El Poder Judicial provincial invita a la comunidad a presenciar un simulacro de juicio por Jurado, experiencia en la que ciudadanos comunes serán los encargados de valorar las pruebas para definir la culpabilidad o inocencia de un acusado.
Esta propuesta de administración de Justicia, que está contenida en la Constitución Nacional desde 1853, ha sido utilizada en muy pocas provincias en más de un siglo de existencia del sistema.
Por ese motivo, el Superior Tribunal de Justicia y la Comisión de Jóvenes Procesalistas de Santiago del Estero organizan este evento que tendrá lugar el jueves 18 de octubre, a las 17 hs. en el Salón de Usos Múltiples “Dra. Carmen Argibay” del Palacio de Tribunales.
Las personas seleccionadas para conformar el Jurado serán residentes en esta provincia, mayores de 18 años y que sepan leer y escribir.
Qué es un Juicio por Jurado
El juicio por jurado es una institución jurídica concebida para preservar la paz social. Esencialmente procesal, esta técnica de juzgamiento, asegura concretar la idea de que una persona sea “jugada por sus pares”.
Si bien en este procedimiento, existirán leyes que guiarán a este grupo de personas, su ejercicio y resultados, puede resultar totalmente novedoso ante el tradicional sistema de juzgamiento vía un tribunal conformado por abogados.
Contenido en la primera Constitución Argentina de 1853, la institución del juicio por Jurado es mencionada en el art. 24 que establece que “el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”.
Dicho procedimiento, se encuentra a la vez avalado por la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, que en su art. 190 determina: “Las leyes fomentarán la participación de los ciudadanos en la administración de justicia mediante la institución de Jurados en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.
Este procedimiento debe ser entendido en esencia como una herramienta para democratizar la Justicia, posibilitando a la ciudadanía a participar activamente en algunas decisiones judiciales, como un modo de “legitimarlas”.
De esta manera, se podría cumplir con lo históricamente establecido en la Carta Magna del país y dar transparencia a los procesos penales que se llevan adelante en los tribunales.
