Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que quieran emigrar a Reino Unido tras la salida de este país del bloque no tendrán más facilidades que los ciudadanos de cualquier otro país, según las bases de la política migratoria post-«Brexit» presentadas hoy por el Partido Conservador durante su congreso en Birmingham.
El objetivo es reducir en gran medida la cifra de migrantes a menos de 100.000 al año, dijo la primera ministra, Theresa May, a la BBC. Para ello, los ciudadanos europeos dejarán de tener un tratamiento preferente respecto a los de otras partes del mundo.
Quienes lo tendrán especialmente difícil serán los trabajadores de baja cualificación.
Tras un periodo transitorio de 21 meses tras el «Brexit» en marzo, «será este país el que controle y elija quién quiere que venga aquí», señaló May en un comunicado.
El Gobierno introducirá un «sistema basado en la cualificación donde lo que importe sean las capacidades y no el país de procedencia», señaló. «Será un sistema que mire a todo el mundo y atraiga a la gente con la formación que necesitamos». Además, reducirá la inmigración a niveles sostenibles.
En el futuro, quien quiera vivir y trabajar en Reino Unido tendrá que demostrar que ya cuenta con un salario mínimo. La reunificación familiar, además, sólo será posible con el apoyo del empleador.
La primera ministra no descartó, sin embargo, en la entrevista con la BBC, que se puedan acordar algunas facilidades para la entrada de ciudadanos europeos en el marco de un acuerdo comercial con la UE u otros socios.
Pero no sólo será más complicado residir en Reino Unido sino también viajar allí para hacer turismo. Quien quiera hacerlo tendrá que someterse previamente a un control de seguridad, de forma similar a lo que ocurre en Estados Unidos.
Quienes no se verán afectados por los cambios son los estudiantes, que deberán demostrar simplemente que pueden costearse la vida. También los alrededor de tres millones de europeos que ya viven en el país quedarán exentos de las nuevas regulaciones.
Políticos proeuropeos y asociaciones empresariales criticaron la nueva normativa. La Confederación de la Industria Británica (BCI), que representa a unas 190.000 empresas, señaló que la política de May da un «giro equivocado» y podría dañar a muchas industrias.
«Todos los niveles de cualificación importan a la economía británica», señalo Carolyn Fairbairn, directora general de la CBI. «Las propuestas de hoy podrían empeorar la falta de personal, ya grave, en sectores como la construcción, la hostelería o la atención sanitaria», añadió, apuntando que restringir a las empresas el acceso a los trabajadores de la UE será prejudicial.
Fairbairn citó un informe conocido la semana pasada que confirma que los trabajadores europeos de todas las cualificaciones «dan más de lo que toman» a la economía británica.
Miembros del partido de May también criticaron las propuestas. La ex ministra de Trabajo Anna Soubry, una «tory» proeuropea, señaló que la nueva política «no comprende cómo funciona la economía» británica y las necesidades de los empresarios y la realidad del pleno empleo».
La publicación de los planes migratorios fue considerada por los medios británicos una especie de maniobra de distracción ante las disputas internas en el Partido Conservador. Precisamente hoy se espera un discurso del principal rival de May, el ex ministro de Exteriores Boris Johnson. La propia May no pronunciará el suyo hasta la jornada de clausura del congreso «tory» el miércoles.
DPA/Los Andes
