La liberación de Amado Boudou provocó que varios ex funcionarios y referentes sociales que están detenidos por diversas causas solicitaran su inmediata excarcelación. El primero fue el socio y amigo del ex vicepresidente, José María Núñez Carmona, quien ayer consiguió una resolución satisfactoria en el caso Ciccone, donde purga una condena de primera instancia.
Detrás de él se sumaron en las últimas horas otros dos nombres que están detenidos por presuntos delitos vinculados al gobierno anterior. El más emblemático es Lázaro Báez. El empresario está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 -el mismo que liberó a Boudou y Núñez Carmona- en la causa por la ruta del Dinero K y su abogado solicitó la excarcelación.
«Los fundamentos reseñados por el voto mayoritario son aplicables a la situación fáctica de mi cliente, por lo que su encarcelamiento deviene arbitrario y desproporcional», argumentó el letrado Esteban Balian en un escrito que fue presentado este viernes a las 8.
De acuerdo a los fundamentos del abogado, el único criterio que habilitaría a justificar una prórroga de la prisión preventiva es que Báez pudiera profugarse o entorpercer el curso de la investigación. Sin embargo -consideró- ambas posibilidades están descartadas porque el empresario siempre estuvo sujeto a derecho.
Para sostener esta idea, el letrado dijo que quedó demostrado que el día que el dueño de Austral fue detenido al bajar de un avión privado, no tenía la intención de fugarse del país como consideró Sebastián Casanello, el juez que en su momento le dictó la prisión preventiva.
También argumentó que Báez ya no cuenta con su aeronave, ni sus empresas -están quebradas- ni los «aceitados contactos» de los cuales se jactaba en reuniones privadas.
«Del mismo modo que Boudou y otros imputados, solicitamos a su vez que con el objetivo de reasegurar los fines procesales, entendemos apropiado al caso imponer al nombrado la colocación de un dispositivo de monitoreo GPS, persistir con la retención del pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer quincenalmente ante el Tribunal», sugirió la defensa.
Otro imputado que pidió su liberación es Fernando Esteche. El ex líder de Quebracho está detenido por el memorándum con Irán. A raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, se cree que participó de una maniobra para encubrir el atentado a la AMIA. Su pedido de excarcelación fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 8, que podría expedirse hoy mismo.
Tras los casos de Boudou, Núñez Carmona, Báez y Esteche, se cree que hay otros imputados que están planteando una defensa similar con el objetivo de que sus clientes esperen en libertad una eventual sentencia y posterior condena firme.
