A la espera del tratamiento en el Congreso del DNU de extinción de dominio, la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso dijo en Desde el llano que la expresidenta Cristina Kirchner «va a terminar sin un peso» y lanzó una fuerte defensa de la recuperación de bienes producto de delitos graves como la corrupción.
En la previa, el ministro de Justicia Germán Garavano recordó que la semana pasada se firmó el envío del DNU al Congreso, que debe ingresar en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para analizarlo y debatirlo.
La titular de la OA explicó que el DNU «extinguirá la propiedad sobre el dinero o los bienes». «Se dispara una acción civil, que no tiene nada que ver con la acción penal, y va en contra de los activos de origen ilícitos. Si alguien no puede explicar con qué dinero compró un bien, se le va a extinguir el dominio sobre la propiedad que el acusado dice tener», afirmó.
Dijo que solo en las diez causas más relevantes de corrupción entre 2017 y 2018 hubo embargos de bienes por más de $ 270 mil millones. Sumados a los U$S 70 millones de la causa de los cuadernos de las coimas por la plata de los sobornos que sacó del país Daniel Muñoz, exscretario privado de Néstor Kirchner.
Alonso habló de los bienes embargados por corrupción y citó especialmente los de la senadora de Unidad Ciudadana. «En un mes tenemos el inicio del juicio contra Cristina Kirchner por asociación ilícita de la obra pública, de 2003 a 2015», recordó la funcionaria.
«Esto me parece importante decirlo porque los Kirchner adquirieron sus famosos hoteles en el año 2008 y como esta causa cubre ese año, son bienes a los que se les puede aplicar la extinción de dominio», explicó.
La funcionaria dijo que esta medida podría aplicarse además con los casi U$S 5 millones embargados a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner, en la causa Hotesur. «Ese dinero proviene del bolsillo de la madre, que no es una trabajadora, es una una empleada pública que llegó al poder para saquear al Estado», criticó.
Explicó que mientras el proyecto -que tiene media sanción del Senado y está trabado en Diputados- no se convierta en ley habrá que usar el DNU. «En 2017, en una reforma del presidente Mauricio Macri, que amplió los objetivos de la Oficina Anticorrupción, nos dio la atribución de iniciar acciones civiles para recuperar activos de la corrupción. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte y ojalá los fiscales y jueces civiles nos acompañen», planteó.
«El 2 de agosto de 2016 el Congreso empezó a discutir la ley del arrepentido y en paralelo la ley de extinción. La primera se aceleró por la aparición de los bolsos de José López, pero esta última no la quisieron aprobar porque había intereses políticos», cuestionó.
En esta línea habló de la importancia de las declaraciones de la viuda de Muñoz Carolina Pochetti, que pidió convertirse en arrepentida y que está a la espera al respecto la decisión del juez federal Claudio Bonadio. «A medida que van apareciendo y se homologan acuerdos se les va exigiendo más datos que tiene que superar en calidad a lo que ya se sabe», dijo la funcionaria.
