de transformar en tribunales orales federales a tribunales orales del fuero penal ordinario. Esto implica no sólo habilitar al TOCF9 que había salido sorteado para intervenir en las causas de la ex presidenta -ahora fuera de ellas y asignadas a otros jueces- sino a otros cuatro tribunales, de tres miembros cada uno, que pasarán a engrosar la nómina del controvertido fuero federal con base en Comodoro Py
Eso sí, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte, todos esos nuevos magistrados que ya cuentan con acuerdo del Senado pero para cumplir otras funciones, deberán pasar por el filtro de la Cámara alta para sus nuevas tareas. Entre ellas estará la de juzgar los casos de corrupción.
Históricamente, desde la instauración de los juicios orales en 1994, en Comodro Py funcionaron seis tribunales orales, es decir donde se dicta sentencia y se dice si alguien es inocente o culpable. El macrismo implementó un plan para incrementar esos tribunales ante el estancamiento de las causas y la demora en su juzgamiento. Pero la acordada de la Corte del mes pasado pareció un traspié en esa idea al inhabilitar al TOCF9.
Ahora, luego de los pedidos de aclaraciones por parte del Consejo de la Magistratura y del propio Poder Ejecutivo, amén de negociaciones con el máximo tribunal, el macrismo logró lo que buscaba aunque deberá contar con el acuerdo del peronismo en el Senado, lo que se descarta.
“Se nos retrasó tres meses”, dijo una fuente del Ejecutivo sobre su plan de incorporar nuevos jueces a Comodoro Py, un frente abierto con varias aristas, como la reciente decisión de la Cámara Federal de liberar al empresario K Cristóbal López pese a la multimillonaria deuda que su principal empresa, Oil Combustibles, mantiene con el Fisco.
Con la oposición de Bruglia, esa medida fue adoptada el mes pasado por sus colegas Eduardo Farah, de la sala II, y Jorge Ballestero, apuntado ahora por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió.
Así las cosas, seguramente en el segundo semestre del año, la comisión de Acuerdos del Senado y luego el plenario del cuerpo no sólo deberá estar tratando, debatiendo y eventualmente aprobando el pliego de la candidata a la Procuración General de la Nación, la jueza Inés Weinberg, sino también la de los jueces trasladados de función por el macrismo.
Además de los cinco nuevos tribunales orales federales en Comodoro Py, de tres miembros cada uno, hay otros casos aprobados por la Magistratura a partir de una ley aprobada hace un año y medio en el Congreso. El camino será el pedido de la Magistratura al Ejecutivo y la remisión de éste al Senado de los pliegos.
Fuente: Clarín
