El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, apeló el falló que absolvió al ex presidente Carlos Menem en el caso por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador y le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque el pronunciamiento.
«La sentencia recurrida que arbitrariamente consideró lesionada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y en consecuencia declaró extinguida la acción penal y absolvió a los imputados, causa un agravio concreto a este Ministerio Público Fiscal en tanto tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad», aseguró Pleé en el dictamen que se presentó esta mañana y al que accedió Infobae.
Un camino largo y sinuoso
La causa lleva dos décadas de trámite. Comenzó en 1995 por la firma de tres decretos presidenciales entre 1991 y 1994 para venderle 6.500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela. Pero el destino final fue Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía una prohibición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para venderles armas porque estaban en guerra.
Menem era presidente y la causa entró en los pliegues de la justicia para que no tuviera avances. Ya fuera del poder, el ex presidente estuvo preso seis meses en 2001. En 2008 comenzó el juicio oral a Menem y otros 17 acusados que duró tres años. Todo fueron absueltos en 2011 pero en 2013 Casación revisó el fallo y los condenó junto a otras 11 personas por contrabando agravado.
El ex mandatario –dos veces presidente, entre 1989 y 1999– y actual senador recibió una pena de siete años de prisión y de 14 años de inhabilitación ejercer cargos públicos. Otra vez intervino Casación y en junio del año pasado –con una demora de cuatro años– confirmó la pena. El caso llegó a la Corte Suprema, que estableció que todavía faltaba que una nueva instancia de Casación confirmara que Menem fue culpable.
Eso no ocurrió. A principios de octubre, los jueces de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques lo absolvieron. Los dos primeros aplicaron el criterio de «plazo razonable». Sostuvieron que los 23 años de causa judicial excedieron los límites razonables para que una persona esté bajo un proceso judicial y que la irresponsabilidad del Estado en no dar una respuesta a tiempo no puede recaer en los acusados. Por lo tanto absolvieron a todos los condenados. Sin embargo, no identificaron a quiénes dentro del Poder Judicial demoraron el expediente.
Infobae
