Los fiscales Eduardo Taiano y María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, le pidieron hoy al juez federal Julián Ercolini que llame a indagatoria a los ex jefes de Gabinete kircheristas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por entender que realizaron una maniobra para «burlar y sustraer de la administración pública» más de 50 millones de pesos.
Se los acusa, junto otros implicados, de haber defraudado al Estado en 56 millones de pesos, cuando el Gobierno firmó un convenio con la Confederación Argentina de Hockey que en ese momento Aníbal presidía. La asistencia para la creación de canchas de hockey con pasto sintético en cada provincia se firmó el último día de gestión de Capitanich al frente de la Jefatura de Gabinete, antes de entregarle el cargo a Aníbal Fernández.
El convenio implicaba la entrega de un total no reintegrable de 56 millones de pesos, repartido en cinco cuotas mensuales consecutivas. Los fiscales detectaron además que la firma que resultó beneficiada para hacer canchas de hockey sintética habría falsificado documentación para la rendición de cuentas porque el convenio no se encontraba cumplido, según resaltaron en el dictamen al que accedió Infobae.
Este no es el primer problema judicial que tiene Aníbal Fernández. Espera juicio oral por el caso de Plan Qunitas y las irregularidades del programa Futbol para Todos. El fiscal Gerardo Pollicita también pidió llamarlo a indagatoria por la confesión del ex gerente de TyC Alejandro Burzaco en la transmisión de partidos de futbol. Y la diputada Elisa Carrió lo tiene en la mira.
La causa de las canchas de Hockey
El caso comenzó en mayo de 2016 con una denuncia de la Oficina Anticorrupción. En aquel momento, Fernández se encargó de responder las acusaciones a través de las redes sociales en donde trató de «impresentable» a la jefa de la OA Laura Alonso y habló de la «mala leche» del medio que había dado a conocer la información.
El eje de la causa se centra en la celebración de un convenio entre la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista y la Jefatura de Gabinete de Ministros, el día 26 de febrero de 2015. Un día antes había ingresado a esa repartición oficial el pedido de ayuda financiera. Fue un trámite exprés. Después de que se firmara el convenio, Capitanich renunció a su cargo y lo suplantó Aníbal Fernández.
«Debe contemplarse que quien presidía la Jefatura de Gabinete para todo el período de rendición de cuentas y simultáneamente ocupaba el cargo de Presidente de la Confederación de Hockey es Aníbal Fernández. Tal es así que el 29 de abril de 2016 es él en carácter de Presidente de la Confederación de Argentina de Hockey que presenta nota al Síndico Juan Manuel Suarez, donde reconoce que a esa fecha ‘se encuentran instaladas 3 canchas, 5 en proceso de instalación y 38 canchas a disposición de la Confederación Argentina de Hockey sobre césped, las que ya están adjudicadas y trabajando para su instalación«, señalaron los fiscales ante Ercolini.
La sospecha de los investigadores estuvo puesta además en la firma Commercial Carptes S.A «Forbex». Creen que hubo una «vinculación directa» con la Confederación para que fuera la elegida «para la adquisición, construcción e instalación de las canchas de hockey sintético». En el dictamen se señaló: «es oportuno retrotraerse en el tiempo y observar las decisiones Asamblearias y del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey sobre césped y pista; aprobadas durante el periodo 2013-2015 con la presencia de su Presidente Aníbal Fernández; que muestra a simple vista como comenzó siendo una negociación entre privados, para finalmente hacerse de $56.000.000 de fondos públicos».
Sin embargo, agregan los fiscales, «la documentación presentada hasta diciembre de 2015 daba cuenta por declaración jurada que la totalidad del objeto del convenio estaba cumplido, es decir LA INSTALACION de la totalidad de las canchas de hochey en cada provincia del país, y merced a ello, Commercial Carpets S.A a diciembre de 2015 cobró la totalidad de los 56 millones de pesos conforme se puede apreciar en el cuadro de análisis del movimiento de fondos de la cuenta en el Banco Galicia de la empresa».
Según la fiscalía, ha quedado demostrado en autos con la prueba reunida que la rendición de cuentas presentada es falsa, pues el objeto del convenio no se encontraba cumplido, lo que configuró la defraudación a la Administración Pública».
Junto a ellos se pidió la indagatoria de otros ex funcionarios, como Hugo A. Amburi , que fue director de Administración y Contabilidad de la de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y de Claudia Susana Berra, coordinadora de Administración de ese área. También se reclamó interrogar como sospechosos a autoridades del Consejo Directivo de la Confederación de Hockey, como la vicepresidente primera Sandra Isola, el secretario Mariano Galliano y el tesorero Luis Ventura.
La lista se completó con Rubén Daniel Raiman, presidente de Commercial Carpets S.A (Forbex), quien «se hizo de un subsidio al que no podría haber accedido por sí sola, presentando en el transcurso del 2015 declaraciones juradas falsas que le permitió hacerse de $56.000.000 al 10/12/15 cuando el objeto del Convenio no se encontraba cumplido, lo que configura un defraudación a la Administración Pública».
Fuente: Infobae
