Más de un centenar de mails, intercambios de documentos, gestiones y reuniones entre el estudio panameño Mossack Fonseca, un contador uruguayo y los abogados de la familia Macri. Todo sucedió entre abril del 2016 y septiembre del 2017, luego de que se hicieran públicos los Panama Papers y los Macri aparecieran al frente de la firma de Bahamas Fleg Trading.
Esas frenéticas gestiones incluyeron un pedido al contador que intermedió en la apertura de la sociedad desde Uruguay, para que firmara en 2016 un documento antedatado con fecha de 1998, que certificara que había sido Franco Macri quién gestionó por aquellos años la compra de la Fleg Trading, y era su único beneficiario. Pero Santiago Lussich Torrendell se negó por miedo a que una pericia caligráfica ordenada por la Justicia detectara el engaño.
Los detalles de estos intercambios surgen de los nuevos documentos de Panama Papers filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) a más de 100 periodistas miembros de la organización en todo el mundo. De Argentina, tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.
Los archivos incluyen correos electrónicos, listados de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes, desde los días previos a que saliera en los medios Panama Papers hasta fines de 2017, sólo tres meses antes de que el bufete cerrara su oficinas en Panamá y en otros 40 países.
Un expediente incompleto
Los mails muestran la preocupación compartida por completar el expediente de Fleg Trading. Mossack Fonseca no solo buscaba controlar los daños por el escándalo que le hizo estallar por el aire el valor más preciado de su negocio, el secreto. El bufete estaba también urgido para responder a un exhorto de la Justicia argentina, en el que les pedían datos sobre los verdaderos dueños o beneficiarios finales de Fleg Trading, una información que el estudio panameño no tenía en sus registros, pese a lo que exige la norma antilavado a los gestores de sociedades en jurisdicciones offshore.
Por el lado de los abogados de la familia Macri, el objetivo era reunir, contra reloj, los documentos que demostrasen que el Presidente no había sido accionista de esa sociedad y que, por ende, no la había informado en su declaración jurada al asumir como jefe de gobierno porteño en 2007. Los letrados del mandatario, Fabián Rodríguez Simón -un asesor legal todo terreno de Macri- y Felipe Llerena, extremaron sus esfuerzos a nivel local e internacional para reunir los documentos que lo liberaran de las sospechas de omisión maliciosa.
En tanto, el contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell, histórico intermediario de las sociedades de los Macri, temía verse involucrado en la otra causa judicial abierta en el fuero penal en Argentina, en el que ya había sido citado a declarar como testigo el 8 de septiembre de 2016.
Exhorto de la Corte de Bahamas
La primera mención sobre Mauricio Macri en los nuevos documentos filtrados es del 30 de junio del 2016. Su nombre aparecía en un listado de personas involucradas en los Panama Papers, a las que MF busca completarles el procedimiento de diligencia debida para corroborar si eran Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y, en ese caso, renunciar a brindar servicios como agente registrado. Fue una reacción en cadena que el estudio panameño tuvo con todos los casos del escándalo mundial, con el afán de mejorar su imagen y acomodar sus papeles a las exigencias legales.
Pese a estar identificado como presidente de Argentina y PEP, la renuncia de Mossack Fonseca no se concretó. Para ese entonces, Fleg Trading figuraba en sus registros como «morosa» desde 2010, por no pagar su licencia anual desde el año anterior, y su estado en ese momento era «struck off».
Sin embargo, los alertas en el estudio panameño se dispararon cuando el 23 de septiembre de 2016 llegó a su oficina de Bahamas una orden de la Corte de Bahamas en la que se les requería información y los registros de Fleg Trading, para confirmar sus accionistas o beneficiarios finales, y si continuaba activa o cuando había sido dada de baja. Fechada el 28 de julio 2016, la orden judicial respondía a un exhorto diplomático de la Justicia argentina del 24 de abril 2016 librado por el juez en lo Civil Andrés Fraga.
Ante la resistencia de Franco Macri a mostrar los papeles que confirmaran que fue él quien compró la sociedad en 1998, y puso a sus dos hijos como directores sin que tuvieran injerencia en la firma, los abogados del Presidente decidieron hacer una presentación judicial en el fuero civil, el 9 de abril de 2016, solicitando una acción declarativa de certeza.
Fue apenas seis días después de la publicación de Panama Papers, y cuando ya se había abierto una causa judicial en los tribunales de Comodoro Py. A partir de esa decisión, reclamaron una batería de medidas, entre ellas, la del exhorto judicial que motivó la urgencia de Mossack Fonseca por reunir los papeles que no tenía.
En el entorno presidencial admiten que «esa estrategia judicial fue para forzar a Franco a presentar los documentos que mostraban que él era el dueño de la sociedad, y para acelerar la causa penal que llevaba (el juez federal Sebastián) Casanello contra Macri».
Esa requisitoria judicial dejó al descubierto que el estudio panameño no tenía acreditado quién o quiénes eran los beneficiarios finales de Fleg Trading. Comenzó así un intenso intercambio entre las oficinas de Mossack Fonseca en Bahamas, Panamá y Uruguay para tratar de completar la documentación, tal como se lo exige la legislación a los proveedores de empresas offshore.
Ante la necesidad de responder el pedido judicial de Bahamas, la filial uruguaya de Mossack Fonseca se puso en contacto con Lussich. Según los correos internos, este contador les informó que para la adquisición de Fleg Trading en marzo de 1998 «trató con Franco Macri», a quien identificó como el beneficiario final de la firma.
Pero la documentación no constaba en el expediente en poder de Mossack Fonseca. «A pesar que en diversas ocasiones solicitamos al cliente el registro de accionistas, nunca lo envió y esa información no consta en nuestro expediente. Tampoco tenemos información del beneficiario final, responder sin esta información puede traer problemas porque la ley de AML (antilavado) de Bahamas data del 2000», advirtió una agente del estudio panameño.
Tras reunirse con Lussich el 28 de septiembre de 2016 en Montevideo, la responsable de Mossack Fonseca en Uruguay informó a la sede central en Bahamas que «el cliente» (por Lussich Torrendell) había tenido que declarar ante el fiscal argentino Federico Delgado, en la causa penal llevada por el juez federal Casanello. Según su relato, unos meses después de ser abierta el 31 de marzo de 1998, el directorio de Fleg Trading cambió y Mauricio Macri dejó de ser director, pero ese cambio no había sido informado oficialmente al registro comercial de Bahamas.
En esos intercambios, reconocen las implicancias de la situación por tratarse del presidente de Argentina, y el interés de sus abogados en despegarlo de la firma de Bahamas.
«Entiendo que lo que quieren dejar en claro, es que la sociedad la compro su papá, que es quien entiendo sería el UBO, pero cómo está su papá y 2 de sus hijos en la directiva, entre ellos Macri Presidente, es el lío, porque aparte nunca nos entregó copia del acta de cambio de junta directiva y por lo tanto nunca se efectivizó», advertía la agente uruguaya en su reporte a la sede central de MF.
Pedido de carta antedatada
Para poner el expediente de Fleg Trading en regla, el Departamento de de Cumplimiento de Mossack Fonseca Panamá le pidió a Lussich Torrendell que enviara una «carta de su puño y letra fechada desde que son UBOS, los que mencionará», pero con fecha antedatada, «confirmando que cuando compró la sociedad fue a pedido de Franco Macri, el dueño de la sociedad».
El contador y gestor de las sociedad de los Macri en Uruguay se negó por temor a que una pericia caligráfica revelara que su firma era actual. Así lo informó la gerente de la filial uruguaya de Mossack Fonseca: «Le comenté sobre la necesidad de recibir la carta de puño y letra como me dijeron con la información del UBO (benficiario final, en inglés) desde la fecha que era UBO. Esa fecha es desde la fecha en que compró la sociedad, y eso fue lo que declaró en la Argentina frente al juzgado, pero le pareció mucho riesgo el presentarnos una carta de puño y letra cuando esa prueba podría ser refutada por un perito caligráfico fácilmente ya que de la fecha de la compra a ahora es mucho tiempo».
Ante la demora de Lussich Torrendell en cumplir con el pedido y el inminente vencimiento del plazo impuesto por la autoridad de Bahamas, la asesora legal de Mossack Fonseca le insistió a la gerente general de Uruguay: «Nos tiene que decir quien es el BO o de lo contrario, declararemos que son los directores. Y no de oído; hazlo firmar un documento con su puño y letra y dile que será entregado como parte de la solicitud. Que le dé miedo mentir».
Finalmente, tras un acalorado intercambio de mails, en Mossack aceptaron que el contador envíe una carta «con fecha actual». El texto llegó desde Montevideo en forma de telegrama, fechado el 4 de octubre de 2016. Su texto decía escuetamente: «Por la presente le comunico que la sociedad Fleg Trading Ltd, sociedad de Bahamas, adquirida a vuestro estudio en el 1998 lo fue a pedido del señor Francisco (Franco) Macri».
Para el bufete panameño no fue «ideal», pero igualmente la aceptaron para poder suplir la documentación que no tenían. Este documento resultó ser clave en el exhorto en respuesta a la Justicia argentina.
Apuro en Argentina
El bufete panameño no era el único apurado en esos meses del 2016. También lo estaban los abogados de Macri por la apertura de la causa en el fuero penal por presunto lavado de activos y omisión maliciosa en su declaración jurada, a partir de una denuncia del diputado kirchnerista Darío Martínez.
Para acelerar los tiempos, uno de los abogados de Macri se ofreció a viajar a Panamá, según contó Lussich en un encuentro con la gerente de Mossack Fonseca en Uruguay. «En el caso del civil, el abogado de los Macri le pidió al Cr. Lussich ver la posibilidad de dar la mayor y completa respuesta posible de manera de que no se tenga que seguir con el proceso por falta de alguna información y estirar el proceso con las idas y venidas de más exhortos. Por esto mismo, es que pidió que por favor le informen con quien debería hablarlo, ya que está dispuesto a viajar a Panamá o a Bahamas, donde le indiquen, para poder resolverlo como corresponde», informó la ejecutiva del estudio panameño.
Finalmente, el 12 de octubre de 2016, con la firma de Laura Ramsay, Mossack Fonseca Bahamas respondió el pedido al Procurador General de Bahamas. «Conforme a la información provista por el cliente (el intermediario) en el expediente de la sociedad,no nos consta de que Mauricio Macri haya sido accionista o beneficiario final de la sociedad. (…)Tampoco nos consta que la sociedad tuviera cuentas bancarias en su nombre», informó.En cuanto al pago de la anualidades de la sociedad, el bufete informó que dejó de abonarlas «sin brindarnos motivo alguno», que la «última cuota abonada fue la del 2007″ y que fue dada de baja en diciembre del 2008».
Junto con la carta, adjuntaron los documentos corporativos de Fleg Trading que reunieron.
Según los certificados a los que tuvo acceso el equipo argentino, al momento de su constitución, Macri, su hermano Mariano y su padre figuraban como directores. No hay una evidencia posterior del cambio de directorio formalizado por el intermediario uruguayo e inscripto en el Registro de Panamá.
Y el certificado de accionistas -un documento central en la incorporación de toda sociedad- de la empresa está vacío. Ese trámite nunca se había completado.
Los papeles de Franco
Consultados por el equipo argentino de Panama Papers, «desde Socma reafirmaron que el único dueño de Fleg Trading fue Franco Macri, quien así lo declaró ante la AFIP desde 1998 en adelante». Para confirmarlo, entregaron copias de sus declaraciones juradas desde ese año hasta 2005 inclusive, como así también de los papeles de trabajo de su contador, con fecha certificada, en las que constan que Franco declaró como propia el 100% de la sociedad offshore, por un valor de US$ 1950 dentro del rubro «Total Bienes del Exterior».
Estas declaraciones tributarias fueron presentadas en la causa civil a fines de abril de 2016.
El único documento en el que consta la renuncia como directores de Mauricio Macri, su padre y su hermano a Fleg Trading el 15 de octubre de 1998, fue aportado al expediente judicial en Argentina, por la defensa del Presidente. Firmado por ellos, además de renunciar, designaron para cubrir las vacantes como director y presidente a Roberto Maffioli, como director y vicepresidente a Miguel A. Sosa, y como director y tesorero a Concepción Lioi, todos ejecutivos de Socma, la empresa madre del Grupo Macri.
Los letrados del primer mandatario también presentaron en el expediente una serie de mails de octubre de 1998 entre Mossack Fonseca y Lussich Torrendell, en los se refieren a la inscripción del cambio de directorio que iban a hacer de Fleg Trading, un trámite que nunca terminó de concretarse por lo que formalmente no quedó inscripto en el Registro de Bahamas.
Un acta del Directorio de la empresa del 22 de noviembre del 2002 se refiere a Maffioli como director y presidente, así como un poder del 13 de diciembre de ese año otorgado por él para realizar negocios en Brasil en nombre de la firma.
El archivo de Fleg Trading enviado por Mossack Fonseca incluye un trámite de reactivación de la firma en 2004, mediante el pago de la anualidades atrasadas, y un certificado de que Fleg Trading no tuvo actividad, y que no tenía pasivos ni activos.
En base a esta documentación que la Justicia de Bahamas envió a la Argentina, el juez Andrés Fraga dictaminó el 21 de septiembre del año pasado que Macri «no fue socio ni accionista» y que «no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias» de la firma offshore Fleg Trading. Según Fraga, el Presidente «sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco (Franco) Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar».
Toda la prueba aportada y conseguida con su impulso en el expediente civil fue luego presentada en el fuero federal por el abogado de la causa penal contra Macri, Ricardo Rosental, logrando acelerar la definición de Casanello que exculpó a Macri. En abril del 2017, este juez federal descartó la hipótesis de lavado de activos, y envió una parte del expediente al fuero Penal Económico para que investigue si hubo evasión impositiva. La otra parte fue al Juzgado Criminal Nro. 20, para determinar si Macri había incurrido en omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La decisión de Casanello fue ratificada por la Cámara Federal a principios de agosto del año pasado.
La causa en el fuero Penal Económico sigue abierta en el Juzgado de Diego Amarante y la investigación está delegada en la fiscal Gabriela Ruiz Morales.
El equipo argentino de Panama Papers está integrado Mariel Fitz Patrick (Infobae), Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación), Emilia Delfino y Sandra Crucianelli (Perfil).
