El fiscal federal Federico Delgado imputó al senador de la UCR Juan Carlos Marino y a sus colaboradores, quienes fueron denunciados por una empleada del Congreso de la Nación por presunto abuso sexual cometido en el palacio legislativo entre 2016 y 2018.
El fiscal, además, invitó al legislador a entregar su teléfono celular con el fin de peritarlo.Por sus fueros de legislador la Justicia no lo puede secuestrar.
En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal Delgado no solo imputó a Marino sino también al colaborador del senador Pedro Fiorda y a Juan Carlos Amarilla, supuesto empleado parlamentario, ambos señalados por la licenciada Claudia Guebel de acosarla y abusar sexualmente de ella.
Entre las medidas sugeridas, el fiscal solicitó la citación de testigos, algunos de ellos colaboradores del senador, e invitó a Marino a aportar su celular para analizar mensajes y llamados en función de que la denuncia refiere a mensajes que habría recibido la denunciante, Claudia Mabel Guebel.
En el dictamen al que accedió Infobae, Delgado aseguró que «las agresiones a la integridad sexual y el acoso laboral, cuya investigación vamos a requerir, ocurrieron en un espacio singular: el Honorable Congreso de la Nación». «No es del todo clara su fecha de producción, pero aparentemente abarca desde el 2016 hasta 2018. La víctima es Claudia Mabel Guebel. Los imputados son tres: ‘el Dr. Amarilla’, el señor senador nacional Juan Carlos Marino y el señor Pedro Fiorda, alias ‘Cachi'», se sostuvo.
En su requerimiento, Delgado repasó que Guebel, licenciada en Ciencia Política y dirigente de la Unión Cívica Radical, accedió mediante un acuerdo político con el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales a un trabajo en la Cámara de Diputados, en la comisión de Juicio Político. Según su relato, Amarilla era el responsable de esa comisión y «la acosó durante el tiempo en que desempeñó en ese espacio», que habría sido en 2016 y 2017.
«Concretamente, Amarilla acosó a Guebel y decía que la investigaba con los servicios de inteligencia, a punto tal que ella afirmó que lo vio merodeando las inmediaciones de su domicilio. Todo esto fue materia de un sumario administrativo labrado por las autoridades», detalló Delgado en base a la aseveración de la denunciante.
Tras ese episodio, agregó, Guebel pidió el pase al Senado y comenzó a trabajar con Marino. Acordó trabajar desde su domicilio, presentar informes y cubrir sesiones cuando el legislador lo indicara. «Después de un mes de empezar el trabajo, Marino –de acuerdo a Guebel- le envió mensajes desde su celular a través de WhatsApp de carácter intimidatorio con frases como ‘¿donde estás? ¿Dónde vivís? Voy a estar allá y me doy una vuelta.
Preparate que voy a tu casa’. Y videos alusivos al sexo». Además, dijo la denunciante que los días 14 tenían que conseguir la firma del senador para un certificado de asistencia y la primera vez que fue la hicieron pasar al despacho, los asistentes se retiraron y el legislador «le tocó los pechos y le preguntó cuándo tomarían un café».
Al mes siguiente fue al despacho del senador por la misma razón y Fiorda la hizo pasar a la oficina, «le tomó de los brazos y le introdujo la lengua en su boca de un modo violento». Desde ese día, añadió, llamó insistentemente a su teléfono y terminó atendida por médicos por un pico de estrés.
En base a la descripción de la Organización Internacional del Trabajo y las conductas humillantes que se describen en ese tratado, Delgado propuso llevar adelante la reconstrucción histórica de los hechos en base a una serie de medidas de prueba.
Primero, planteó que mediante el mecanismo de cámara Gesell se amplíe la declaración de la víctima para tener más precisión acerca de la fecha de producción de los hechos y la identidad de las personas que estuvieron cerca del momento en que se produjeron y preguntarle si puede aportar las comunicaciones que recibió de parte de sus agresores a través de WhatsApp.
También se le requiere a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación que remita rápidamente el expediente administrativo labrado como consecuencia de los sucesos que ocurrieron en la Comisión de Juicio y que informe si hubo otro tipo de denuncias de características similares a la de Guebel, aunque con otros actores. La presidencia del Senado, asimismo, deberá informar si iniciaron actuaciones relativas a estos hechos o casos similares más allá de que los actores fuesen diferentes.
Delgado considera que es necesario además acceder a los teléfonos celulares de los imputados y sus comunicaciones. «En el caso del señor Fiorda, el juez deberá requerir sus llamados entrantes y salientes y ordenar el secuestro del aparato, invitando al portador a suministrar la calve de acceso u ordenar su desbloqueo por parte de una división específica de una fuerza de seguridad», sostuvo el fiscal.
El investigador además plantea que en el caso de Amarilla se deberá chequear primero a través de las autoridades de las cámaras del Congreso si es legislador. «Si efectivamente lo es, la fiscalía sugiere que de acuerdo a la artículo 1 de la Ley 25.320 requería al a presidencia para acceder a las comunicaciones telefónicas e invite al imputado a proporcionar su teléfono».
Por la misma razón, Delgado entendió que «esa invitación debe extenderse al senador Marino para que decida si quiere aportar su celular, aunque el acceso a su comunicaciones debe solicitarle de acuerdo al citado articulo 1 de la Ley 25.320 para evitar futuros planteos de nulidad».
Por último, el fiscal destacó que «por el modo en que Guebel llegó a trabajar con Marino, es imperativo escuchar como testigo a Hipólito Solari Yrigoyen y a los colaboradores del señor senador que se retiraron de su oficina cuando la víctima ingresó por primera vez. Al igual que a Claudio Presman que acompañó a Claudia Guebel durante parte del desarrollo de estos hechos. Así como también los antecedentes en poder de OSDE».
La denuncia
Según la denuncia, el legislador de La Pampa le insistió para que fuera a su despacho y cuando llegó, sin mediar palabra, la manoseó. «El senador estipuló que mis funciones fueran desempeñadas desde mi domicilio. Nunca tuve un trato de amistad ni de confianza, sí de respeto por su función. Ilusamente pensé que trabajar junto a él era el lugar indicado para mí», relató.
Dentro de los detalles que dio figuran algunos mensajes que recibió a través de su teléfono. «Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía ‘¿Dónde estás?’. ‘¿Dónde vivís?’. ‘Voy a estar por allá; me doy una vuelta’. ‘Preparate, que voy a tu casa’. Me enviaba videos alusivos al sexo», manifestó.
«Yo trataba de contestarle con respuestas evasivas que no comprometieran mi trabajo y que tampoco le den a pensar que yo estaba interesada en lo que me proponía», dijo Guebel.
Guebel ingresó a la Cámara de Diputados como empleada en 2001, pero a partir de 2004 y hasta 2016 se desempeñó como secretaria de la Convención Nacional de la UCR. A continuación, volvió a trabajar en Diputados, en la comisión de Juicio Político, hasta que hace aproximadamente un año empezó a desempeñarse como asesora de Marino.
Por su parte, la Juventud Radical respaldó la denuncia de Guebel y pedirá que el senador Marino se presente ante el Tribunal de Ética partidaria. «Ese órgano deberá analizar el caso y determinar si corresponde su expulsión. Se trata de una actitud que siempre es repudiable, y desde ya digo que le creo a la denunciante, que es una militante de la UCR», apuntó Luciana Rached, presidenta de la Juventud Radical.
