No es el único rubro en el que ofrecemos señales pobres, pero el de las licencias por nacimiento es particularmente vergonzoso: la Argentina ocupa los escalones inferiores de los rankings sobre licencias por maternidad en países de la región y está última en el listado de licencias por «paternidad». El problema es grave en sí mismo y además, porque afecta las posibilidades de acceso de las mujeres al mercado laboral. Pero por ahora, el tratamiento del tema no avanza en el Congreso.
El Gobierno envió hace un mes y medio a la Cámara de Diputados un proyecto bajo el título «Equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo». Aún con déficits, la propuesta abre las puertas a una discusión postergada largamente, a pesar incluso de decenas de proyectos parciales que en muchos casos terminaron perdiendo estado parlamentario, es decir, quedaron en la nada.
La iniciativa fue anunciada por Mauricio Macri, fue aplaudida por el oficialismo y, con más y con menos, avalada por legisladores de otros bloques. Sin embargo, por ahora el trámite legislativo no refleja la expectativa inicial. Como es de rigor, fue girada a comisiones, aunque ninguno de los bloques parece poner energía en el debate.
La discriminación de la mujer en el mercado laboral es, por supuesto, una cuestión compleja y que no se agota en la letra de una ley. En rigor, además de legislación reclama cambios culturales, expresados en mayor compromiso empresarial y mayor atención sindical, entre otros presupuestos. Pero las leyes, es sabido, registran tendencias –muchas veces, expresadas en reclamos- y a la vez pueden promover cambios de conductas sociales.
Expertos en la materia coinciden en que la discriminación y las dificultades en el acceso al trabajo, junto con las trabas invisibles o no tanto para el desarrollo laboral, son un problema igual o quizá más grave que las inequidades en materia salarial.
Los cuadros comparativos basados en datos que expresan tasas de inserción laboral señalan que las mujeres están alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo de los varones, según cálculos aceptados en general entre especialistas en la materia. La brecha salarial es estimada entre el 25 y el 30 por ciento: esa desigualdad registra la ilegal diferencia de sueldos por igual tarea laboral, pero también es fruto de otros factores como los límites en la carga horaria impuestos tradicionalmente a la mujer por su función familiar.
El proyecto asoma pobre al desarrollar el punto de la equidad salarial, aunque por supuesto se trata de un aspecto central que podría ser ampliado teniendo en cuenta la ley de convenciones colectivas de trabajo y la legislación antidiscriminatoria, según señala un legislador que empezó a evaluar la propuesta oficial.
Otra mirada más o menos difundida en este terreno refiere a la limitación de hecho que representa el enorme universo del trabajo informal y precario para mejorar la situación de desigualdades salariales. Y también, en lo que hace a otras cuestiones como las licencias, que aún limitadas como en la actualidad sólo son aplicables en la franja de trabajadores en relación de dependencia. En este punto, una fuente oficialista señala la necesidad de avanzar en paralelo con el proyecto de blanqueo laboral, que arrancaría por el Senado.
En cuanto a las licencias, el texto remitido por el Gobierno es módico en lo que hace a su extensión. No alude a modificaciones para las madres, actualmente con un régimen de 90 días, 8 por debajo de la recomendación de la OIT. Por «paternidad», hasta ahora se contemplan 2 días. El proyecto anota 15 días corridos y suma otros 10 días «en caso de nacimiento o adopción múltiple».
El mayor avance en este último renglón lo hace al superar el concepto tradicional: establece que los plazos mencionados «aplicarán tanto para el trabajador como para la trabajadora que no haya gestado el hijo».
Aunque no está dicho en el texto original, el capítulo de las licencias referidas abre la posibilidad de analizarlas en función de una de las restricciones de mayor peso en la búsqueda de trabajo que sufren las mujeres jóvenes por el sólo hecho de ser madres potenciales.
Se trata de una cuestión que se plantean especialistas en la materia –por ahora sin mucho eco, salvo algunas experiencias locales- y que algunos legisladores contemplan con atención al menos en el terreno de las hipótesis: definir legalmente una cantidad de días de licencia que puedan ser divididos entre los integrantes de la pareja. Ese tipo de licencia parental podría aliviar al menos en parte el problema planteado y generar incluso situaciones de mejor equilibrio doméstico.
Está claro que no es cuestión de imaginar caminos vertiginosos. En todo caso, podría tratarse de una extensión y mejoramiento gradual de las licencias, que según los expertos tienen objetivos múltiples a veces poco considerados: además de asimilar avances y considerar retrocesos en la experiencia internacional, son vitales para el desarrollo infantil y podrían impactar en la legislación con una visión más amplia sobre la equidad de género.
Visto así, el debate sería prometedor. Antes, claro, debería tomar impulso.
