Fue un año judicial movido para la familia Moyano. Han sabido sortear varias denuncias judiciales en su contra. Sin embargo, hay una causa donde están complicados. Es la que tramita ante el juez federal de Morón, Néstor Barral, quien los investiga por la presunta comisión del delito de lavado de dinero. En este expediente podría haber novedades importantes antes del inicio de la feria judicial.
Según acreditó el fiscal Santiago Marquevich, existe un entramado de empresas vinculadas al funcionamiento del Sindicato de Camioneros y sus entidades afines, lideradas por la familia Moyano. Como ya es de público conocimiento, el «Clan» administra empresas con objetos sociales diferentes, pero que tienen siempre al mismo cliente: el Sindicato de Camioneros. Esas compañías son administradas por los hijastros de Moyano: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
Según lo relevado hasta el momento en el expediente, hay indicios contundentes para afirmar que existe una asociación ilícita presuntamente conformada para perjudicar a los afiliados de Camioneros.
Uno de estos indicios se centra en la valuación contable de los equipos informáticos de la empresa Dixey. En 2012 generó 18 millones por la venta de servicios informáticos. Dos años después, con la misma capacidad operativa, 34 millones, casi el doble.
Otro indicio es que la Obra Social de Camioneros está al borde la quiebra, mientras que la empresa que contrata para tercerizar sus servicios –Iarai– registra utilidades positivas que se incrementaron en los últimos años. En el año 2016, sus ventas superaron los 1.000 millones de pesos.
Asimismo, los peritos designados trabajan contra reloj para determinar si los casi 200 millones de pesos que destina el Sindicato de Camioneros a gastos de seguridad son provistos por Organización de Seguridad Las Marías, empresa de Juan Manuel Noriega Zulet, la cual habría sido creada con el único fin de poder facturarle al Sindicato por tales servicios.
A estas sospechas se suma un informe recientemente elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que analizó los negocios entre las sociedades ligadas a Moyano con la empresa Turismo Martín. Allí se especifica que entre los años 2013 y 2017 los ingresos por cheques vinculados a su titular, Eduardo Ricardo López, se incrementaron en 2.000 por ciento.
En 2017, se registraron depósitos por más de $87 millones. Más del 90% de los ingresos de la empresa provendrían de entidades vinculadas a Hugo y Pablo Moyano, tales como el Sindicato de Camioneros, la Federación de Choferes de Camiones, la Mutual y en menor medida el Club Atlético Independiente.
Otro dato relevado por la UIF se centra en que en 2017 se retiraron más de $40 millones en efectivo por ventanilla, lo que representa casi la mitad de los fondos. La maniobra está en la mira de los especialistas antilavado.
En el marco de esta causa, los investigadores identificaron una donación realizada por el dueño de Turismo Martín, en el año 2016, al Club Social y Deportivo Camionero por casi un millón de pesos. Es decir, la empresa contratada le retribuyó fondos a la entidad contratante, una suerte de devolución de gentilezas que podría encubrir el pago de una coima.
