El juez de apelaciones brasileño que en su turno de guardia había ordenado este domingo la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, una medida que fue cancelada posteriormente por otro juez, volvió a publicar un mandato para que el líder de la izquierda salga de prisión inmediatamente.
El embrollo judicial -que en escasas horas ha hecho pensar que Lula estaría libre, que seguiría preso y ahora nuevamente libre- está creando una verdadera confusión en Brasil, que en octubre celebrará las elecciones presidenciales más inciertas de su historia en las que el exmandatario es favorito.
«Reitero el contenido de las decisiones anteriores, determinando el inmediato cumplimiento de la medida de liberación en el plazo máximo de una hora», escribió después de las 16H00 locales el juez Rogério Favreto de la TRF4, la corte de apelaciones de Porto Alegre (sur) que aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010).
La asesoría de prensa del tribunal confirmó que, aunque el juez relator del caso había cancelado la orden poco antes por considerar que no se puede desacatar una decisión colegiada anterior, la orden del juez de guardia es la que vale ahora.
Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), acusado de haber recibido un apartamento de parte de una constructora a cambio de favores.
El juez Favreto decidió aceptar una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula en 1980.
En un comunicado oficial, el juez anticorrupción Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en julio de 2017, afirmó que este magistrado no tiene competencia para ordenar esta liberación.
«¡Lula libre ahora!» se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario, con un link hacia un artículo de su sitio con el título «El TRF4 determina el fin de la prisión ilegal de Lula».
Lula está preso en una sede policial en Curitiba (sur) acusado de haber recibido un apartamento de parte de la constructora OAS, involucrada en el megaescándalo de sobornos a políticos de Petrobras.
El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena «sin pruebas» como parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.
Aunque sea liberado, su candidatura podría ser invalidada por el tribunal electoral.
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