El pasado martes, los diputados de las Comisiones de Educación y Familia, Mujer y Minoridad aprobaron un dictamen que introduce importantes cambios a la ley 26.150, que estableció el Programa Nacional de Educación Sexual en 2006. «Uno de los aspectos más importantes es que la ley es de orden público. No se precisa que las provincias adhieran sino que todas la deben aplicar», explicó la legisladora radical Claudia Najul.
Esa modificación estableció que los contenidos de la educación sexual deberán brindarse «obligatoriamente» en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal de todo el país.
Pero además, actualiza el lenguaje con «perspectiva» de género, inclusiva y no discriminatoria; tiene en cuenta todas las leyes vigentes, como la ley del matrimonio igualitario, de parto humanizado, la prevención contra la trata y asistencia a víctimas, entre otras; y obliga a diferenciar los contenidos según el nivel educativo y la edad de los estudiantes.
Los cambios incluyeron también la creación de una «Comisión Interdisciplinaria», que deberá elaborar exámenes para que los chicos respondan, y así tener un diagnóstico del nivel de conocimiento sobre el tema, y propone un «sistema de monitoreo» para observar la aplicación del programa en cada provincia, que luego se volcará en un informe para entregar al Congreso.
Como era de esperar, semejantes transformaciones obligatorias despertaron las primeras críticas de sectores religiosos. El arzobispo de Rosario y presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica, monseñor Eduardo Eliseo Martín, alertó que las modificaciones buscan imponer una «sola perspectiva» y quitar la posibilidad a los colegios de adaptar los contenidos a su ideario.
En una transmisión en vivo a través de Facebook, Martín sostuvo que la Iglesia quiere promover la educación sexual en sus escuelas, pero «con el ideario católico, porque sabemos que hay grupos que quieren borrar eso e imponer una sola perspectiva». De ser así, el arzobispo dijo que «no sería democrática, ni pluralista, sino que empobrecedora, porque se perderían los valores cristianos».
Según consignó la Agencia de Información Católica Argentina (AICA), Martín sostuvo que «la educación es un derecho» y exhortó a los padres a preguntarse: «¿Qué educación le están dando a mis hijos? ¿qué le están enseñando? ¿les enseñan conforme a mis tradiciones, mis costumbres, mis convicciones? ¿de acuerdo a la recta razón?».
Desde el Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE) aseguraron que el problema no es la implementación de la educación sexual en las escuelas ni la ley vigente y remarcaron que tampoco son los idearios institucionales los que limitan o entorpecen su aplicación.
«Rechazamos los intentos legislativos que pretenden coartar la libertad de enseñanza e imponer un enfoque monopólico y de pensamiento único. Entendemos que en nuestra sociedad democrática estas restricciones son inconstitucionales y resultan inaceptables«, expresaron. «Si limitamos la libertad cosecharemos ignorancia y pobreza», agregaron.
Según un comunicado de prensa emitido por el Consejo Directivo del CECE, los cambios «atacan el espíritu amplio y plural con que la ley fue concebida, debatida y sancionada» y recordaron que la norma vigente brinda un «marco adecuado» para la educación sexual.
Por ese motivo, alertaron que «una visión reduccionista o de novedades ideológicas no puede pretender aplicarse de manera universal» y pidieron a los funcionarios públicos respetar el rol que la ley otorga a los padres, para que «no se violenten las opciones morales y religiosas de padres y alumnos».
«Existe un indudable derecho de las familias y de las escuelas confesionales de orientar este tipo de enseñanza en el marco de la garantía constitucional de la libertad religiosa», advirtieron.
ÁMbito
