Sáenz Peña es la segunda localidad más importante de Chaco. Es gobernada por el radicalismo desde hace una década pero, hasta hace poco, el político más poderoso era el peronista Omar Judis, el «De Vido chaqueño». El «cajero de Capitanich» –como lo llama la denunciante Marilyn Canata- fue candidato a intendente de esa localidad y rector de UNCAUS (Universidad Nacional del Chaco Austral). Cuando Canata denunció al intocable Judis ni la bancada radical, a la que pertenecía, quiso acompañarla. Tres años después, su denuncia por lavado de activos y malversación de fondos públicos fue avalada por la Justicia. Días atrás, Judis y su hijo Enzo fueron procesados por haber ideado un plan para vaciar los fondos públicos que recibía la universidad.
1. El kiosco universitario
El 5 de octubre de este año, Omar Judis, su hijo Enzo, el vicerrector de la Universidad Walter López y el titular de Tridelta SA, Juan Carlos Tymkiw, fueron procesados por defraudación de la Administración Pública. El fiscal Federico Carniel comprobó 85 hechos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, fraude en perjuicio del Estado, entre otros delitos. Judis creó, siendo ministro de Infraestructura de Capitanich, «una estructura en la Universidad UNCAUS para designar familiares dentro del organigrama jerárquico y ejecutó licitaciones y contrataciones directas de manera fraudulenta». Cada reforma edilicia la ganó Tridelta e Intym, propiedad de Twmkiw, como la ampliación del edificio de la universidad, construcción de un nuevo edificio tecnológico, un complejo deportivo, una pileta olímpica y una unidad médica que no se terminó de construir.
El contratista le vendió un departamento a Marcela Pobi, pareja del funcionario y rector de la universidad, por un monto irrisorio de 515.000 pesos. El escribano fue Daniel Judis, hijo del propio funcionario y auditor universitario. Tridelta también le ofreció un auto en comodato al rector. Judis maneja un auto a nombre de la firma constructora que ganaba las licitaciones de su universidad.
La familia Judis armó una fundación para girar fondos públicos de la Universidad. A través de facturas con la leyenda «Aportes Institucionales» desvió $36.874.286. Tres días antes de la Navidad del 2015, luego del cambio del gobierno nacional, Omar Judis autorizó el pago de 700 mil pesos al Ministerio de Salud chaqueño para «acompañar acciones y trabajar de datos y determinación del impacto en la población» de forma directa. La plata la recibió la médica Natalia Judis. Su hija. Además, por la resolución 260/150, Natalia fue nombrada directora de la Unidad Médica Educativa de la universidad en la que su padre es el rector.
El procesado Enzo Gabriel Judis, otro de los hijos del ex ladero de Capitanich, fue noticia nacional por organizar fiestas «descontroladas» en la flamante pileta universitaria. Fueron los precursores del «posporno» con «chupi y bikini para todos y todas». Enzo pasó de ser secretario de Bienestar Estudiantil en UNCAUS a secretario académico mientras asumía como presidente de la Fundación Universitaria. A dedo ocupó un lugar en la Junta Electoral de las elecciones del 2015. La auditora que controla a los hijos de Judis y su padre, el rector, es Paola Vanesa Parra: la prima que reemplazó al escribano Daniel, hijo mayor del rector Judis. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCAUS fue para otro pariente: María Alicia, hermana del ex candidato a intendente. En el cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles, el amigo íntimo de Judis fue el elegido: Ariel Martínez. Los posgrados los maneja la primer esposa de Judis: Tania Polischuk.
El artículo 51 de ética pública dispone que el funcionario público no deba designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo.
2. Bolsos y corrupción en Taco Pozo
No sólo Judis acomodó a sus familiares más cercanos en la universidad que dirige. El eterno intendente de Taco Pozo, localidad de 8470 habitantes ubicada en la punta oeste de la provincia, ubicó a su hijo en el Consejo Superior de la UNCAUS. Es más, el automóvil dominio INK463 lo maneja el rector pero pertenece a Alejandro Carlos Ibáñez, hijo del intendente que integra la estructura universitaria.
Más aún, Tridelta, la empresa constructora que apadrinó Judis y que ganaba las licitaciones, por arte de magia, figuraba, según el edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia del Chaco del lunes 11 de abril del 2011, en la ruta 16 en el kilómetro 491,5. Allí no hay nada. Sólo la ruta. Es el ingreso al pueblo Taco Pozo. Para llegar allí, la ruta 16 se adentra en Santiago del Estero y luego regresa al Chaco. El pueblo lo gobierna Carlos Ibáñez. El hijo del intendente es socio del empresario Nelson Jorge Varela, señalado como uno de los «testas» de Judis. En el 2014, Varela facturó 181 mil pesos por movimiento de suelos en La Clotilde. Ese fue uno de los pueblos elegidos por Judis en su proyecto de saneamientos que encaró cuando estuvo en el Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de sus escasos habitantes, el intendente mandó a construir una peatonal en Taco Pozo.
En los próximos días, el fiscal Carlos Stornelli recibirá una denuncia contra el intendente Ibáñez por ser parte del financiamiento espurio de la política. Antes de ser intendente, Ibáñez fue diputado provincial. «Acá llegaron los bolsos de José López» sentencia Canata y señala al hombre fuerte de Taco Pozo como el nexo entre el secretario de Obras Públicas de la Nación y el ex ministro de Infraestructura de la provincia del Chaco. Todos los mencionados poseen una flota de autos a su nombre que incluye 4×4 y camiones Iveco.
Según la denuncia, Carlos Antonio Ibáñez «habría amasado una considerable fortuna, derivada en un entramado de negocios privados y públicos que involucraría a familiares, resulta que sería propietario de inmuebles en Resistencia, Sáenz Peña, varias extensiones de campo, 18 camionetas y 8 camiones de los cuales la mitad estarían alquilados a Vialidad Provincial y vinculados a la constructora Tridelta».
Peatonal de Taco Pozo
El fantasma de los cuadernos de Centeno y los viajes constantes de José López al Chaco aparece en Taco Pozo. El Chaco recibió 450 millones de pesos para construir viviendas en el programa Sueños Compartidos a través de la Fundación de Hebe de Bonafini. López se manejaba directamente con el gobernador Capitanich.
Todos los procesados por la estafa en la UNCAUS comparten los mismos abogados defensores. Uno de ellos, Jorge Alcántara, ex fiscal, fue asesor jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en la época en que Judis la dirigía y se había mudado a Buenos Aires acompañando al jefe de gabinete Jorge Capitanich.
3. El negocio de la basura
Judis fue el segundo funcionario chaqueño que se mudó a Buenos Aires cuando Jorge Milton Capitanich desembarcó en la Casa Rosada. El primero había sido Carlos Sánchez, contador que eligió Coqui para manejar la Dirección de Aduanas en medio de la investigación por la causa de narcotráfico más grande de la historia de su provincia: Carbón Blanco. Judis asumió como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable mientras era rector de la Universidad del Chaco Austral. Manejaba las obras públicas de Capitanich durante los ocho años en que Coqui gobernó la provincia. Al frente del Instituto de la Vivienda estaba Domingo Peppo, hoy alejado de Capitanich y uno de los gobernadores peronistas que tienen más simpatía con el gobierno nacional de Mauricio Macri.
La dupla Capitanich-Judis impulsó el Mega Plan de Tratamientos de Residuos Urbanos por el que 90 intendencias –29 ubicadas en El Chaco– recibieron 600 millones de pesos. En el 75% de las intendencias se detectaron irregularidades y sobreprecios. El intendente Aldo Leiva de General José de San Martín, por ejemplo, recibió $7.200.000 para construir una planta de residuos sólidos sobre una zona inundable. Un disparate. Según el abogado Carlos Silva que denunció el desaguisado, la familia de Leiva habría comprado previamente los terrenos aledaños. El 4 de septiembre de este año, el fiscal chaqueño Guillermo Codutti y el juez subrogante Luis Eugenio Allende sobreseyeron al intendente. Pero el juez federal Claudio Bonadio lo citó por la misma causa conocida como Girsu –Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- por la que está procesado Capitanich.
A la Justicia local no le llamó la atención que Judis hubiese nombrado al frente de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable a su hijo Enzo. Judis le concedió a la Asociación «Proyecto Nación Joven», 1.424.000 pesos para mejorar el medio ambiente a través de «identificación de enfermedades relacionadas con el consumo de aguas arsenicales en poblaciones rurales». Su titular es Sebastián Paksvan. En el 2015, el farmacéutico Paksvan acompañó a Judis en la lista para ganar la intendencia de Sáenz Peña como concejal. Juntos formaron parte de «Identidad peronista» para «encontrar la solución a los problemas de los vecinos» y «darle la felicidad al pueblo» como reflejaron los medios locales.
Pero Leiva no es el único intendente que se enriqueció en los últimos años mientras su pueblo se empobrecía.
4. Intendentes millonarios
El Chaco dijo presente en todos los canales de televisión cuando se conocieron las escandalosas imágenes con la flota de autos y los millones que encontraron en la casa del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner. Hoy lo representan los mismos abogados de Jorge Capitanich: Gastón Chapo y Marco Molero. A pesar de ser los abogados más caros de la provincia, Heffner dijo que «se los recomendaron» pero «antes de hacer un arreglo, pregunto bien los números».
A Molero se lo suele ver en Comodoro Py defendiendo al Coqui en las causas que se tramitan en la Justicia federal como el Fútbol para Todos. Peppo también lo eligió para actuar como querellante en representación de la provincia en una causa sobre lavado en la que está detenido su ex mano derecha, Horacio Rey, el subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, el coordinador de pautas publicitarias, Gustavo Katavich, entre otros funcionarios que formaban parte de una banda destinada a desviar fondos públicos. El fiscal Patricio Sabadini, se animó a investigar y detener a funcionarios en función, sin esperar a que dejasen el poder.
Otro de los laderos de Capitanich en el Congreso de la Nación es el ex intendente de Lapachito, ubicada en el Departamento de General Donovan. En la localidad viven 1448 según el INDEC. El actual diputado nacional del Frente Para la Victoria, Juan Mosqueda, gobernó su pueblo desde 1989. Toda una vida.
A sus 55 años, según informes que Infobae obtuvo en la Oficina Anticorrupción, Mosqueda es dueño de dos casas en su pueblo por 1.600.000 pesos y Ford Mondeo Titanium modelo 2016. Posee un plazo fijo en pesos por $736.724 y otro en dólares por 465.537,60. O sea que su patrimonio personal, a su nombre, supera los 20 millones de pesos. Nada mal para un dirigente que gobernó para 1500 personas. Los dos millones sin declarar que le encontró la policía chaqueña, al intendente Heffner, escondidos en el techo de su casa, parecen un vuelto en comparación con su par de Lapachito.
Lo cierto es que, detrás de cada pueblo pobre en la provincia del Chaco, aparece un intendente millonario.
5. La oposición cómplice y corrupta
La gran esperanza que tenía Cambiemos en Chaco se llama Aída Ayala. Gobernó Resistencia, capital de la provincia, durante ocho años. En el 2015, sacó el 42% de los votos, a solo 12 puntos del actual gobernador peronista, Domingo Peppo. En diciembre de ese año, fue designada secretaria de Asuntos Municipales de la Nación y renunció, dos años después, para asumir como diputada nacional luego de obtener un aluvión de votos. El radicalismo y el presidente Macri creían que en el 2019 sería la gobernadora del Chaco. Pero la corrupción, también a ella, se la llevó puesta.
En abril del 2018, la Justicia solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero y detención de Ayala. Está procesada por lavado de activos a través de la empresa de recolección de basura Pimp SA. El fiscal Sabadini comprobó que la banda de Ayala evadió impuestos, se enriquecieron ilícitamente y conformaron una asociación ilícita para delinquir. Está embargada por 200 millones de pesos. Misma suerte corrieron el secretario de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y los empresarios vinculados a la firma Pimp: Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Rolando Acuña, Fátima Rigassio y Alejandro Fischer. En Resistencia, desde la intendencia, habían armado una red de cooperativas truchas para desviar fondos como Cooperativa Omega Visión, Las Palmeras Cooperativa o El Ciudadano.
La mancha venenosa de la corrupción arrastra a los líderes de la oposición en un contexto en el que el actual gobernador Peppo sufre el desplante de líneas internas del peronismo que lo acusan de ser condescendiente con el gobierno nacional de Macri mientras el pueblo sufre el ajuste económico.
A pesar de que todos sus funcionarios de extrema confianza están siendo investigados por la justicia y que, el mismo, debe visitar Comodoro Py por causas judiciales en las que está comprometido, Jorge Milton Capitanich es hoy el político con más chances de gobernar El Chaco el año próximo. Es la misma situación que hoy vive la Argentina con la ex presidenta Cristina Kirchner.
