La represión del gobierno de Nicaragua en contra de miles de nicaragüenses que marcharon el miércoles en Managua dejó 15 muertos y 199 heridos, según indicaron la policía y el ministerio de Salud.
El miércoles fue el Día de la Madre en Nicaragua y las madres de los asesinados durante las protestas de abril y mayo organizaron una marcha de protesta por las principales calles de Managua, la cual fue acompañada por decenas de miles de nicaragüenses. La represión de la marcha marcha terminó en incidentes entre entre opositores, policías y grupos afines al gobierno.
«Los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque» que responden al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En tanto, el gobierno aseguró que la violencia fue generada por grupos de oposición «con agendas políticas específicas» que activaron «formatos delictivos para aterrorizar a las Familias», y denunció una «conspiración» que viola la Constitución del país.
Minutos antes del ataque a la marcha, el presidente Daniel Ortega habló en un acto frente a una manifestación de simpatizantes y dijo que estaba comprometido con «retomar el camino de la paz». «Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos», afirmó.
Las manifestaciones se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al Seguro Social que incrementaba lo que debían aportar quienes cotizaban. Sin embargo, tras más de un mes, las protestas se convirtieron en un reclamo continuo para que Ortega deje el poder.
Los principales líderes del sector privado en Nicaragua pidieron recientemente por carta a Ortega que lleve a cabo elecciones anticipadas para resolver semanas de disturbios mortales. El presidente respondió que Nicaragua no es propiedad privada de nadie. «Los dueños de Nicaragua somos todos los nicaragüenses, independientemente del pensamiento político, ideológico o religioso», añadió el gobernante.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un video divulgado el jueves «los asesinatos» y llamó al gobierno de Ortega a «detener la violencia de estos factores represivos».
Washington, en tanto, exigió «una investigación inmediata, por parte de un grupo interdisciplinario independiente de expertos, para investigar las muertes y la violencia en Nicaragua».
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció el jueves que no reanudará el diálogo con el que se busca una salida a la crisis mientras «el pueblo siga siendo reprimido y asesinado» en las calles.
«Hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer (miércoles) por grupos armados afines al gobierno contra la población civil», repudió el CEN, que condenó «enérgicamente todos estos hechos violentos en contra del ejercicio de la libre manifestación pacífica».
Las negociaciones, que se iniciaron el 16 de mayo con la mediación episcopal en un clima de tensión, fueron suspendidas tras apenas cuatro sesiones debido a la falta de una agenda consensuada: mientras los representantes de la sociedad querían discutir un adelanto de las elecciones, el gobierno, que exigía el fin de las protestas, denunció una conspiración para «un golpe de Estado».
Durante los incidentes también resultaron quemadas instalaciones de la emisora oficialista Radio Ya y una cooperativa de crédito rural. La fachada del estadio nacional de béisbol, en tanto, quedó destruida. También fueron atacados el canal opositor 100% Noticias y las plantas de transmisión de la también opositora radio Darío, en la ciudad de León, denunciaron sus propietarios.
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