El senador justicialista José Mayans protagonizó un cruce con su jefe de bloque, Miguel Pichetto, quien sostuvo que en los hospitales públicos «no debería haber ningún tipo de objeción de conciencia» frente al aborto, al cuestionar la exposición de una médica.
La expositora en cuestión fue María de los Ángeles Carmona, ginocóloga y representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que «la objeción de conciencia no debe ser plasmada en ningún registro público».
Carmona criticó «el no permitir ejercer la objeción de conciencia cuando el médico sea el único disponible» y agregó: «Los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel. Debemos preservar la libertad de conciencia».
Pichetto le salió al cruce: «La ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley».
El senador también hizo una cerrada defensa del proyecto al indicar que «no va a haber más interrupciones del embarazo porque esté la ley, va a haber más garantías» y pidió que los médicos y los representantes del Estado «tengan una mirada más amplia, más humana».
Todos los senadores que se oponen a la legalización del aborto cuestionaron a Pichetto por «carear» a una expositora y dar «una opinión personal», pero el más duro fue Mayans: «Yo disiento del presidente de bloque. Acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, el sector público, el sector privado. No es que sale una ley para el público o para el privado».
«Desde cuándo es la vida es el tema acá. Desde la concepción es la vida; la Constitución dice que es así, leyes que hemos votado dicen que es desde la concepción. El Estado no puede matar, no existe en Argentina la pena de muerte», expresó el senador por Formosa.
En este sentido, agregó: «Porque acá somos más benignos con delincuentes y criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente, ¿la solución cuál es? Se le mata». Además, Mayans sostuvo que en la Cámara de Diputados la media sanción «salió con votos a favor forzados», al tiempo que dijo que «es inaplicable».
En tanto, ante el plenario de comisiones que analiza el proyecto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez indicó que el proyecto «no conculca la objeción de conciencia» porque «establece un sistema de registro en donde el profesional no tiene que expresar las razones por las que es objetor» y, además «el registro no es público, es confidencial».
Según el abogado, «el proyecto no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional» y remarcó que «no viola la Convención Americana de Derechos Humanos». «De los 23 Estados que la ratificaron, 17 tienen sistemas de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo», dijo.
En tanto, Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) indicó -en coincidencia con Gil Domínguez- que «la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual de acuerdo a su desarrollo», de acuerdo a lo que expresa la Convención Americana de los Derechos Humanos.
«La decisión de ser padre o madre o no, es para el derecho internacional parte del derecho a la vida privada y se relaciona con la autonomía de la vida reproductiva», agregó la especialista.
A continuación, el abogado constitucionalista Alberto García Lema instó a «diferenciar el tema constitucional del tema penal» y a recordar que «la incorporación de los tratados internacionales deben estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución».
«El principio de que la persona nace con la concepción tiene antecedentes en el derecho público, federal, antes de la reforma de 1994 y fue seguido en forma posterior por varias provincias», continuó, para luego agregar que «la Convención que se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no contiene ningún principio especifico relativo al derecho a practicarse un aborto».
Por el contrario, la abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, reseñó que el proyecto con media sanción «establece un derecho al aborto que ya está en el artículo 86 del Código Penal» y que «sistematiza otras normas que ya están en nuestro ordenamiento jurídico brindando certezas a los profesionales de la salud, a las instituciones del Estado y a las mujeres».
Por otra parte, la abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belskiconsideró que «a la hora de votar esta honorable Cámara debe tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que distintos organismos de protección y promoción de derechos humanos han hecho a la Argentina respecto de la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos mediante la despenalización y la legalización del aborto» y aclaró «obligación que hoy nuestro Estado está incumpliendo». «Para Amnistía Internacional la forma de honrar los compromisos asumidos por el país es mediante la sanción de esta ley», concluyó.
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