Luis D’Elía quedó este lunes a un paso de volver a prisión. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena por la toma de la comisaría en el barrio de La Boca. Por dos a uno, se decidió reducir su condena: en vez de cuatro años a tres años y nueve meses de prisión. El hecho ocurrió hace catorce años: en 2004 el líder piquetero era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, a cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, e irrumpió junto a un grupo de seguidores en la seccional policial para reclamar por el crimen de uno de sus compañeros.
La causa estuvo a punto de prescribir, pero finalmente llegó a juicio el año pasado. El 6 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 lo condenó a cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación por «lesiones leves, atentado contra la autoridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación», tal como lo había solicitado la fiscal Gabriela Baigún. «¡Viva Néstor, viva Cristina!», gritó tras escuchar el veredicto. Antes de conocer el fallo también había dicho que iría a la cárcel «con orgullo» y que el juicio era «a pedido de Mauricio Macri».
Ahora, Casación decidió respaldar las pruebas contra D’Elía y respaldar que sea condenado. Sin embargo, los jueces Liliana Catucci y Carlos Mahiques entendieron que debían bajar la pena a tres años y nueve meses. El voto mayoritario entendió que sólo debía quedar en pie la condena por instigación a cometer delito en la vía publica, porque el resto de los delitos estaba prescripto.
Mientras tanto, su colega Eduardo Riggi se pronunció por ratificar la pena inicial de cuatro años por todos los delitos. E hizo hincapié en que la conducta de D’Elía de ninguna manera podía considerarse un derecho constitucional. «Una cosa puede ser reclamar, peticionar o ejercer una protesta dentro de los cauces legales; y otra muy distinta es cometer un raid delictivo contra personas, bienes o institucionales, incitado a sus conspicuos seguidores a la comisión de múltiples delitos que en el caso y por obra quizás del propio azar no llegó a consecuencias mayores de las ya de por sí graves que se acreditaron», señaló el juez, según pudo saber Infobae. Un detalle: se revocó la inhabilitación para ocupar cargos públicos de D’Elía porque el delito de la condena no lo establece.
Entre que fue condenado por la toma de la comisaría y la confirmación dictada hoy por Casación, el líder piquetero estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz. Fue entre el 7 de diciembre y el 24 de marzo pasado, en la causa que investiga el encubrimiento al atentado a la AMIA, a través del Memorándum con Irán, en donde también está procesada la ex presidente Cristina Kirchner.
El juez Claudio Bonadio había dictado su prisión preventiva, que fue confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal que lo juzgará dispuso su excarcelación y la del de resto de los implicados que no tenían una condena anterior (Fernando Esteche sigue preso), por entender que no había riesgo de fuga ni entorpecimiento a la Justicia.
Ahora, D’Elía quedó a un paso de volver tras las rejas. Al confirmar la condena, su defensa solo podría intentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Si se lo rechazan, se dispondrá inmediatamente su arresto. Es el mismo escenario que ocurrió con los condenados por la tragedia de Once.
En el debate en donde fue condenado por la toma de la comisaría, fueron absueltos los otros implicados, Ángel Borello y Luis Alberto Bordón, por prescripción. En tanto, el TOF absolvió a D’Elía por un segundo hecho: la agresión que habría sufrido en el año 2008 en inmediaciones a la Plaza de Mayo un manifestante por las protestas del campo.
D’Elía ya registraba una condena anterior: fue sentenciado a una pena de cuatro días de prisión por golpear al ruralista Alejandro Gahan el 25 de marzo de 2008, durante una manifestación mientras se discutía en el Congreso Nacional el tema de las retenciones al campo.
La toma de la comisaría
Era la madrugada del 26 de junio de 2004. Se cumplían dos años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. D’Elía y un grupo de militantes y vecinos de La Boca ocuparon las instalaciones de la comisaría 24. Habían matado al dirigente comunitario Martín «Oso» Cisneros y el entonces funcionario aseguraba que el asesino, un dealer de la zona, estaba siendo protegido por la policía de esa seccional.
Según la acusación fiscal, los manifestantes entraron a los gritos de «Rati puto, abrí la puerta», «Si no traen al asesino, te quemo toda la comisaría», dijo uno. «Orinaron la gorra del comisario» y los agentes debieron «huir por los techos», se sostuvo. También golpearon al cabo primero Rubén Darío Braga. Se afirmó que fue D’Elía el que llamó a sus compañeros a romper y prender fuego los bienes, incluido los patrulleros.
La entonces jueza María Angélica Crotto ordenó el inmediato desalojo de la comisaría. Los entonces secretario y subsecretario de Seguridad ―el fallecido Norberto Quantín y el fiscal José María Campagnoli― acordaron la salida de los manifestantes del lugar, medida que fue avalada por el ex juez federal Norberto Oyarbide. La magistrada denunció a los funcionarios por «desobediencia», pero el expediente terminó cerrado.
Al ingresar en la comisaría, se encontraron con destrozos y roturas de muebles, computadoras y hasta la moto de un agente. Se denunció además que faltó un cuadro donado de Benito Quinquela, junto a expedientes y sumarios. Además, una mujer embarazada, que había llegado para hacer una denuncia, quedó retenida adentro de la seccional junto a su esposo y un menor de edad. No la dejaban irse.
Cuando en el juicio oral le tocó declarar, D’Elía rechazó las acusaciones: desmintió haberse apropiado de la seccional y aseguró que fue la policía la que abandonó el lugar aquel día.
Incluso afirmó que ellos no salieron porque era de noche y había «francotiradores» que podrían haber hecho «un desastre». El piquetero incluso culpó de las botellas de cerveza tiradas y los destrozos a los policías que retomaron el control de la comisaría la mañana siguiente («nosotros sabíamos lo que iban a hacer, los conocemos», dijo).
«La comisaria 24 no era el jardín de infantes ‘Mis Amiguitos’. El asesino era un dealer que trabajaba para ellos –dijo-. ¿Estábamos exaltados, dolidos? Sí. Tratamos de atemperar los ánimos, pero un policía me sacó un arma y me la puso en el pecho. Después el subcomisario dio la orden ‘salgamos’. Ellos hicieron abandono de la comisaría», afirmó en su indagatoria. Negó haber golpeado a efectivos, destruido patrulleros y haber privado de la libertad a personas, como una embarazada, que estaba en la seccional cuando ellos llegaron, e incluso deslizó que esa mujer –testigo clave- pudo haberse beneficiado haciendo esa declaración en su contra a cambio de que le hicieran desaparecer un expediente.
Aunque reconoció que tenía diálogo con funcionarios nacionales a los que había contactado antes del crimen de Martín Cisneros para plantear la problemática de la droga, el piquetero aseguro que esa noche –enterado del crimen- salió hacia la comisaría sin llamar a ningún responsable. «No llamé porque (en aquel momento, el presidente) estaba en China. Si no, hubiera llamado a Néstor Kirchner», aseguró.
Y afirmó que el juicio se estaba haciendo por decisión del Gobierno. «Mauricio Macri necesita que algunos íconos de la lucha social vayamos presos. No los culpa a ustedes. Pero hoy estamos aquí por decisión del presidente de la República», afirmó.
