La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó hoy una agenda de 11 temas a resolver en los próximos meses, aunque no fijó una fecha como hizo en 2018. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la decisión la tomaron por unanimidad los cinco jueces del máximo tribunal en el acuerdo de este martes.
Uno de los datos salientes es que en la lista hay tres temas centrales que tienen impacto sobre los fondos públicos: a) un amparo del Defensor del Pueblo de la Nación para que todas las jubilaciones se ajusten según el precedente «Badaro»; b) el reclamo del diputado nacional Felipe Solá contra el decreto del gobierno de Mauricio Macri, que autorizó a familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capitales; c) la aplicación del pago del impuesto a las Ganancias para las jubilaciones.
Con relación al reclamo de Solá, que aún se encuentra en la Procuración, la resolución de los jueces es tratarlo ni bien ingrese a la Corte, aunque el presidente Carlos Rosenkrantzdecidió de manera unilateral no incluirlo en la comunicación oficial del organismo judicial, a pesar de que los otros cuatro integrantes votaron a favor de hacerlo.
El análisis de los puntos mencionados vuelve a dejar en evidencia que no parece haber sido acertada la idea de reemplazar de forma intempestiva, antes de que finalice su mandato, a Ricardo Lorenzetti de la presidencia del Máximo Tribunal. La actual conducción parece tener un carácter más protocolar, no cuenta con el liderazgo político suficiente para evitar que le marquen la agenda.
Punto por punto
Uno de los temas políticos que el máximo tribunal puso en la lista es el reclamo de Cambiemos para que se anule la consulta popular que habilitó la modificación de la Constitución de La Rioja para permitir la reelección del gobernador.
Hay además dos cuestiones vinculadas a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Una es si la Corte porteña puede intervenir en temas de competencia entre la Justicia penal nacional y la Justicia Penal de la ciudad. Y la segunda, si la Corte de la Ciudad puede acceder a la competencia originaria de la Corte Nacional.
Otro tema es económico y ambiental: el reclamo de la empresa Barrick Gold para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de glaciares. Además la Corte resolverá un tema instalación de antenas de celulares y la autonomía municipal de Güemes, en Salta, para regular su instalación.
También se incluyeron: la constitucionalidad de los juicios por jurados, un expediente en el que están involucrados dirigente de la agrupación de Milagro Sala «Tupacc Amaru» y la prescripción o no de las acciones civiles vinculadas a víctimas de la dictadura.
Además, habrá dos audiencias públicas. Una vinculada al fondo sojero que reclaman las provincias de Santa Cruz, Chubut , Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego. La segunda es por un reclamo de la empresa ESSO a la Municipalidad de Quilmes por la tasa de facturación. Las audiencias todavía no tienen fecha.
