El Gobierno esperará al resultado electoral del próximo año para avanzar con la reforma previsional comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si los resultados de los comicios del 2019 son positivos para Cambiemos, y en consecuencia Mauricio Macri es reelegido por otros cuatro años; este será uno de los primeros proyectos que su segunda gestión enviará al Congreso para su tratamiento. Si, por el contrario, las urnas le dan la espalda; quedará como uno de los compromisos que su sucesor deberá negociar con el FMI para el 2020.
La promesa de una nueva reforma previsional fue uno de los capítulos más importantes y sonados del nuevo acuerdo que el board del organismo aprobó y cerró el viernes pasado; y cuyo contenido (en algunos temas clave inéditos y hasta ocultos por parte del Gobierno) se conoció este fin de semana. En uno de los puntos, Argentina y el FMI se comprometen a «identificar reformas duraderas y de alta calidad (incluida la mejora de los procesos presupuestarios y de recaudación fiscal, revisiones a los actuales sistemas distorsivos de impuestos y subsidios, y comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria)». La inclusión de esta reforma previsional fue incluida obligatoriamente por el organismo internacional; a partir de un informe muy negativo sobre la solvencia del sistema de jubilaciones local, surgido del dictamen que los técnicos del FMI que tienen a su cargo el caso argentino. En su último informe, los hombres que siguen las directivas del italiano Roberto Caldarelli, marcaron que entre las muchas reformas pendientes en el país y que dificultan la posibilidad de contar con una economía saneada y en equilibrio fiscal; se encuentra el deficitario sistema previsional. Y se le reclama al país que avance seriamente en reformas estructurales «del sistema de pensiones» a las que califica como «muy necesarias». Si bien el trabajo de los economistas del FMI no avanzan en medidas puntuales (nunca las hay en un documento de presentación de un nuevo acuerdo), se sabe que entre los tópicos sobre los que presiona el FMI figuran la suba de la edad jubilatoria a un esquema de entre 67 y 70 años no voluntario, nuevos cambios en el cálculo de la fórmula de indexación de los pagos, eliminación de todos los regímenes especiales y prohibición de crear nuevos y ampliación de la base de jubilaciones de prestación mínima.
Sabe el Gobierno que luego de la experiencia negativa de la última reforma previsional de diciembre del año pasado, aprobada con grandes dificultades de negociación política y con hechos de violencia en las calles que llevaron a la suspensión de una sesión en Diputados; avanzar en este proyecto en el mediano plazo es una utopía. Descarta el macrismo que es imposible conseguir durante los primeros meses del 2019 el quórum necesario para una reforma previsional cuyo ADN es el ajuste en las prestaciones jubilatorias, más cuando se trata de una año electoral donde muchos de los gobernadores con los que se necesitarían negociar los votos en diputados y el senado se juegan sus reelecciones. La experiencia de la semana pasada con nuevos hechos de violencia similares a los de diciembre, durante el tratamiento del presupuesto 2019 ratifican que para Cambiemos este capítulo pactado con el FMI es imposible de pensar en la coyuntura actual. Ante esto la idea del Gobierno es avanzar en medidas transitorias, aclararle permanentemente a los hombres del Fondo que toquen el caso argentino que la idea del Gobierno es trabajar sobre esta reforma en una nueva legislación «refundadora y estructural», pero que para esto se deberá esperar a las elecciones presidenciales del próximo año, y que el nuevo Congreso sea el que lo lleve al recinto. Supone el Gobierno que una ratificación de Macri en la Casa Rosada vendría acompañada por una mejora en las relaciones de fuerza en el Congreso, y que en los primeros meses de una eventual segunda gestión de Cambiemos se podrá trabajar sobre el tema. No antes. El FMI deberá entenderlo. Y el gobierno cumplir con el resto de las promesas firmadas en el acuerdo del viernes pasado.
Donde sí podría haber avances, leves pero constantes, es en otro capítulo dentro de una reforma previsional. El avance en la liquidación paulatina del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la mayor caja disponible del Ejecutivo y que bajo la administración de la ANSES, financia en parte las jubilaciones argentinas. Según el compromiso que se pactó con el FMI en el primer acuerdo de junio pasado, parte de esta caja podría ser trasladada al sector privado como aportes para el pago de la «reparación histórica» impulsada por el propio Gobierno en 2016. En ese pacto con el Fondo, argentina se comprometió a conseguir fondos para cumplir con la «reparación» con «amortización de activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del Gobierno». El FGS está formado, fundamentalmente, por las acciones de empresas privadas que ingresaron al Estado durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a partir de la reestatización de las AFJP en 2008; y la intención oficial es ir analizando la colocación de parte de estas acciones en el mercado de capitales; con prioridad de compra para los propios dueños de las compañías. La estrategia primaria que tiene en mente el Gobierno es la de ofrecer primero las acciones a los propios dueños de las compañías en operaciones de «recompra»; ante el interés permanente de varias de las propias empresas de volver a tener bajo dominio propio estas acciones (en el total del paquete o en parte de él) y terminar con la convivencia con funcionarios públicos en sus directorios. El dinero obtenido sería utilizado únicamente para financiar la «reparación», al menos hasta que pueda avanzarse en la nueva ley de reforma previsional; lo que, como se explicó, deberá esperar hasta la próxima gestión presidencial.
El acuerdo con el FMI presentado en sociedad el viernes, implica una ampliación del stand by por unos U$S 56.300 millones de dólares; de los que unos 24.000 millones se liberarán en los próximos 5 meses; comenzando por unos U$S 5.700 millones entre el jueves y el viernes de esta misma semana; U$S 7.700 millones en diciembre y 11.000 millones en marzo de 2019. De esta manera, y de acuerdo a los vencimientos de deuda que debe afrontar la actual administración, se prevé que el presidente Mauricio Macri finalice su mandato con un excedente de entre u$s10.000 y u$s15.000 millones respecto a los vencimientos pautados para esta gestión.
Para acceder al crédito, el Gobierno se comprometió a lograr el equilibrio fiscal el año próximo, y un superávit equivalente a 1% del PBI para el año próximo.
Entre los puntos que el FMI convalidó el viernes pasado, figura el aval a la continuidad de la «Zona de no Intervención» del mercado cambiario, negociada en su momento con el organismo por el actual titular del Banco Central Guido Sandleris, y que impone un dólar fluctuando entre 34 y 44 pesos.
Carlos Burgueño/Ámbito
