Como parte del plan de reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Mauricio Macri prepara el anuncio de un ajuste del 25% en la planta de la estructura de cargos jerárquicos de los 86 organismos públicos descentralizados, como el PAMI, la Anses y la AFIP .
En febrero pasado, el Gobierno anunció la disminución del 25% de los cargos jerárquicos en la administración pública nacional (APN), que comprende la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los 20 ministerios. Se redujeron, así, más de 1000 cargos públicos jerarquizados y se ahorraron $1450 millones.
En realidad, fue un gesto simbólico de austeridad, más que un recorte sustancial. El déficit previsto para este año ronda los $351.000 millones (2,7% del PBI). Se eliminaron cargos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores de áreas.
Lo mismo ocurrirá ahora con los organismos públicos descentralizados. En el Estado existen 86 entes, cuyas características principales son que tienen patrimonio propio y autarquía administrativa.
Además del PAMI -la obra social más importante de América Latina-, la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), esos organismos son el Senasa, el INTA, el INTI, el Conicet, Parques Nacionales, los entes nacionales Regulador del Gas (Enargas) y de la Energía (ENRE), el Enacom, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo de las Artes y la Biblioteca Nacional, entre otros.
Se suman más recortes: provincias en la mira
Hace dos semanas se presentó un decreto de reducción de $20.000 millones (0,15% del PBI) en el Estado nacional y hace un mes se había anunciado que no se usaría una partida de $30.000 millones (0,23%) para obras. Pero el Gobierno necesita ir por más. ‘Seguramente habrá anuncios, pero no se sabe la fecha todavía‘, señalaron en la Casa Rosada.
Primero el recorte se hará en la Nación (ministerios y organismos descentralizados), luego en las provincias y finalmente se hurgará en el sector privado para postergar rebajas impositivas anunciadas, lo cual afectará a los contribuyentes.
‘Vamos a mirar muy de cerca a las provincias. Se van a eliminar transferencias de gastos corrientes y de capital [obra pública], tanto en obras nacionales como provinciales‘, dijo una fuente del gabinete económico.
Retiros voluntarios
También se sigue apostando al retiro voluntario del personal. Según reconocieron fuentes oficiales, el plan abarca todos los ministerios.
Un 75% del presupuesto nacional es un gasto rígido, son prestaciones sociales: sueldos, planes sociales y jubilaciones. Las partidas flexibles a la baja representan el 4% del PBI, lo que equivale a $520.000 millones. Así, son básicamente tres los rubros que podrían ser revisados: las transferencias no automáticas a provincias de gastos corrientes, el 0,8% del PBI, unos $104.000 millones; la obra pública de la Nación y las provincias, que son el 1,7% del PBI, de $221.000 millones, y el 1,5% de subsidios a la energía y el transporte, que totalizan $195.000 millones.
Compromiso con el FMI
Según el convenio con el FMI, la Argentina debería presentar a finales de 2019 un pasivo de las cuentas públicas de 1,3%, es decir de $169.000 millones.
Para el año próximo el Gobierno había planeado tener 2,2% del déficit ($286.000 millones). Pero la crisis externa con suba de tasas en Estados Unidos, la crisis cambiaria y la falta de confianza en la capacidad de financiamiento por el elevado déficit fiscal obligaron a dar una señal y el Gobierno pactó una reducción mayor del déficit, hasta llevarlo a 1,3% ($169.000 millones). Para 2020, el objetivo será el equilibrio fiscal.
El descenso de $286.000 millones a $169.000 millones pareciera drástico. Pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, preveía antes del acuerdo con el Fondo sobrecumplir la meta de 2019 y la estimaba en términos reales en 1,9% ($247.000 millones). Por ello, el salto a 1,3% implicará bajar $78.000 millones de gasto, un número significativo, pero no inalcanzable, según los funcionarios.
La Nación
