La causa por los cuadernos de la corrupción sigue sacudiendo los tribunales de Comodoro Py 2002, pero esta vez el foco está puesto en la interna que desató quién se queda con una parte de la causa: la investigación de los negocios de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que, a través de presuntos testaferros, movió 70 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos. La pelea, que quedó plasmada en papeles, gira en torno de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que actúa en las dos causas. Y hasta salpicó a una de las querellas del Gobierno en el caso.
Bonadio fue el primer juez que investigó a Muñoz por enriquecimiento ilícito cuando estaba en la función pública y lo sobreseyó en 2010. Rodríguez abrió una nueva causa en 2013 por los dichos de Miriam Quiroga –que se cerró-, pero a la que se le anexaron denuncias de Elisa Carrió para investigar el patrimonio del ex secretario de Kirchner. En 2016, los «Panamá Papers» registraron cuentas en off shore en el exterior y activaron que la UIF reportara la compra y venta de una quincena de propiedades en Estados Unidos a través de presuntos testaferros.
Y Muñoz se convirtió en una pieza central en el caso de los cuadernos y el dinero que habrían recibido los Kirchner. Ahora, por sugerencia de Stornelli, Bonadio le pidió a Rodríguez que le envíe su causa. Pero Rodríguez se negó y citó a indagatoria para el 15 de noviembre a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y al resto de los acusados.
Pero Pochetti y otros ya quedaron presos esta semana por orden de Bonadio, acusados de integrar la asociación ilícita de las anotaciones de Oscar Centeno. Hasta hace dos semanas, Rodríguez se había negado al pedido de detención e indagatoria que había pedido Stornelli, junto a un congelamiento de bienes en Estados Unidos. La Cámara Federal, sin embargo, anuló la decisión del juez y activó las citaciones.
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Todo este escenario vuelve a poner al rojo vivo el cruce entre Rodríguez y Stornelli. Es un secreto a voces en tribunales que la relación se quebró con la causa de Río Turbio y el pedido de detención sobre Julio De Vido. Rodríguez se negó a detener al ex ministro de Planificación y lo terminó disponiendo la Cámara Federal, en el fallo que se dio a conocer como la doctrina Irurzun. Más tarde, Rodríguez apartó a Stornelli del caso a pedido de la defensa de Roberto Baratta y la Cámara también lo repuso. Ahí la Oficina Anticorrupción también jugó fuerte para sostener al fiscal.
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En la resolución del miércoles a la que accedió Infobae, Rodríguez aseguró que las defensas de la causa de Muñoz hablan de una «réplica de la acusación» en las dos expedientes, porque –dijo la defensa de Muñoz- Bonadio abrió un expediente conexo a la causa principal de cuadernosn para esta parte de la pesquisa. Fue ahí cuando disparó contra Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el caso.
«Más allá de la orden del Juez a cargo de las actuaciones (Bonadio) y de los motivos que haya estimado conveniente para ordenar su formación, observo que tanto el titular de la Fiscalía Federal nro. 4, Dr. Carlos E. Stornelli -quien actúa en ambos procesos-, así como la propia UIF en la persona de su titular Mariano Federici como sus abogados que representan con exclusividad en materia penal a la Unidad en las dos causas, conocedores todos de los pormenores de los objetos procesales en estudio -por otra parte fijados por ellos mismos conforme sus responsabilidades como acusadores-, se encuentran en condiciones de advertir si la actividad jurisdiccional descripta puede distorsionar las investigaciones que ellos mismos impulsan, o lo que es más delicado, amenazar las más sagrados derechos en el marco de un proceso penal y de desconocer las garantías que los preservan, protección que para el imputado el bloque constitucional reserva de manera excluyente«, escribió Rodríguez.
A eso, añadió: «aquí indudablemente el Sr. Fiscal corre con la responsabilidad de controlar que se observe no solamente la formación y avance de cualquier proceso, sino del debido proceso. Y este no es un dato menor si se atiende la calidad de los derechos que se encuentran en juego».
Bonadio investiga la causa de los cuadernos en donde aparece Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor y Cristina Kirchner recibiendo dinero de la supuesta banda que recaudaba desde el Ministerio de Planificación. Mientras tanto, Rodríguez tenía en sus manos una vieja investigación por enriquecimiento ilícito contra Muñoz y su entorno –ahora convertida en lavado de dinero porque había dejado su rol de funcionario público-.
En el último año, la investigación de Rodríguez fue creciendo con información aportada por la Unidad de Información Financiera que detectó una cadena de sociedades y movimientos detrás de la compra y venta de propiedades en Nueva York y Miami por más de 70 millones de dólares.
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Stornelli le pidió en setiembre a Rodríguez llamar a indagatoria y detener a la viuda de Pochetti y el resto, y solicitó congelar las cuentas bancarias en el exterior. Pero el juez lo rechazó y otorgó eximiciones de prisión bajo fianza. Ahora esta cuestión está siendo revisada por la Sala II de la Cámara Federal.
Cuando las defensas estaban organizando como reunir el dinero, Bonadio firmó el viernes 19 de octubre las órdenes de detención de la viuda de Muñoz y el resto, a la luz de las pruebas del expediente cuadernos y acusándolos de formar una asociación ilícita. «Enterado el tribunal de las detenciones concretadas en relación a aquel proceso de Sergio Sebastián Todisco, María Elizabeth Ortiz Municoy y que se presentara en la misma condición Carolina Pochetti, quedó definitivamente instaurado el interrogante respecto de cuál sería la imputación que afrontarían en aquel juzgado del fuero», dijo Rodríguez.
Y se respondió que «a esa altura, a la posible superposición de imputaciones en sendos expedientes y distintos juicios» se «justificó la privación de la libertad de aquellos y se los mantiene en esa condición». En ese marco, cuestionó al fiscal y la UIF y rechazó declinar su intervención en la causa.
Si el fiscal Stornelli apela, un escenario muy probable, definirá uno de los jueces de la Sala 2. Si la queja llega desde el juzgado de Bonadio, será Irurzun, como presidente de la Cámara Federal, el encargado de dirimir la contienda.
Fuente: Infobae
