En política, lo mejor suele ser desconfiar de las operaciones que sólo prometen ganancia. Varios gobernadores y senadores del PJ habrían resuelto que llegó la hora de apuntarle directamente a María Eugenia Vidal, principal capital político del oficialismo. Y empezarían por presionar para transferirle el manejo y los costos de los servicios de agua y luz. Pero eso estaría generando inquietud entre intendentes peronistas de la provincia y no por solidaridad con la gobernadora, sino en defensa de sus propios intereses: entrarían en juego los planes de obras públicas.
La idea de trasladar a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires –es decir, a Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta- el manejo de Aysa y de las concesiones de Edenor y Edesur fue esbozada por el salteño Juan Manuel Urtubey incluso ante Mauricio Macri. Y también es promovida por el jefe de los senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto. Dicen que además cuenta con un guiño de otros gobernadores del PJ. Resultado: empezaron a darle forma a un borrador de ley.
La movida aparece en primer lugar como una acción preventiva o de posicionamiento para la pulseada que viene con el Gobierno nacional por la reducción del déficit. En esa visión, «federalizar» el esfuerzo de recorte del gasto reservaría un renglón especial para la provincia de Buenos Aires y para el distrito porteño.
Por supuesto, se advierten otros ingredientes políticos. Se trata de los principales distritos gobernados por el oficialismo y la iniciativa también asoma dirigida a esmerilar semejante capital político, en especial el que representa Vidal.
El caso de la gobernadora es llamativo. Ha perdido puntos en medio de la caída del registro de aprobación del Presidente, pero siempre lo hace a menos ritmo y en menor profundidad.
El grueso de las muchas encuestas que circulan señala que sigue teniendo una imagen positiva superior al 50 por ciento. Y que el diferencial entre buena y mala valoración también es positivo, lo cual la coloca en un lugar de privilegio que comparte, según los sondeos, a lo sumo con una o dos figuras políticas.
La ecuación parece entonces sencilla. Prematura pero cada vez más abierta, la batalla con vistas al 2019 la coloca como blanco «estratégico» para los planes de la oposición, en especial del peronismo. Vista la foto actual –que por supuesto nadie se animaría a considerar inamovible en la película electoral-, se trata de la pieza central en el principal distrito del país. Esto, sin considerar las especulaciones que aluden a ella como reserva para la disputa presidencial, descartadas con énfasis en La Plata.
El núcleo del proyecto que circula entre gobernadores y senadores del PJ apunta a trasladar a la provincia de Buenos Aires la carga del servicio de agua y cloacas, con su impacto presupuestario, y el manejo del sistema eléctrico, con su mochila de subsidios aún vigentes y los potenciales costos políticos de la suba de tarifas. Como en todo ejercicio en la mesa de arena, conviene no imaginar que los otros jugadores son piezas inertes. Esto último comenzaron a encargarse de destacar en el círculo de Vidal: anticipan que la jugada del peronismo nacional terminaría afectando directamente también a los intendentes, en particular a los del PJ en el Gran Buenos Aires.
Algo de eso olfatean los jefes locales del peronismo. Ocurre que, como sucede a escala nacional, el presupuesto bonaerense está muy ajustado y no ofrece demasiado margen para la poda o reasignación de recursos. Buena parte está destinada a salarios y diversos rubros sociales. En menor medida, remite a las obras públicas. Por ese último capítulo podría pasar el recorte, que sería obligado –destacan cerca de Vidal- si tiene que asumir los costos de los servicios referidos, sobre todo el de la luz.
Existen diferencias que insinúan conflictos. En el caso de Aysa, el traspaso a la provincia ofrecería a la gobernación una herramienta finalmente política, además de la responsabilidad de mantenimiento y planificación, y de los posibles costos directos al disponer subas tarifarias. Quedaría en manos del gobierno provincial la decisión absoluta sobre la motorización y localización de las obras de saneamiento y de extensión de las redes de agua corriente.
En cambio, en el caso del servicio eléctrico el impacto presupuestario sería mayor de entrada y en espejo, sería más costoso el camino de eliminación escalonada de los subsidios. Como se ha dicho, el recorte para atender un frente inesperado afectaría en primer lugar las obras de infraestructura.
La historia recién empieza y es un interrogante el final, sometido como estaría el tema a la pulseada más amplia por la reducción del déficit entre el gobierno nacional y los jefes provinciales del PJ. Pero de entrada, algunos intendentes peronistas se habrían sentido sorprendidos por la iniciativa, que además de afectar sus comunas podría fortalecer el discurso de Vidal como principal defensora de los intereses de los bonaerenses.
El punto puede anotarse en la lista de problemas que provoca la desarticulación del sistema de partidos políticos. Los referentes o corrientes internas de cada fuerza actúan muchas veces en función de su mirada sectorial, no de una visión partidaria de conjunto. En este caso, la búsqueda de posiciones de fuerza frente a Macri y la anticipada carrera electoral a nivel nacional no calibraría debidamente la relación de fuerzas en la provincia de Buenos Aires.
Las advertencias que parten de La Plata tampoco se limitarían al PJ. Tal vez sean al mismo tiempo una señal a la interna oficialista, en momentos en que el precio de la negociación de acuerdos con el peronismo puede ser muy alto. Los gestos de combate empiezan a ser más visibles.
Fuente: infobae
