Una pericia tecnológica que analiza las comunicaciones cruzadas entre Cristina Kirchner y ciertos miembros de su gabinete vinculados a la seguridad y la comunidad de espías, y una investigación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre un fallido intento de venta ilegal de uranio desde Argentina a Irán, son dos instrumentos claves que se están usando para encontrar a los responsables ideológicos y materiales del asesinato de Alberto Nisman.
El fiscal especial del caso AMIA fue ejecutado tras alegar que la ex presidente había decidido firmar el Memorándum de Entendimiento con Irán para encubrir a los terroristas.
Sin embargo, ella replicó con una operación mediática y judicial destinada a demoler la imagen pública de Nisman y a trabar en Comodoro Py su última denuncia antes de caer por el tiro de un sicario.
Irán necesitaba el uranio para equilibrar sus capacidades bélicas frente a Israel y CFK arguyó que el Memorándum serviría para hacer justicia con las víctimas del ataque a la AMIA. Fueron dos hechos esenciales que anticiparon la muerte del fiscal federal, aún impune y sin resolver.
Nisman nunca creyó en los argumentos de Cristina y su asesinato implica una trama con base local y conexión internacional. Para el fiscal muerto, el pacto con Irán encubría un negociado vinculado a los granos y al petróleo, que ahora empieza a ceder frente a los indicios que aparecen vinculados al tráfico ilegal de uranio. Nisman no pudo ratificar o enmendar su hipótesis de trabajo: fue asesinado antes de tiempo.
CFK, su gabinete, sus legisladores, sus operadores judiciales y la corporación de medios que repetía su discurso, intentaron establecer que el fiscal se había suicidado cuando tomó conciencia del error cometido al presentar la denuncia de encubrimiento y traición a la patria.
Cristina y sus aliados no solo insistieron con la hipótesis del suicidio, sino que además iniciaron una tarea de demolición de la figura pública del fiscal para condicionar el peso institucional de su último acto jurídico.
La ex mandataria desplegó todo su poder para banalizar al fiscal y logró que un juez federal de primera instancia y dos camaristas federales bloquearan la investigación formal que costó la vida a Nisman. La denuncia por encubrimiento y traición a la patria recién avanzó tras un tortuoso proceso que terminó en la Cámara de Casación Federal. Hasta ese momento, la denuncia era una pila de papeles con destino incierto.
El cruce de llamadas que ordenó la Justicia argentina puede aportar evidencia sobre la eventual responsabilidad penal de Cristina Kirchner, y esa evidencia puede consolidarse con una investigación que se está ejecutando en los cuarteles de la CIA en Washington, adonde se intenta encontrar a los responsables de un fallido negocio de tráfico ilegal de uranio desde Buenos Aires a Teherán.
La inteligencia americana tiene la copia de un expediente abierto en Brescia (norte de Italia) vinculado a un caso de corrupción local. En esa causa se ordenaron una serie de escuchas a políticos y empresarios locales que empezaron a hacer referencia a ciertos dirigentes, empresarios y militares que operan en el Cono Sur. En las escuchas se pudo interpretar que se estaba preparando una venta ilegal de uranio argentino para luego ser transportado a Venezuela con destino final a Irán.
Una copia de ese expediente fue solicitado por la embajada de Estados Unidos en Roma, que luego remitió a la CIA. La operación ilegal fracasó, pero hay muchos rastros que unen esa maniobra delictiva con ciertos miembros de la administración de CFK. Y lo más llamativo es que la negociación por el uranio ilegal sucedió cuando Cristina negociaba con Irán el Memorandum de Entendimiento que garantizaba la impunidad para los terroristas de la AMIA.
En el documental realizado por Infobae, el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolffavaló la teoría del asesinato con intenciones políticas: «Había mucha gente interesada en que el fiscal no tuviera la posibilidad de hacer interrogatorios, allanamientos, indagatorias, detenciones. Nisman iba a sentar en el banquillo de los acusados a toda la cúpula de los servicios de inteligencia argentino».
En sintonía con esto, el abogado de las hijas del fiscal, Manuel Romero Victorica, sostuvo: «A Nisman lo matan como consecuencia de su actuación funcional y por la denuncia que hizo contra los imputados en ese dictamen del 14 de enero del 2015, donde imputa a la entonces presidente de la nación Cristina Kirchner, al canciller Timerman y a otros adláteres del gobierno como D’Eelía, Esteche, Khalil y otra serie de personajes».
Y sentenció: «Estoy absolutamente seguro de que lo mataron. Pero no porque lo diga yo. Lo dice el expediente».
Por su parte, Daniel Salcedo, perito de la causa, fue terminante sobre sus conclusiones: «A Nisman lo mataron. Pudimos demostrar desde el punto de vista criminalístico, científico y forense que fue un homicidio y no una muerte violenta de otras características como un accidente o suicidio».
Asimismo, criticó arduamente cómo se trató la escena del departamento donde fue hallado el investigador: «Las contaminaciones en la escena del crimen esencialmente uno puede pensar que responden a impericia, imprudencia, ignorancia. Lo que es seguro es que no se respetó ningún protocolo de actuación vigente en el mundo. El hecho de que esté tan contaminado y la actuación haya sido tan mala en realidad puede responder a dos aspectos: que sean absolutamente personas amateurs y el segundo es que hayan contaminado a propósito».
