Ayer se conoció un nuevo caso de una niña embarazada producto de una violación en Salta. Como en el anterior episodio que tuvo repercusión en los medios y que derivó en el fin del cuestionado protocolo provincial para el aborto no punible, el Gobierno local está manejando la información con gran hermetismo. Lo mismo ocurre en el sistema de salud pública.
La nueva víctima tiene 12 años e ingresó acompañada de su madre y su padre al hospital público Materno Infantil durante el fin de semana. Allí se confirmó el embarazo. La familia es oriunda de una localidad del norte provincial y el violador sería un hermanastro de la niña, quien estaría detenido.
Los padres, con potestad sobre la niña, habrían optado por interrumpir el embarazo de su hija, bajo el amparo del protocolo nacional para el aborto no punible, vigente desde hace tres semanas en Salta. Esa guía reemplazó al decreto provincial 1.170 que imponía diversas «barreras» (consideración utilizada por el estatal Observatorio de Violencia Contra las Mujeres) en el proceso por el que una víctima de violación podía acceder a la práctica de un aborto sin ser penalizada, derecho que confirmó la Corte Suprema de Justicia en un fallo dictado hace seis años.
Hasta el cierre de esta edición, El Tribuno intentó infructuosamente conocer a través de distintas fuentes oficiales el estado de salud de la niña y confirmar si accedió a la interrupción del embarazo, pero nadie quiso brindar respuestas.
El 24 de mayo pasado, el gobernador Juan Manuel Urtubey derogó un decreto local que había firmado en 2012, luego de la amplia repercusión mediática que tuvo el caso de una nena de 11 años, quien quedó embarazada por el abuso de su padrastro.
La niña fue atendida en el Materno Infantil cuando cursaba 19 semanas de gestación, siete más del límite que fijaba el protocolo provincial para practicar un aborto.
Ella y su madre, finalmente, decidieron continuar con el embarazo, aunque diversas organizaciones, como el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, sostienen que fueron «influenciadas» por agentes estatales para que no opten por el derecho al aborto no punible.
Bisagra
El caso de la niña de 11 años fue un punto de inflexión en la lucha que iniciaron los movimientos de mujeres de Salta hace seis años, tras la puesta en marcha del derogado decreto 1.170/12.
«Hemos estado atrapadas en una concepción fundamentalista y conservadora. Tuvieron que pasar muchas situaciones dolorosas, que también incluyeron niñas, hasta que se derogó el decreto», dijo a este diario Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
«Para nosotras fueron seis años de batallar en todos los espacios legislativos, universidades y en la Justicia», agregó la dirigente social, quien en 2012, junto a la defensora oficial Civil Natalia Buira, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra el protocolo salteño para poner en marcha el aborto no punible, pero la demanda fue desestimada por la Corte de Justicia de Salta.
Piden informes
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres solicitó al Hospital Público Materno Infantil información sobre el estado de salud de la niña abusada, pero hasta ayer no hubo una respuesta, según dieron a conocer desde el organismo estatal.
En tanto, desde la Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia de la Provincia informaron que intervienen en el caso con asesoramiento jurídico y psicológico por parte de profesionales, aunque no pudieron confirmar si ya se aplicó el procedimiento legal del aborto, establecido en el protocolo nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
Según aclararon, un abogado detalló a los padres los derechos de la niña.
El Tribuno
