El juicio por rebelión contra los 12 líderes del fallido proceso de secesión catalán de 2017 comenzó hoy en el Tribunal Supremo de Madrid en medio de una gran expectativa mediática, lo que vuelve a elevar la tensión política al poner en el foco el irresuelto conflicto secesionista.
«Estamos ante un juicio excepcional», porque «se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de derechos fundamentales», dijo el abogado Andreu Van den Eynde, defensor del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, al tomar la palabra en el arranque del juicio oral, que se inició con un breve retraso tras la lectura de los cargos que pesan sobre los acusados.
Junqueras afronta un pedido de 25 años de prisión, una acusación que, según su letrado, responde a la aplicación del «derecho penal del enemigo».
«Esta causa es un atentado contra la disidencia política», remarcó Van den Eynde, para luego añadir que «hasta en la guerra hay reglas» pero, además, «lo que impide criminalizar la disidencia en primer lugar es la Constitución española».
El Tribunal Supremo español juzga desde hoy a 12 líderes políticos y sociales que participaron del llamado «procés», el plan del gobierno del destituido ex presidente Carles Puigdemont que desafió una prohibición judicial celebrando un referéndum de autodeterminación que derivó en una declaración unilateral de independencia en octubre de 2017.
Puigdemont, a quien la justicia alemana se negó a extraditar a España por considerar inadmisible el cargo de rebelión, es el gran ausente en este juicio penal que se presenta como un gran campo de batalla política.
Por un lado, los secesionistas defienden que actuaron pacíficamente siguiendo un mandato democrático mientras, del otro lado, la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce el partido ultraderechista Vox, denuncian una ruptura del orden constitucional equiparable a un golpe de Estado.
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