La defensa de la ex presidente Cristina Kirchner pidió a principios de julio que el empresario Carlos Wagner declarara como testigo en el juicio oral por la obra pública en el que la ex mandataria será juzgada. Para la actual senadora, Wagner podría dar testimonio de que durante su gobierno no hubo irregularidades en la asignación de obras. Pero dos meses después, el empresario dijo que hubo cartelización y que para eso se pagaban coimas. Fue cuando declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción de funcionarios del gobierno anterior y empresarios, lo que le permitió quedar en libertad.
Wagner pasó de un testigo que podía ayudar a Cristina Kirchner y a sus ex funcionarios a otro que podría complicar su situación.
En el juicio se juzgará las presuntas irregularidades por las obras públicas que el empresario detenido Lázaro Báez recibió para Santa Cruz durante el kirchnerismo. En su declaración como arrepentido, Wagner no habló de Báez. «Por la posición que ocupaba no podía desconocer lo que ocurría con Báez», le dijo a Infobaeuna fuente judicial que trabaja en el juicio oral por la obra pública por lo que cree que su testimonio puede ser relevante. Wagner era el presidente de la Cámara de la Construcción y titular de la empresa ESUCO.
Cuando la defensa de Cristina Kichner pidió la prueba para el juicio oral sostuvo que la acusación central fue que las empresas del Grupo Báez se quedaron con el 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz de 2003 a 20015 para lo cual se hacía «una puesta en escena tendiente a disimular en los papeles una competencia entre oferentes que en realidad no existía».
«Ahora bien, si los demás titulares de las empresas participantes en dichas licitaciones no fueron llamados a prestar declaración indagatoria en la presente causa debe entenderse que a criterio de los acusadores los mismos se encuentran libres de toda sospecha», sostuvo la defensa de Cristina Kirchner. Uno de los empresarios que la ex presidenta pidió que declare como testigo fue Wagner.
Pero el empresario 10 de agosto declaró como arrepentido. Dijo que en 2004 el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido le dijo que a pedido del entonces presidente Néstor Kichner «la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos». Para eso cuando se llamaba a una licitación pública las empresas se reunían y entre ellas determinaban quién era el ganador.
«Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido los pliegos. El porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra, y deducidos los impuestos el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno», amplió Wagner.
El empresario dijo que el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta eran quiénes disponían a quiénes se le hacían los pagos. De Vido y López serán juzgados junto a Cristina Kirchner y otros acusados. «Era plata para arriba», dijo Wagner sobre el destino de las coimas, según le decían López y Baratta.
La ex mandataria también pidió que declare como testigo Angelo Calcaterra, dueño hasta el año pasado de la empresa familiar IECSA, que se presentó a licitaciones junto a la empresa de Báez.
Wagner declaró que IECSA era una de las empresas que se sentaba a repartirse la obra pública y pagaba coimas. Calcaterra declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos -en los que la compañía figura- y dijo que hizo aportes de campaña en negro para el kirchnerismo.
El juicio oral por la obra pública está a cargo del Tribunal Oral Federal 2. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara todavía no decidieron si aceptan a Wagner y a Calcaterra como testigos. Tampoco fijaron la fecha de inicio de juicio, que podría ser para principios del año que viene.
El fiscal del juicio, Diego Luciani, pidió copia de la causa de los cuadernos y podría pedir la declaración de otros empresarios que declararon como arrepentidos y que aceptaron que pagaron coimas para obtener negocios de la obra pública, como Aldo Roggio, Gabriel Romero y Juan Chediack.
Báez también pidió que algunos de esos empresarios declaren como testigos en el juicio. Su defensa solicitó el testimonio de Roggio, Chediack y Paolo Rocca -titular de la empresa Technit, que reconoció que hizo pago ilegales al kirchnerismo.
De simples testigos podrían pasar a ser testigos claves que terminen comprometiendo a los acusados.
