Abierto el capítulo del circuito financiero del escándalo por supuestos sobornos provenientes de la obra pública con la declaración como arrepentido de Ernesto Clarens, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli apuntan a una de las ramificaciones del caso vinculadas al patrimonio de la familia Kirchner. Para ello, buscarán «tentar» al contador histórico del matrimonio, Víctor Manzanares, detenido con prisión preventiva hace 13 meses en el penal de Marcos Paz en el marco de la causa Los Sauces, instruida por Bonadio y por el fiscal Carlos Rívolo, recientemente integrado al expediente de los cuadernos. No será la primera vez que se intente «quebrar» al asesor del exmatrimonio presidencial, que en el último año rechazó en tres oportunidades suscribir un acuerdo como imputado colaborador, tras su detención por supuesta obstaculización de la Justicia por haber ordenado pagos de alquileres cuando pesaba un embargo. Precisamente, los emprendimientos hoteleros e inmobiliarios de Cristina de Kirchner son uno de los focos de atención que han dejado trascender en tribunales, como una de las múltiples aristas que impedirían que la expresidente deslinde responsabilidades por la maniobra en funcionarios subalternos, sobre los que tampoco hizo defensa alguna, hasta el momento.
Manzanares fue dejado a su suerte en prisión y cuenta sólo con defensa oficial. Según él mismo declaró ante el juez Julián Ercolini en marzo, ya no tiene relación profesional con la familia Kirchner y todo lo que había firmado fue por expresa instrucción del exmandatario, a quien ayudaba a confeccionar sus declaraciones juradas. En tres oportunidades, el contador regresó a su celda con los alcances y «beneficios» de acogerse al régimen de delación. En todos esos casos lo rechazó. La declaración del exencargado de las concesiones viales Claudio Uberti como arrepentido volvió a arrastrar el emprendimiento hotelero de Los Sauces a la actualidad porque describió una presunta estrategia para blanquear dinero a través del contratista Relats. Ya se había iniciado una causa por eso que terminó en un sobreseimiento dictado por Ercolini. Uberti prometió regresar esta semana para ampliar sus aportes. Los operadores judiciales miraron con desconfianza su declaración por haber quedado raleado del poder hace más de 11 años. Y sobre todo por lo que calló en relación con su función como enlace con Venezuela. De todos los «arrepentimientos» sorprende cuando las declaraciones adquieren un «climax» y en ese momento se plantea su desenlace para rubricar los acuerdos. En general, hay ausencia de detalles, lo que hace restregar las manos a los defensores que consideran que todo podrá ser anulado a futuro o que no superará la instancia de un eventual juicio oral. Se miran en el espejo que ofreció el proceso por los denominados «Sobornos del Senado».
Un ejemplo de vaguedad es la primera declaración de Juan Carlos De Goycoechea, considerado el primer arrepentido en homologar su acuerdo por «aportes de campaña» de Isolux. Nunca mencionó quién era el director financiero de la compañía que desde Madrid le habría dado la orden de realizar los pagos. Curiosamente, pese a que el viernes 3 de agosto pactó los alcances de su acuerdo, el lunes 6 solicitó desistir de integrarse al Programa de Testigos e Imputados Protegidos, algo que había solicitado tres días antes. Fue el mismo día en el que se presentaron Javier Sánchez Caballero y Ángelo Calcaterra, de IECSA. La semana pasada, De Goycoechea aclaró que lo de «aportes» era un eufemismo para «coimas».
El impasse por el feriado abrió incógnitas sobre las decisiones que adoptará Bonadio en la semana corta. El magistrado tendrá que homologar el acuerdo suscripto el viernes pasado con el financista Clarens, que hizo temblar las acciones de los bancos. Que Bonadio tenga decidido avanzar por la pata financiera o la denominada «ruta del dinero» puso a temblar a directivos y accionistas de dos grandes bancos aludidos en la trama. Nuevamente, no es lo que el juez pueda probar sino el efecto que tiene en las cotizaciones un movimiento judicial. Pero la expectativa también está centrada en el exsecretario de Obras Públicas, José López, que como adelantó Ámbito Financiero cuenta con una llave de negociación que son las obras descentralizadas que estaban bajo su órbita en el Ministerio de Planificación y que pueden tener impacto en exgobernadores e intendentes de todo el país, especialmente del PJ, el Frente para la Victoria y los llamados Radicales K. El temor es que una salpicadura pudiera ser de amplio espectro: a lo largo de los 12 años en los que fue funcionario encargado de coordinar obras hubo jefes comunales que transitaron por diversos partidos.
Miembros del Tribunal Oral Federal N° 1 anduvieron merodeando la semana pasada el despacho de Stornelli. Una suposición válida es que debían estar averiguando el riesgo de avanzar con el juicio a López por enriquecimiento ilícito a raíz de los bolsos con u$s9 millones. ¿Podría López al declararse arrepentido haber hecho una jugada maestra para sólo ser juzgado una vez? La garantía del «non bis in ídem» fue motivo de corrillos.
El juzgado recibió cierta documentación de algunos empresarios que apuntalan sus versiones. A eso se suman entrecruzamientos telefónicos para ser analizados. El empresario de las terminales de Retiro, Néstor Otero (que pagaba un departamento a Ricardo Jaime) quedó a tiro de detención luego de que Bonadio no le concediera la eximición de prisión. Muchos rumores apuntaron a una eventual pérdida de libertad de Juan Pablo Schiavi. Rara avis, integra el «macristinismo»: sucesor de Jaime en el Gobierno kirchnerista, fue el creador de la Fundación Creer y Crecer junto a Mauricio Macri y Francisco de Narváez y fue quien manejó la campaña del actual Presidente cuando se candidateó en 2003 como jefe de Gobierno.
La otra protagonista volverá a ser la Cámara Federal, que debe resolver una batería de nulidades que arrastra la causa de los cuadernos desde sus inicios.
Gabriel Morini/Ámbito
