Se planteó esta semana una guerra entre los arrepentidos en el segundo piso de Comodoro Py, donde la Cámara Federal debe resolver si confirma o no los procesamientos que firmó el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos de la corrupción. Esta vez las acusaciones apuntaron especialmente contra el financista Ernesto Clarens, quien entregó a la Justicia los listados de obras públicas con presuntos sobreprecios para poder conseguir, después de varios intentos, la «sortija» de imputado-colaborador.
La defensa de Juan Chediack, el ex titular de la Cámara de la Construcción en los últimos años del gobierno kirchnerista que contó cómo pagó coimas desde 2003 al 2015, llegó hasta tribunales para pedir que se dicte su falta de mérito en el caso de los cuadernos, pero denunció que la asociación ilícita de los cuadernos «no está desmembrada». Agregó, además, que al declarar como arrepentido Clarens «vino a cumplir un rol estratégico en la causa: seguir garantizando la impunidad de los jefes de la banda».
«No vino ni a apuntar para arriba, ni a colaborar con el recupero de fondos. El señor Clarens en esta causa viene a hacer lo que hacía duramente el ejercido de esta cleptocracia: apretar a los que eran víctimas y conspirar contra el éxito de la causa», advirtió el abogado Pablo Lanusse en una audiencia frente a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de Cámara Federal, en la que estuvo presente Infobae.
Llamó la atención la virulencia de los dichos del abogado -quien fue funcionario de Justicia en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y luego un feroz crítico de la gestión-.
En su exposición reclamó diferenciar a los empresarios de los «pseudoempresarios» que llegaron con el «tren de saqueo patagónico» para continuar lo que pasaba en Santa Cruz antes de 2003. Y advirtió sobre la persecución a jueces, fiscales y opositores en la era k y hasta el asesinato de Alberto Nisman. La alusión no fue menor: Lanusse es el abogado de la madre del fiscal fallecido.
«En la selectiva y extraña memoria de Clarens, hay más de otro cabrito que saltó el cerco de la justicia y se está hoy garantizando su impunidad», dijo el letrado. Y tras preguntarse «cómo no resulta extraño» a los investigadores que niegue conocer a Cristina Kirchner, o alguna cuenta o banco por donde pasó el dinero, Lanusse advirtió que «esa memoria selectiva busca garantizar la impunidad».
«Después de que el señor Clarens gozara en este edificio por lustros de alegre impunidad, un fiscal federal (Carlos Stornelli) pidió su detención por los dichos de Chediack.
Llamativamente el señor Ernesto Clarens, a partir de una difusión periodística del testimonio que habíamos mantenido bajo cerrojo, se presentó en la causa, evitó por primera vez el pedido de detención –sostuvo-. Se fue más veces a su casa que un alumno a preparar la tarea mal hecha. Los fiscales retiraron en dos oportunidad el acuerdo porque estaba mintiendo y del quinto al cuarto piso se le cayó un imputado, el señor Sergio Esquenzi. Se le cayó, se equivocó», dijo.
Y añadió: «El señor Clarens sigue ejerciendo en esta causa el rol que tiene en la asociación ilícita, porque esa asociación no está desmembrada. Clarens vino a la causa a cumplir un rol estratégico: seguir garantizando la impunidad de los responsables y de los jefes de esa asociación ilícita. ¿Cómo lo hizo? Atacando a los imputados colaboradores que realmente trajeron información cierta y contundente como es el caso de Chediack y de otros».
Chediack, dueño de una constructora con su nombre, es uno de los imputados colaboradores que está acusado de ser parte de la banda que, a criterio del juez, lideró Néstor y Cristina Kirchner para hacer negocios desde el Ministerio de Planificación y cuyos negociados quedaron fueron descriptos en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
En su confesión, Chediack confirmó que integró el Club de la Obra Pública que cartelizó los precios y las licitaciones e incluso afirmó que le pagó coimas personalmente al ex ministro Julio De Vido en el living de la casa del ex funcionario y en el baño del Ministerio de Planificación. Fueron Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, y el financista Clarens los que terminaron comprometiendo a Chediack que apenas se enteró de los dichos del primero corrió a los tribunales de Retiro a convertirse en imputado-colaborador y contar cómo Clarens lo había presionado junto a José López para informarle cuánto dinero debía entregar mensualmente a Planificación. Clarens también entregó un listado de obras con presuntos sobreprecios que criticaron varias defensas.
Bonadio procesó a Chediack, Wagner y Clarens como miembros iguales de la asociación. Pero los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo apelaron: dicen que a Wagner, Clarens y a otros deben ponerlos como organizadores, pero que a Chediack y a otros no deben procesarlos por dádivas, como dijo el juez, sino por una figura mas grave: cohecho (coimas).
A lo largo de la audiencia, Lanusse sostuvo que «no hay ninguna prueba concreta que demuestre la participación de Chediack en la maquinaria para distribuir coimas» ni tampoco que «haya pagado libre y voluntariamente». Apuntando hacia Bonadio, protestó porque «no se puede calificar a su discurso como cobarde y acomodaticio».
Insistió en sostener que su cliente fue obligado a entregar dinero (habló de «las presiones y amenazas y aprietas y los castigos y perjuicios que sufrió como consecuencia de haber sido tratado como un enemigo») y validó las palabras del ex funcionario José López que mencionó que a la ex presidente la decían «la furia».
«¿Hace falta que describa el esquema autoritario que vivimos fundamentalmente en el gobierno de Cristina Elizabet Fernández? Colonización de la justicia, persecución a jueces y fiscales… El fiscal José María Campagnoli, el ex ministro Gustavo Béliz, el embajador en Venezuela (Eduardo Sadous)… La existencia de una estructura de espionaje en manos de un acusado de represión como general Cesar Milani, el uso de información de la UIF para perseguir a los que levantaba la voz cuando nadie la levantaba». Y añadió:»existía todo un esquema en donde aquel que denunciaba lo mataban ¿o hace falta que recuerde lo que ocurrió con el homicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman?»
En una jugada que sirve para todos los arrepentidos, Lanusse se quejó porque el juez Bonadio homologó «un acuerdo en donde se sostiene que Chediack fue víctima de un esquema de apriete y saqueo; y si eso fue homologado no se lo puede procesar como miembro» y se quejó por el apuro de mandar el caso rápidamente a juicio cuando la ley prevé un año para corroborar la veracidad de los dichos de los imputados-colaboradores.
«Estamos convencidos de que hubo una asociación ilícita pero en la que Chediack no participó, que es a nivel nacional que es un reflejo de lo que ocurrió en Santa Cruz cuando el matrimonio Kirchner gobernaba la provincia, con los Clarens, los Wagner, los Lázaros y los Cristóbal López. Eran todos los mismos operadores. Son los que venían en el tren del saqueo patagónico para saquear las arcas públicas. Ese es el corazón de la asociación ilícita que debe ser investigada», dijo. Sobre todo estos pilares, Lanusse pidió que se dicte la falta de mérito para su cliente y se reduzca el embargo de 4 mil millones de pesos que se le fijó.
