Préstamos para obra pública, la promesa de un nuevo reparto impositivo con un proyecto de coparticipación, control compartido del déficit y un equilibrio en el esquema de subsidios. La negociación entre el Gobierno nacional y las provincias engloba un paquete de medidas que van más allá del debate por el presupuesto 2019 y apuntan a la organización de una Argentina más federal en términos de distribución de recursos.
En la Casa Rosada desfilaron en las últimas semanas más de una docena de gobernadores de todos los colores políticos y tanto el presidente Mauricio Macri como sus ministros reiteraron un latiguillo a los mandatarios provinciales: «La Argentina marcha hacia un nuevo esquema de manejo de recursos más responsable que debe ser compartido».
En este contexto, en forma sigilosa y secreta, el Gobierno ya avanzó en acuerdos con varias provincias para diagramar un nuevo sistema de «compensaciones y esfuerzos compartidos», como suele decir Macri.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio remarcó ante Infobae que el nuevo proyecto de ley de coparticipación “es una deuda histórica que tiene la Argentina y el Presidente Macri lo puso como una de las prioridades a resolver”.
Así, el ministro del Interior destacó que «hemos tenido muchos acuerdos importantes en pos del reparto equitativo de los fondos federales hacia las provincias, como la devolución del 15% que retenía Anses, el 1.9% que retenía AFIP y también con la sanción del Consenso Fiscal, donde las provincias bajaro los juicios con la Nación y la provincia de Buenos Aires recuperó de forma gradual el Fondo del Conurbano».
En esa línea, Frigerio destacó que la Casa Rosada seguirá trabajando junto con los gobernadores y los ministros de Economía provinciales para presentar un nuevo proyecto de coparticpacion federal en el Congreso Nacional. El ministro del Interior y el de Hacienda Nicolás Dujovne son los encargados de timonear las negociaciones con los gobernadores que contemplarán los siguientes temas:
Préstamos subsidiarios. Para que las provincias sigan manteniendo el plan de obra pública el año que viene el gobierno nacional les garantizó un programa de préstamos subsidiarios con financiamiento de organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial. De esta manera, la Nación asume el riesgo soberano a la hora de pedir préstamos para obra pública de las provincias a mejores tasas y más largo tiempo de financiamiento.
«Este esquema de préstamos subsidiarios que asume la Nación permitirán ayudar a las provincias a mejorar las condiciones de financiamiento pero también a unificar los criterios de la obra pública», explicó a Infobae un allegado al ministro Frigerio.
Control del empleo público. En el acuerdo de las provincias con la Nación por el proyecto de presupuesto 2019 está previsto también un congelamiento de vacantes en el empleo público nacional y provincial. La Casa Rosada emitirá el martes un amplio decreto que apunta a congelar las vacantes de empleo público en toda la administración nacional con la excepción de la AFIP, la Cancillería y las Fuerzas Armadas que tienen un régimen especial del personal. La intención del gobierno es que las provincias emulen un sistema similar para achicar el gasto público.
Nueva ley de coparticipación. La gran apuesta de Macri para convencer a los gobernadores de sumarse al plan de ajuste del déficit y acompañar el presupuesto 2019 es la redacción de un proyecto de nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
Según confiaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno a partir del 2018 se incluyó en la coparticipación a provincias las compensaciones resultantes del Consenso Fiscal. Así, por ejemplo, hubo un 17% de execedente acumulado en la distribución de impuestos de la Nación a las provincias en el primer semestre que fue de 503.000 millones de pesos.
La idea del nuevo proyecto de coparticipación es que la parte que perciben de impuestos las provincias en la coparticipación pase a 50,2% en 2020 en el reparto nacional.
Esto se buscará lograr por medio de una nueva ley de coparticipación que establezca una redistribución de la renta por medio de la capacidad fiscal tributaria real de cada provincia y un nuevo esquema de cálculo de reparto en función a las necesidades de gasto de cada distrito. Es decir, un sistema que en adelante mida la respuesta de servicio de cada estado provincial, sus niveles de población y las variables de necesidades básicas de sus habitantes.
La intención de Macri es que este nuevo esquema de reparto de impuestos de la Nación a las provincias se fiscalice por medio de la Comisión Federal de Impuestos.
Recomponer desigualdades. Por otra parte, la idea del gobierno es que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la gobernación bonaerense asuman responsabilidades en el subsidio de servicios como agua y electricidad. Esto se dará por medio de un reparto más realista.
«Hoy la provincia de Buenos Aires produce el 37% y recibe el 23%. La política resolvió la coparticipación de Buenos Aires dándole subsidios y no resolviendo la cuestión de fondo que es cambiar el esquema desigual de coparticipacion federal», dijo un funcionario de la Casa Rosada que trabaja en este nuevo plan de coparticipación.
Según un paper interno al que accedió Infobae y que manejan Dujovne y Frigerio sobre el tema coparticipación, «el objetivo es lograr una mejor distribución de recursos coparticipables que resuelva el laberinto y reduzca: el desequilibrio Vertical. Situación en que los gobiernos nacionales tienen recursos superiores a los de equilibrio y los subnacionales y locales se encuentran en desequilibrio financiero».
A la vez, el documento señala en cuanto a «los Desequilibrios Horizontales» que «no existe simetría de ingresos propios y gastos entre gobiernos subnacionales de un mismo nivel».
Así, se insta al gobierno nacional a cumplir con las prestaciones de la Seguridad Social, servicios de la deuda, gastos de capital de ámbito mayor al local o regional, administración general de la Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa, etc, transferencias Corrientes y de Capital al Sector Público y Privado».
También se propone la Casa Rosada «definir criterios de reducción de transferencias discrecionales a provincias y transformarlas en automáticas».
De esta manera, se buscará que «todas las regiones, las más ricas y las más pobres, las que tienen mayores y menores bases imponibles, hagan el mismo esfuerzo fiscal relativo presten servicios equivalentes con un nivel de eficiencia equiparable, y tiendan a similares niveles de desarrollo».
En el diálogo que Frigerio y Dujovne mantuvieron en estas semanas con los gobernadores dejaron en claro un tema: «No se busca la autosuficiencia de las provincias. No es necesario que todas y cada una de las provincias tengan ingresos propios y gastos en equilibrio. Para ello se utilizan las transferencias igualadoras. Lo que hay que corregir es el desequilibrio imputable a la provincia».
¿Cómo hará el Gobierno para imponer una ley de coparticipación el año que viene en medio de la campaña electoral?, preguntó Infobae a un funcionario del Ministerio del Interior.
«Muy simple: el proyecto se enviará antes de fin de año pero la meta fijada para instrumentar esta ley será en dos años más con lo cual no habrá premura por cumplir con la letra del proyecto en lo inmediato. Este es un plan que va más allá de lo coyuntural y apuesta al largo plazo», dijo el funcionario. El plan de negociación con los gobernadores ya comenzó a rodar.
