Citados por el juez o autoconvocados, más de media docena de empresarios se han sumado al círculo de los arrepentidos en el intento de amortiguar su caída. La mayoría aportó datos parciales en la causa por los cuadernos de las coimas y es probable que deban ampliarlos. Hace agua el repetido relato sobre extorsiones sufridas en tiempos de campaña, en particular la de 2013.
Por primera vez, además, una fisura aparece en el muro de negación de ex funcionarios. Y lo que aparece sumando piezas es un todo superador: la maquinaria de corrupción que funcionó durante una década y monedas.
Las detenciones de anoche terminaban de exponer la intensidad de esta semana judicial. Una semana que agregó a la causa elementos que afirman la existencia de un sistema de «retornos» montado en el ministerio a cargo de Julio De Vido -con acción en el terreno de los ex secretarios Roberto Baratta y José López- y que también va reuniendo datos que se proyectan más allá del área de Panificación.
Estaba dicho: las declaraciones de empresarios restringidas a la entrega de plata en negro para aceitar el aparato electoral del kirchnerismo parecen una parte de la historia, a la vez, claro, que una estrategia de defensa. La extorsión los coloca en papel de víctimas, aún con la carga que suponen los aportes ilegales. Pero el cuadro que empieza a sumar color es el de las coimas, basado en licitaciones preacordadas y con sobreprecios para garantizar el flujo a la caja ilegal.
Ese mecanismo ya había sido alertado por otras denuncias, en una lista donde se destacan las referidas a las obras viales. Resulta extraño imaginar el trasiego anotado en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno como una práctica restringida al financiamiento de la política. Aquellas denuncias, como el caso Skanska, de 2005, ya aludían a una mecánica que habría llevado a establecer los pagos de adelanto de obra como primera entrega desde el Estado para asegurar el «retorno» inicial a funcionarios.
La información que fue trascendiendo ayer confirmó el papel central jugado por el empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Desde hace años, en medios empresariales circulaban versiones que ninguno exponía en público y mucho menos denunciaba, acerca del papel que Wagner cumplía en la articulación de negocios con la gestión del gobierno pasado.
Otra cosa es decirlo ante la Justicia. Y eso es lo que dijo el empresario, ya en su lugar de arrepentido. Un golpe para la promocionada idea de las extorsiones. Y también, con algunas precisiones, una descripción de primera agua sobre el papel de De Vido en el armado de una maquinaria de recaudación de coimas a cambio de contratos de obra, sostenido además en prácticas de cartelización de las principales firmas del sector. Un círculo perfecto.
Es tanto el impacto de las nuevas visitas a los despachos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli que a veces queda desdibujada la originalidad de algunas declaraciones. Valen un par de ejemplos.
Los datos aportados por Luis Betnaza, de Techint, remitieron a hechos de hace una década, no vinculados con la obra pública y que hablan de la extendida voracidad por dólares en negro. Se trató de pagos para asegurar una gestión de la llamada diplomacia paralela ante el gobierno de Venezuela, en 2008, a raíz de la nacionalización de la empresa Sidor decidida por Hugo Chávez. Este capítulo derivado de los cuadernos produjo anoche mismo dos nuevas órdenes de detención.
También generó impacto, y ruido en las proximidades de Cristina Fernández de Kirchner, la movida de Juan Manuel Abal Medina. El ex jefe de Gabinete presentó ante el juez un escrito para tratar de descargar responsabilidades y, se interpreta, para alivianar la situación de un ex colaborador suyo, en cuya casa habrían encontrado un par de pendrives con información sobre plata ilegal de campaña.
Abal Medina admitió contactos con Baratta y dijo también que fueron para coordinar el flujo de dinero destinado al aparato electoral, en 2013. Por supuesto, habría blanqueado así algunos pasajes del cuaderno. Y lo hizo afirmando que desconocía el origen ilegal de esa plata, recurriendo a un eufemismo para explicar que fueran billetes y no cheques, por ejemplo. Aludió a la «informalidad» del procedimiento.
El ex funcionario provocó malestar en el entorno de la ex presidente porque exhibió una fisura en el discurso que habla de una enorme operación político-judicial-mediáticapara desacreditar las investigaciones. En un radio más amplio del PJ, también habrían caído mal sus referencias a Juan Carlos Mazzón, fallecido hace tres años y pocos días, como distribuidor de esos dineros en todo el país.
El «Chueco» Mazzón fue un operador tradicional de la interna peronista, con historia que trasciende al kirchnerismo y con oficinas en la Casa Rosada hasta el final del verano de 2015, cuando debió dejar el cargo por decisión de la ex presidenta. Fernández de Kirchner lo expulsó porque no cumplió con una indicación suya sobre el armado de listas en Mendoza.
No es un dato menor el efecto generado por el ex jefe de Gabinete, aunque está lejos de los temblores que empiezan a causar algunos empresarios. El relato reducido de los primeros días acaba de pegar un vuelco. Habrá que ver en los próximos días cómo lo asimilan otros socios del club que encabezaba Wagner.
