El pedido de detención de Pablo Moyano, formulado por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, logró unificar al sindicalismo fragmentado hasta hoy en la CGT, las dos CTA y el nuevo Frente Sindical, que organiza una movilización a Ezeiza para respaldar al secretario adjunto de Camioneros y amenaza con un paro general.
«No hay motivos para el disparate de detener a una persona porque cualquier personaje lo denuncia; la gente va a reaccionar. No descartamos un paro nacional cuando se trata de una injusticia de esta naturaleza», advirtió Hugo Moyano.
«Hemos recibido la solidad de todas los organizaciones sindicales, sociales; creen que doblegando a los Moyano, encarcelándolos, avanzan sobre toda la dirigencia gremial y sobre todos los trabajadores, ese es el objetivo del Gobierno, que día a día hambrea más a la gente», amplió el gremialista en declaraciones a las radios 10 y El Destape.
El fiscal Scalera consideró a Pablo Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra del club de Avellaneda, que se dedicaba a defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos. El juez Luis Carzoglio podría resolver este pedido el martes o el miércoles.
A raíz de esto, el movimiento obrero organiza una movilización para el próximo jueves esperar en el aeropuerto de Ezeiza a Pablo Moyano, que se encuentra en Singapur en un congreso sobre gremios de Transporte.
Para el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, uno de los gremialistas que tuvo diálogo fluido con el Gobierno, advirtió que la eventual detención de Moyano sería un «exceso que va a terminal mal; es una revancha y el país no está para una revancha». «Se van a equivocar, pensar que podés frenar pedido sindical con un problema que es del fútbol es un error», señaló el sindicalista.
Por su lado, Pablo Micheli, de la CTA autónoma, consideró que el pedido de detención ordenado por el fiscal Scalera «es una escalada más del Gobierno y de fiscales y jueces adictos al Poder Ejecutivo para perseguir a los luchadores populares. Aquellos que nos oponemos a este modelo que hace estragos somos perseguidos de una manera u otra, y a los Moyano desde hace mucho tiempo que tienen ganas de encarcelarlos sin tener pruebas para hacerlo».
A través de un comunicado, la CGT exigió el «cese de las maniobras de hostigamiento y persecución», y reclamó al Gobierno nacional que «se abstenga de seguir atacando a las organizaciones sindicales por el solo pecado de defender dignamente los derechos de los trabajadores».
En uno de los peores momentos de la relación entre el Gobierno y la central obrera, la conducción cegetista señaló que las causas contra Pablo y Hugo Moyano forman parte de una «campaña de persecución a dirigentes gremiales» con el doble objetivo de «distraer la atención a la tremenda crisis económica que padece el pueblo argentino y a la vez amedrentar al movimiento obrero organizado para que no continúe con el Plan de lucha».
«No escapa siquiera al más distraído la voluntad explícita del Gobierno de llevar a la familia Moyano a prisión. Impúdicamente lo ha manifestado en repetidas oportunidades la diputada Carrió y muchos funcionarios del Gobierno, adjudicándole hasta al propio Presidente ese objetivo de forma personal», agregó el escrito que lleva las firmas de los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, y de los secretarios Jorge Sola (Prensa) y Julio Piumato (DDHH).
«Estamos ante un nuevo hecho de persecución política y revanchismo de clase; el Gobierno persigue a aquellos dirigentes que se ponen de pie y le dicen la verdad al movimiento obrero», planteó, por su lado, Hugo Yasky, de la CTA de los argentinos. «Si lo detienen nos vamos a movilizar y vamos a defender la libertad de los dirigentes. Vamos a estar en la calle», detalló.
