La causa de los cuadernos de las coimas K, que tomó una dinámica difícil de imaginar hace 20 días cuando se desató la ola de detenciones e imputaciones, podría sumar esta semana más novedades y confesiones que en otros tiempos hubieran sido improbables.
Luego de jornadas frenéticas en las que desfilaron por los pasillos de Comodoro Py empresarios y ex funcionarios que admitieron haber tenido algún grado de participación en diversos hechos de corrupción, los investigadores creen que aún hay varios nombres y hechos por analizar.
Este martes, cuando se reanude la actividad judicial luego del fin de semana largo, la expectativa estará puesta en dos ex funcionarios que ya pasaron por el cuarto piso de los tribunales federales pero aún tienen mucho por aportar.
El primero es Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). La semana pasada su apellido se inscribió en los libros de historia como el primer funcionario kirchnerista en arrepentirse. Contó con detalles parte del esquema de cobros de coimas que está investigando. Tal fue el grado de rigurosidad, que describió el día que estuvo en el departamento de Cristina Kirchner y no pudo ingresar al dormitorio por la cantidad de bolsos con billetes que había en el lugar. También repasó la tarde en que el ex presidente Néstor Kirchner pateó un bolso por los aires porque los billetes que tenía eran pesos y no dólares.
Uberti está dispuesto a dar más datos que apunten directamente a Cristina Kirchner y podría presentarse nuevamente ante el fiscal Carlos Stornelli para ampliar su primera declaración. Si bien dio mucha información, en su primera declaración hubo algunos puntos que prefirió evitar. Por ejemplo, fue reticente cuando le consultaron sobre los negocios con Venezuela pese a que durante años lo señalaron como «el embajador paralelo» que coordinaba transacciones de todo tipo con el gobierno chavista.
El otro hecho sobre el que Uberti no abundó en detalles fue el viaje de la valija de Antonini Wilson. El ex funcionario estuvo en ese avión e incluso siempre hubo sospechas de que ese día transportó otra maleta que también contenía dinero. Tras aquel episodio fue eyectado de la gestión pública. El kirchnerismo lo transformó en la cara visible del escándalo y -dicen sus allegados- desde aquellos días de 2007 el ex funcionario masticaba bronca y esperaba la posibilidad de tener una revancha.
El otro nombre que se lleva la atención es el ex secretario de Obras Públicas, José López. El hombre de los bolsos en el convento de General Rodríguez declaró el viernes ante el fiscal Stornelli e ingresó al programa de protección de testigos e imputados. Continúa preso en una ubicación desconocida y en medio de rigurosas condiciones de seguridad. Fue lo que exigió su defensor oficial para que se produzca el quiebre.
Trascendió muy poco de lo que contó López, casi nada. Para ser admitido como arrepentido, el juez Claudio Bonadio debe homologar la declaración que realizó el viernes ante el fiscal. En Comodoro Py están todos pendientes de una confirmación: ¿es verdad que López dijo que los 9 millones de dólares que les dio a las monjas eran de Cristina Kirchner?
Las pocas personas que tuvieron acceso a la declaración de López creen que hay más empresarios que serán convocados a declarar en indagatoria. El CEO de Techint, Paolo Rocca, es una fija. La semana pasada realizó un sincericidio público que le provocará consecuencias judiciales. En un foro organizado por la Asociación Empresaria Argentinareconoció que habían pagado coimas para lograr la intervención del gobierno kirchnerista ante Hugo Chávez en medio de la nacionalización de Sidor.
Rocca dijo también que su compañía no había formado parte del «El Club de la Corrupción». Esta circunstancia deberá ser probada en el expediente. Hay un dato que le juega en contra: el nombre de su compañía aparece varias veces en los cuadernos de Oscar Centeno, según reveló por primera vez Infobae.
Los registros del chofer de Roberto Baratta describen un circuito de recaudación de coimas ligado a empresas que eran beneficiadas con la adjudicación de obras públicas. De la prueba producida durante la investigación se pudo establecer que había otros esquemas de recaudación ilegal. Uberti, por ejemplo, describió cómo extorsionaban a las prestatarias de rutas con peajes.
Los investigadores creen que hay más sectores en los cuales los bolsos con billetes eran una constante. De hecho, las revelaciones de los cuadernos se transformaron en apenas una parte de la investigación que encabeza Bonadio y que se inició a raíz de los negociados en la importación del Gas Natural Licuado (GNL). El juez cree que se pagaron sobreprecios y que podrían surgir más operaciones irregulares que se deben desmenuzar. Por esas sospechas el magistrado ya pidió el desafuero de Julio De Vido y ordenó su detención.
A la par, Bonadio y Stornelli tienen previsto posar la lupa sobre otro negociado que hasta ahora no había sido explorado de manera profunda: la importación de fueloil. Es una de las aristas más cuestionadas de la política energética del gobierno anterior y cuando se analizan los registros de las transacciones realizadas aparecen nuevamente negocios sospechosos con Venezuela por miles de millones de dólares.
